Cuatro días atrás, un hombre hindú que dormía en una banca en la estación de Nettuno, en la periferia romana, fue atacado por tres jóvenes italianos quienes, en busca de una "sensación fuerte", como ellos mismos lo declararon, decidieron darle fuego. Una semana atrás, en Torino, en medio de una manifestación en contra de las medidas adoptadas por el alcalde Sergio Chiamparino para desocupar las instalaciones del viejo hospital San Paolo donde viven sin agua, comida, luz y calefacción 250 prófugos de Etiopía, Eritrea, Sudán y Somalia, diversos manifestantes extranjeros fueron insultados y golpeados por la policía.
En Massa, hombres y mujeres africanas de uno de los 40 centros que han sido abiertos por el Gobierno para hospedar a los solicitantes de asilo político, fueron reprimidos por la policía cuando en una manifestación pedían que fueran tramitados sus casos y les fueran otorgados los documentos para su regularización. En la isla de Lampedusa, terriblemente conocida por ser punto de llegada de miles de inmigrantes africanos si no mueren antes en el mar, el ministro del Interior Roberto Maroni (de la Lega Nord) ha querido construir un nuevo centro para la identificación y expulsión (CIE) de los inmigrantes irregulares. Una estructura que ha sido duramente criticada y que ha sido objeto de manifestaciones por parte de los mismos residentes de la isla, quienes no están de acuerdo con que su territorio se convierta en una sucesión de cárceles para inmigrantes, dado que allí ya funciona un Centro de Primera Acogida (CPA).
Como ha sido señalado por algunos (pocos) periodistas y activistas sociales, estos actos se pueden leer en una misma línea, y es la de una atmósfera militarizada, vigilada, racista y agresiva en contra del diverso, del otro, de las minoranzas, que se está profundizando en este país que históricamente ha sido de migrantes. Una atmósfera favorecida por los medios de comunicación y por medidas del Gobierno como la del "paquete de seguridad" (Decreto de Ley 733) impulsado por el ministro Maroni y que está siendo votado estos días en el Senado.
Entre algunas de las normas que afectan a la población migrante propuestas por dicho "paquete de seguridad" están la obligación de los médicos de señalar a la policía a los clandestinos que llegan a urgencias o consultorios, la prohibición para los extranjeros sin permiso de permanencia de reconocer a sus hijos, casarse o enviar dinero a casa, la detención por 18 meses de extranjeros no regulares en los centros de identificación y expulsión (CIE - antes CPT, Centro de Detención para Migrantes), el pago de 200 euros por solicitud y renovación del permiso de permanencia, la institución de clases separadas para niños italianos y extranjeros y el convertir en reato (delito) el ingreso ilegal al país.
Este "paquete de seguridad" también ataca y condena a las personas que viven en la calle, a quienes ocupan edificios, a quienes ejercen la prostitución y a quienes realizan actividades de protesta social, como los grafiteros.
Frente a la institución de un Gobierno del miedo, como lo han denominado italianos y extranjeros contrarios al "paquete de seguridad", asociaciones de migrantes, médicos, abogados o centros sociales han organizado durante lo que va de año manifestaciones, protestas y asambleas por el territorio nacional para rechazar este tipo de leyes y reivindicar la libertad, los derechos y la autodeterminación de todos los ciudadanos, extranjeros y no.
El 4 febrero, desafortunadamente, con 154 votos a favor y 135 en contra, fue aprobado en el Senado el artículo 39 del "paquete de seguridad", que da la posibilidad a los médicos de denunciar a los clandestinos que acuden a las estructuras sanitarias públicas. Una verdadera vergüenza legislativa que ataca los derechos humanos más elementales que están por encima de cualquier otra cosa.
[Entre los artículos aprobados el 4 de febrero dentro del debate sobre el tristemente célebre pacchetto sicurezza italiano también se fijó una pena de cárcel de hasta cuatro años para los inmigrantes sin papeles que no obedezcan la orden de expulsión, así como un impuesto para los extranjeros no comunitarios que quieran obtener o renovar su permiso de residencia que va desde los 80 hasta los 200 euros].
