Mucho menos se dijo que la noticia puede significar dos cosas totalmente distintas: o bien la caída de la política del Gobierno para el campo (el infame “modelo Carimagua” del ex ministro Arias), o bien la caída del único límite que le quedaba (la jurisprudencia de la Corte Constitucional).
De esta disyuntiva depende el futuro de millones de campesinos y desplazados, y la supervivencia de los pueblos indígenas y las comunidades negras. Así que vale la pena mirar el asunto con más calma.
Comencemos con la primera posibilidad: que la caída del Estatuto Rural signifique la del modelo Carimagua. Como se sabe, el modelo promueve la explotación comercial del campo a gran escala, mediante megacultivos empresariales de palma, caucho, caña, etc.
Para hacerlo posible, primero había que despejar algunos “obstáculos” jurídicos: los derechos territoriales de los pueblos indígenas, los títulos colectivos de las comunidades negras sobre tierras apetecidas en el Pacífico, los líos de los títulos de los terrenos que hacendados y paramilitares arrebataron a los desplazados durante décadas, y la figura legal de las reservas campesinas, que le permitía a los pequeños cultivadores detener el avance de los monocultivos y los terratenientes.
De todo esto se ocupó el Gobierno, con el apoyo entusiasta de muchos congresistas que hoy están en la cárcel por la parapolítica y, por tanto, por haber sido cómplices de la gigantesca contrarreforma agraria que documentó Semana hace unos días. El primer paso fue la Ley Forestal que abría los bosques a la explotación comercial. Acto seguido vino el Estatuto Rural, que debilitaba la protección de los territorios de indígenas, afros y campesinos.
El problema es que los hábitos del hacendado —mandar y no consultar— traicionaron al Gobierno y a los congresistas. Porque, increíblemente, olvidaron que la ley les exige consultar a indígenas y afros antes de expedir medidas que los afecten. Por eso la Corte no tuvo otro remedio que tumbar las dos leyes. Y por eso lleva 15 años sacando tutelas a favor de comunidades indígenas y negras a las que el Gobierno se pasa por la faja a pesar de lo que ordena el Convenio 169 de la OIT.
Aquí es donde el asunto se complica hacia el futuro, porque el Estatuto Rural se cayó por voto-finish (5 votos contra 4). Así que en este tema delicadísimo el balance de la nueva Corte no está claro. Por tanto, está en riesgo de extinción el deber de consultar, que es la única traba legal que le queda al modelo Carimagua y al desplazamiento y desaparición de las comunidades étnicas que resisten en sus territorios.
El riesgo aumenta porque pronto serán elegidos dos nuevos magistrados de las ternas que propuso el Gobierno, en las que el Presidente se aseguró de nombrar juristas claramente conservadores (el mayor mérito de varios es haber sido profesor en la Universidad Sergio Arboleda).
Prefiero ser optimista y pensar que la nueva Corte aplicará la Constitución y respetará la jurisprudencia de la anterior, como es su deber. Muy pronto saldremos de la duda. Porque en estos días la Corte decide un caso clave, sobre el que escribió Rafael Orduz en estas páginas. Se trata de un litigio en el que el pueblo Wiwa de La Guajira se juega literalmente la vida en una tutela que interpuso porque el Gobierno, una vez más, construyó una represa (la de El Cercado) sin consultar. Amanecerá y veremos.
*Profesor Universidad de Los Andes y miembro fundador de Dejusticia (www.dejusticia.org)
