No es la primera vez que el presidente, cuyo gobierno se ha caracterizado por los falsos positivos, un engendro de la política de "caza recompensas", debe decirle al país que no estaba enterado, que fue mal informado. Como en el gobierno de Samper, todo sucede a sus espaldas, no se entera, como acaba de suceder con las investigaciones contra la oposición en Colombia, realizadas por el DAS, órgano de inteligencia adscrito directamente a la presidencia.
Pero esto no es lo más grave. A la contrición siguió la aparición del ego, no sólo para justificar la acción sino también para reconocerla como un acto de legítima defensa, entrando en una contradicción ética que sólo encuentra explicación en su particular perspectiva política.
Al presidente le pareció inadmisible la mentira, que no le hubieran dicho "toda la verdad" a él y al país sobre lo sucedido, pero al parecer le pareció aceptable que "un miembro" de la fuerza pública disparara contra una población indígena inerme, protegida por el derecho internacional humanitario y por el Convenio 169 de la OIT, que expresamente prohíbe el uso de cualquier tipo de armas de fuego para reprimir estos pueblos en vías de extinción.
También le pareció legítimo que la fuerza pública dispara contra "nuestras" autoridades tradicionales indígenas, entidades públicas de caracter especial, reconocidas como PARTE de nuestra institucionalidad por la constitución de este país.
Todo esto le ha parecido absolutamente normal y legítimo al presidente, porque según sus informantes, "los que este caso sí le dicen la verdad", los indígenas han usado todo tipo de armas y explosivos contra la fuerza pública. Además, por definición, indígena igual "terrorista".
Así las cosas, resulta claro que ese acto de humildad no nace del corazón, es un acto racional de una mente lógica binaria que ve el conflicto como la simple confrontación entre dos bandos, donde uno debe reducir o eliminar al otro, ya sea física, moral o económicamente; expresa una lógica que no ve ni interpreta matices, puntos intermedios, e intereses diferentes a los suyos, o a los de sus enemigos, que sólo ve la legitimidad de los intereses del sector al que representa.
No habló el presidente de los tres indígenas muertos, ni de las decenas de heridos que dejó la acción de la fuerza pública, víctimas de esquirlas de granadas que seguramente ellos mismos se explotaron, pues sus informantes, los que le dicen mentiras, le han dicho que los muertos no fueron producto de esa arma específica que apareció en las noticias de CNN.
Lo que es peor, al parecer, el problema no es que se hubieran usado armas de corto y largo alcance, el problema es que lo hayamos visto por televisión en Colombia y en el mundo.
Todo indicaría que los indígenas se hicieron daño ellos mismos. Que el video elaborado por el valiente Tejido de Comunicación de la ACIN y difundido hoy por Actualidad Étnica, donde se ve a la fuerza pública disparando "al aire", seguramente también es parte de la imaginación de los indígenas.
Nuevamente se equivoca el presidente. Los indígenas han dicho en reiteradas ocasiones que son un movimiento pacífico, eso sí, crítico de las políticas y acciones del gobierno; que el uso de armas de fuego y de guerra no hace parte de su acervo cultural y social, ni de las dinámicas sociales que desean desarrollar como pueblos para construir su proyecto de vida y pervivencia; que políticamente difieren profundamente de la filosofía, las estrategias y métodos de las FARC, de quienes además han sido víctimas; y que los palos que utilizan son símbolos de autoridad (bastones de mando), no armas, que se usan como medio de defensa, no de agresión.
Acto seguido, el presidente también acude a lo más grave de este episodio, "la mentira", o verdades a medias y fuera de contexto del significado de la lucha indígena por el territorio, para demostrarle al país que la lucha adelantada por estos pueblos carece de razones o responde intereses poco claros.
Dijo el presidente que "Colombia tiene 115 millones de hectáreas y que las comunidades indígenas de la Patria, tienen 30 millones 733 mil 796 hectáreas, es decir, que el 2.2 (3.2) por ciento de la población tiene el 27 por ciento de la tierra". No aclaró el presidente qué clase de tierras tienen los indígenas, porqué las tienen, para qué las tienen, qué significan no sólo para ellos sino para el mundo entero, en el contexto del cambio climático y el calentamiento global.
Tampoco dijo que producto de la guerra declarada por el narco paramilitarismo y los actores armados del conflicto contra la población en los campos, "en la actualidad Colombia muestra un proceso continuo de concentración de la propiedad de la tierra.
De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, alrededor de 2428 propietarios públicos y privados (0.06%) poseen 44 millones de hectáreas del territorio registrado catastralmente (53.5%), controlando en promedio 18.093 hectáreas por propietario. En contraste, 2.2 millones de propietarios (55.6%) y de predios (56.8%) corresponden a una estructura de minifundios menores de 3 hectáreas, lo cual equivale a un 1.7% del territorio registrado catastralmente. Al comparar la primera y la segunda franja de control territorial, encontramos que el territorio promedio de cada uno de los grandes propietarios es equivalente a 6000 veces la propiedad promedio de los microfundistas y minifundistas. (http://colombia.indymedia.org/news/2007/10/72885.php)
Lo mismo sucedió con las cifras del Cauca. El presidente dijo cuánta tierra, no cuánto territorio, tienen los indígenas, como para escandalizarnos, pero no comentó cómo el resto de la tierra está en manos de un pequeño grupo de personas, algunas de las cuales la obtuvieron con métodos violentos. Es decir, con verdades a medias o mentiras, el presidente borró con el codo lo que hizo con la mano, dio un paso adelante para superar la crisis y uno atrás para deslegitimar la causa indígena, y dar a entender que son terratenientes con más tierras que los narcotraficantes, paramilitares y latifundistas de este país.
Se le olvidó al presidente que la masacre del Nilo en el Cauca tuvo como telón de fondo la recuperación de unas tierras expropiadas a los indígenas por métodos violentos, y que la CDIH condenó al Estado y le exigió reparación. No mencionó los cientos de asesinatos sistemáticos contra indígenas, ni la crisis de derechos humanos denunciada por sus autoridades y representantes.
El presidente dijo verdades a medias que, en lugar de contribuir a la comprensión de la situación, buscaron crear confusión en la opinión sobre las verdaderas causas de su gesta y sobre las responsabilidades que debe asumir el Estado si quiere encausarla.
El Ministro de Defensa dijo hoy que el presidente viajará a Popayán para dialogar con los indígenas, y lo mínimo que pueden hacer éstos es "tener la deferencia", en razón de la investidura presidencial, de ir allá a hablar con él.
Según los indígenas, ellos lo han estado esperado por más de cuatro años, y últimamente por más de dos semanas. Feliciano Valencia, consejero mayor de la ACIN, dijo que lo esperaron en La María el pasado 14 de Octubre y no asistió: "pasó lo que pasó y ya la gente está en la marcha hacia Cali, seguiremos hacia allá porque la idea no es sólo hablar con el presidente sino con el pueblo, escucharlo para ver sus opiniones, porque éste es un tema estructural que requiere cambios profundos, no sólo con los indígenas sino con el pueblo".
Más de 12000 personas han salido caminando, kilómetros y kilómetros, durante horas y días, para encontrar un sitio neutral donde conversar, pues tienen claro que su departamento no lo es. En Cali los esperan otros cientos de afectados por las políticas de gobierno, y personas de la talla del Premio Novel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el Juez Internacional Baltazar Garzón. ¿No será éste el espacio adecuado para solucionar de una vez por todas y de fondo todo este problema?
Los indígenas están planteando temas de fondo que involucran la realización y exigibilidad de derechos, la tenencia de la tierra, las políticas públicas de manejo de los recursos energéticos, el agua y los recursos naturales, la sostenibilidad ecológica y ambiental, la seguridad alimentaria, la soberanía, la solución pacífica al conficto armado, en fin, temas de fondo que implican un gran debate nacional sobre el país que queremos.
El gobierno debiera interesarse en este debate si quiere construir la paz y dejar sin piso el conflicto. Si quiere asumir la verdad, nada más que "la verdad", y gobernar para todos, pues para eso fue elegido, no para beneficiar los intereses de unos cuantos sectores.
La diversidad cultural de nuestra nación, que invocó ayer el presidente, no implica reconocer sólo diversidad de rezos, costumbres, idiomas... Implica también validar diversidad de modelos de desarrollo, de gestión económica, de acumulación de capital, de actores económicos y sociales e intereses, que deben ser reconocidos e integrados para construir un país viable y una paz duradera.
(*) Directora Actualidad Étnica
