La controversia gira en torno a las insólitas circunstancias en las que se produjo el atentado del pasado 31 de diciembre en Atánquez. La OIK (Organización Indígena Kankuama) apuntaba que la explosión se había producido a tan solo una cuadra de la estación de policía, y que curiosamente el ejército se había retirado del pueblo ese mismo día.
Orlando Páez, director de seguridad ciudadana de la Policía, declaraba pocas horas después de los acontecimientos que "probablemente haya sido un accidente; algún poblador dejó caer la granada sin querer". Como era de esperar, esta acelerada conclusión no ha dejado a nadie satisfecho.
En declaraciones a Actualidad Étnica, un miembro del Gabinete de Comunicaciones de la ONIC mostraba su disconformidad al tiempo que nos hacía llegar nueva información sobre la pertinencia de realizar más indagaciones al respecto.
En este sentido, en los próximos días se implementará una Comisión de Investigación formada por personal del resguardo indígena con el acompañamiento de un perito internacional, todavía por designar, asociado a la colaboración que presta la ONG argentina Abogados Sin Fronteras.
Además, para finales de enero se prevé la consolidación de una Comisión de Verificación y Acompañamiento conformada por miembros de la ONIC, la OIK, MOVICE (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado) y otras organizaciones indígenas y de derechos humanos.
Mientras tanto, Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, hablaba estos días de una "sustentación técnica" de la hipótesis presentada por los mandos policiales, mientras el Gobierno espera las conclusiones de la Fiscalía.
En los últimos veinte años, casi trescientos kankuamos han perecido por actos violentos. Primero la guerrilla, luego los paramilitares y ahora "grupos emergentes" amenazan la supervivencia de una etnia que debería estar cubierta ante estos desmanes a partir de la instrucción dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de 2004, por la cual el gobierno, que muchas veces ha intentado descartar el mandato, tiene la obligación de "tomar las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de todos los miembros de cada una de las comunidades que integran el pueblo indígena kankuamo".
