Ante este panorama, es necesario revisar qué está pasando con los Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento del SAT, los cuales constituyen un enorme insumo en la labor de prevención y advertencia de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH, y que no están teniendo el impacto y la relevancia necesarias ante el Gobierno Nacional, a fin de evitar masacres como las ocurridas la semana pasada en Barbacoas y Ricaurte, Nariño.
Es sorprendente que el Estado Colombiano cuente con un instrumento de prevención y advertencia de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH y no atienda las recomendaciones que emite dicho instrumento. En los informes se advierten situaciones que afectarán a los indígenas, la comunidad afro, los líderes sociales, sindicalistas, los defensores de derechos humanos y en general, a toda la población civil, que por normas del DIH deberían estar excluidas de las hostilidades del conflicto.
Pero el caso de las muertes en Nariño no es el primero en su clase. Durante los ocho años que lleva en funcionamiento el Sistema de Alertas Tempranas - SAT, se han presentado un sin número de situaciones en las cuales los Informes de Riesgo advierten y el Gobierno Nacional no responde integralmente, haciendo de las advertencias de la Defensoría, una "voz en el desierto" convirtiéndolas, como el título de la novela de Gabo, en "crónica de una muerte anunciada".
¿Informes "sin dientes"?
Son innumerables los casos en los que el SAT ha presentado informes de riesgo al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, CIAT, coordinado por el Ministerio del Interior y de Justicia, instancia intergubernamental que junto con la Fuerza Pública evalúa los informes en comités y reuniones, generando respuestas son de tipo disuasivo y no de carácter integral de atención humanitaria como lo recomienda la Defensoría. Respuestas que en su gran mayoría resultan fragmentadas.
Recordemos algunos casos en los que la Defensoría ha advertido situaciones de riesgo: La masacre de 119 civiles en Bojayá, Chocó en 2002; la toma guerrillera de las FARC a Toribio, Cauca en 2005; los homicidios selectivos contra sindicalistas en Barranquilla, Atlántico en 2006; la masacre de 17 policías y 3 civiles en Montelíbano, Córdoba en 2007; la masacre de concejales en Campoalegre, Huila en 2006; los atentados y señalamientos contra los estudiantes de universidades públicas y defensores de derechos humanos en Bogotá en 2007; la situación de reclutamiento forzado en Soacha, Cundinamarca y la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, por los nuevos grupos paramilitares en 2008 (que generó el destape de los casos de falsos positivos de la fuerza pública); las amenazas contra concejales de Arauca en 2008; la guerra sin cuartel entre los nuevos grupos paramilitares, que dejó la muerte de decenas de jóvenes en Pereira en 2008; y el sonado caso de las amenazas y homicidios
contra la Liga de Mujeres Desplazadas de Cartagena que fueron objeto del reciente AUTO 009-2009 de la Corte Constitucional basado en un Informe de la Defensoría.
A raíz de esta situación, surgen varias preguntas ¿Dónde queda la labor de la Defensoría del Pueblo con estos informes? ¿Cuál es la verdadera incidencia política, el carácter vinculante y en general, los "dientes" de los Informes frente a la acción de prevención y protección del Gobierno? ¿Qué garantías tienen los defensores de derechos humanos para ejercer su labor, si la principal institución de defensa de los DDHH en Colombia, como lo es la Defensoría, no tiene eco con sus Informes ante el Gobierno Nacional y por el contrario, la respuesta del Ejecutivo es fragmentada e ineficiente?; y con referencia al carácter de Ministerio Público que tiene la Defensoría ¿Qué investigaciones o procesos a iniciado o impulsado la Defensoría y su superior, la Procuraduría General, para hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los Informes y a los funcionarios públicos que por omisión no hayan acatado dichas directrices?
¿Sigilo por la información o informes "engavetados"?
Es preocupante que los Informes de Riesgo de la Defensoría no sean de dominio público, teniendo en cuenta que se supone, son documentos públicos y no tienen reserva. El decreto 2862 de 2007 del Ministerio del Interior, por el cual se conforma y reglamenta el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas CIAT, señala en su Artículo 3 parágrafo 2 que "Los Informes de Riesgo...y las Notas de Seguimiento...que remita la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas serán recibidos, en primera instancia, de forma exclusiva por la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas."
Con base en esta norma podemos deducir que una vez sea notificado el CIAT con un Informe de Riesgo, éste documento podría y debería ser publicado por la Defensoría del Pueblo a fin de evitar que más indígenas, afrocolombianos, colonos, campesinos, líderes, sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos y poblaciones en muchos rincones del país, sean víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al DIH.
Pero, con la actual reglamentación, los informes sólo pueden ser conocidos en su totalidad mediante un derecho de petición ante la Defensoría. Y mientras tanto estos documentos se guardan con sigilo, quizás porque algunas instituciones no quieren admitir que esta guerra ya no tiene cómo ocultarse.
