A todo este compendio de señalamientos, podríamos agregar una pregunta: ¿Porqué incomoda tanto a la clase política tradicional de la capital que un indígena ocupe este cargo? Es más, ¿porque incomoda a esta clase política que el cargo quede en manos de un representante del Polo Democrático Alternativo?
Las respuestas tenemos que buscarlas en las razones expuestas por los representantes de algunos partidos políticos para descalificar al indígena: Primero, el reparto del ponqué burocrático del distrito. Bástenos para ello mirar el titular del diario el Tiempo (Sección Bogotá, 1-12, enero 30/08: "Hoy habrá reuniones claves del alcalde con las bancadas. Las cartas ya están jugadas para la Personería y Contraloría. La coalición que acompañará al alcalde Samuel Moreno acordó que el Polo tendrá personero y los liberales pondrán al contralor. Este año, la presidencia del Concejo será del Partido Cambio Radical". Para este importante medio, que incide de manera determinante en la opinión de los bogotanos, todo esta consumado, y no tanto porque las cartas estén echadas, sino porque los puestos están repartidos, conclusión lógica de la lectura del artículo citado. ¿Y no es la práctica clientelista una de las razones que se le critican a Rojas Birry? Es verdad que en su época de senador fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación, por haber recomendado algunas personas al entonces Contralor General Carlos Ossa Escobar. Lo que no han dicho los críticos del indígena, es que ese proceso involucró a unos sesenta congresistas, muchos de ellos sancionados, entre ellos el mismo contralor, quien recientemente fue designado Rector de la Universidad Distrital por el mismo Concejo. ¿Dónde estaban los guardianes de la lucha contra la corrupción en ese momento? Y no es que pretendamos en este escrito justificar el clientelismo ni cuestionar el nombramiento del señor Ossa a tan importante cargo. Lo que si tenemos que criticar es la doble moral de una clase política "por principio clientelista", para la cual la licitud de las acciones están determinadas por la calidad del sujeto que las realiza. Desde este punto de vista, es perfectamente legítimo, en una "sana política de gobernabilidad", pedir puestos a cambio del respaldo político, pedir tal o cual gerencia, entidad de control o incluso vetar nombres, como lo hizo el mismo día Cambio Radical al condicionar su ingreso a la coalición de gobierno, a la posibilidad de obtener para uno de sus miembros la gerencia del acueducto y vetar de paso la candidatura del líder indígena a la Personería, como se anunció por Caracol Radio.
Seguramente el debate sobre la ética política y sobre el manejo de lo público está al orden del día en el país y en el mundo. Pero, rasgarse las vestiduras colocando como paradigma de una practica reprochable justamente al indígena, o al negro, nos deja un extraño tufillo, que la misma clase política no soporta. Que tal partir de esa falsa premisa, donde los negros y los indios son los ladrones para justificar la grave situación de departamentos como el Cauca y el Chocó.
Lo más grave, son los argumentos expuestos por los críticos de Rojas Birry. Aparte de decretar el desinfle de la candidatura del indígena al organismo de control y buscar posicionar a otros, abrogándose una responsabilidad que solo le corresponde al Polo, han propagado la tesis de que quienes voten por Rojas Birry en la sesión del Concejo del 11 de febrero, "podrían exponerse a una investigación e incluso llegar a perder la curul al votar por un candidato inhabilitado para el cargo, como ha ocurrido en algunas regiones del país" (Del articulo del Tiempo). Esta tesis ha sido ampliamente difundida por algunos medios, a instancias de un escrito enviado al Presidente del Concejo con copia a la prensa, por el señor Javier Enrique Delgado Campuzano, con el cual se impugna la inscripción del indígena. Pregunta Delgado: "A la luz de la normatividad vigente se encuentra inhabilitado el doctor Francisco Rojas Birry para ser Personero Distrital de Bogotá DC en consideración al contrato que suscribió con el Distrito capital a través del PNUD? Rojas Birry reconoce que suscribió en el 2007 un contrato con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) "para asesorar en el análisis político nacional e internacional al Alcalde Mayor del Distrito Capital". La polémica que sigue es del fuero de los juristas, pues para el impugnante el líder indígena suscribió un contrato con el Distrito, mientras que para Rojas Birry el contrato fue con un organismo multilateral, que se rige por una normatividad especial. Los problemas de interpretación se inician con la misma identificación de las partes del contrato, a lo que se suma la normatividad aplicable en este caso, pues mientras para el impugnante Delgado, la normatividad aplicable es la ley 136 de 1994, modificada a su vez por la ley 617 de 2000, para el líder indígena la norma aplicable es el Decreto Especial 1421 de 1993, expedido en desarrollo del articulo 41 Transitorio de la Carta, de manera expresa el articulo 97. Pero el problema de fondo no es el debate jurídico presente sobre el cual tendrá que pronunciarse la Procuraduría, sino la manera temeraria como el impugnante ha manejado su argumentación, anexando al escrito la copia de un artículo de la edición digital del periódico el Heraldo sobre el llamado a indagatoria hecha a concejales de Barranquilla por la elección del contralor de esa ciudad, con el sobre texto !!!URGENTE!!! CONCEJALES DE BOGOTA. La intención es claramente intimidatoria, pues induce a los concejales a abstenerse de votar por el líder indígena.
El otro problema, tan grave como el anterior, es la manera como algunos medios de comunicación han tomado partido por los argumentos de Delgado, como si fuesen la verdad revelada, desconociendo de plano los argumentos del indígena. No de otra manera puede explicarse que el Periódico el Tiempo lo descarte de plano del juego por la Personería y además induzca al Polo a definirse por los candidatos de su preferencia.
Qué es lo que realmente molesta a la clase política tradicional, claramente reflejada a través de algunos medios: ¿El considerar que el líder indígena representa los intereses de una clase política clientelista, arrastrando de paso al Polo?, o ¿su condición de indígena y la creencia que con la elección de Rojas Birry los indígenas continuarán en un proceso de empoderamiento político y social que raya con sus propios intereses? Qué coincidencia argumentativa entre las acusaciones hechas al indígena Rojas Birry y los señalamientos hechos a los indígenas del Cauca, para citar un solo ejemplo, que luchan por una tierra que antaño fue suya.
Sin conocerse el pronunciamiento de la Procuraduría, que seria la entidad que pueda dirimir el tema de la inhabilidad, nos asalta la duda sobre el desarrollo de políticas racistas y discriminatorias, para quienes ya los indígenas tienen lo suficiente y entregarles un cargo como el de la Personería, seria el mejor camino para seguir entregándoles el país. Así lo manifiestan algunos políticos en varias regiones del país. No gratuitamente el mismo Rojas Birry había dicho la semana anterior en declaraciones al mismo Periódico el Tiempo, que los colombianos no estamos aun preparados para que los indígenas accedan a cargos como ministros, alcaldes de ciudades importantes o incluso, a Personero de la capital. Por eso, la mejor explicación que encuentro para que de los 58 candidatos a la Personería de Bogotá sólo se impugne la aspiración del líder indígena, que todos los candidatos a una, incluidos los otros del Polo, se mantengan en silencio frente a esta arremetida racista y xenofóbica, es la que anunciara la vendedora de periódicos de la 19: "Es indio y todo lo del indio es robao".
Última hora: El indígena Francisco Rojas Birry no está inhabilitado para ocupar el cargo de personero, dice Procuraduría
Procuraduría General de la Nación, boletín de prensa. Bogotá 2 de febrero de 2008.
El aspirante a la Personería de Bogotá, el ex congresista Francisco Rojas Birry, no se encuentra inhabilitado para ocupar ese cargo consideró la Procuraduría General de la Nación al emitir un concepto a solicitud del presidente del Concejo de la ciudad, Orlando Díaz Parada.
"Ante una circunstancia como la propuesta no se presenta causal que impida la elección y desempeño de quien ha tenido vínculo contractual con un organismo internacional, por cuanto éste no hace parte de la estructura del Estado colombiano", señaló la procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, tras analizar el caso.
Según el concejal Díaz Parada, una denuncia presentada ante la corporación edilicia por el ciudadano Javier Delgado Campuzano aseguraba que el ex congresista Rojas Birry podría estar inhabilitado para ocupar el cargo de Personero por haber suscrito un contrato de servicios con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dentro del año anterior a su postulación
La consulta fue elevada por el presidente del Concejo de Bogotá, el pasado 25 de enero, luego de que estos hechos trascendieran a los medios de comunicación, con el fin de preservar la imagen de la institución y para que "la plenaria de la Corporación cuente con elementos de juicio necesarios para realizar la mejor elección".
