En noviembre del año 1998, líderes comunales de diversas regiones del Perú coincidieron en un seminario para hablar sobre los impactos de la minería en sus comunidades. El encuentro pudo ser uno de tantos encuentros celebrados; sin embargo, sus conclusiones y acuerdos abrirían una nueva etapa en las luchas de las comunidades por sus derechos frente a la industria minería y las políticas de Estado.
Esta nueva etapa esta marcada por la emergencia de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería - CONACAMI y de un movimiento contra los impactos negativos de la minería desde el espacio comunal hasta el espacio nacional.
10 años después CONACAMI ha logrado constituirse en el principal referente del movimiento indígena andino y es considerado una de las experiencias emblemáticas de organización y resistencia a la minería, generando vivos aprendizajes para las comunidades y sus próximas generaciones.
Considerando que en el espacio andino se concentran los territorios de comunidades, las fuentes de agua y los recursos mineros, los andes es escenario de resistencias a la minería a causa de sus impactos negativos y recientemente de oposición a esta actividad. La historia hace referencia a las luchas comunales en Cerro de Pasco, San Mateo de Huanchor, Lago, Junín, La Oroya o Ilo por defender la tierra, el agua, el aire y la vida de la "contaminación minera". Estos casos estaban vigentes en la década de los noventa y originaron el surgimiento de un movimiento de comunidades afectadas por la minería.
Estos casos no eran los únicos ya que en los andes se había desatado el "boom minero" y se vivía una "explosión" de conflictos que aún no trascendían del escenario local al nivel nacional. En Ancash se registran protestas de las comunidades y el municipio de Huaraz contra de la mina Pierina y el proyecto minero Antamina exigiendo "verdaderos"
aportes al desarrollo regional (agosto, 1999). Se denunciaron irregularidades en la compra de tierras en San Marcos (Ancash) por Antamina, en Cajamarca por Yanacocha y en Espinar (Cusco) por BHP Tintaya. En Huancavelica se denunciaban impactos ambientales de minas como Santa Bárbara, Julcani y Cobriza. En cada región donde se desarrollaba la minería existían conflictos invisibilizados y -en síntesis- se trataba de luchas históricas y recientes pero aisladas que carecían de planes de articularse más allá del nivel local.
En 1998 la minería había alcanzado 15 millones de hectáreas concesionadas. La relación de las empresas mineras con las comunidades era casi una extensión de las prácticas de las haciendas, donde la presión se imponía sobre los derechos para la obtención de autorizaciones para uso de tierras de propiedad de las comunidades; si había oposición, se amenazaba con la imposición de la "servidumbre minera" como en los casos de Vicco y Tintaya. El papel del Estado en los conflictos era percibido por las comunidades como "a favor de las empresas mineras" pero aún así se recurría a él para denunciar los impactos y la violación de sus derechos.
Aún cuando cada caso tiene su particularidad, las comunidades constituían los actores centrales y encaraban el desafío de los conflictos de manera desarticulada y desconocían la legislación vigente para defender sus derechos territoriales debido a los recientes cambios.
Las organizaciones nacionales de comunidades -CCP o CNA- que históricamente habían asumido la lucha por la tierra no alcanzaron a desarrollar una estrategia para enfrentar el "boom minero". Los "frentes de defensa" tradicionales incluían una diversidad de actores locales con una agenda amplia que no visibilizaba la problemática de las comunidades y los impactos negativos de la minería.
En este contexto cobró fuerza la idea de "conformar una coordinadora de comunidades campesinas afectadas por contaminación ambiental minera", por la necesidad de responder ante los impactos negativos del "boom minero". Aspectos objetivos como el pasado de la minería y la amenaza de una "minería irresponsable", el vacío organizativo y de representación que incluyera la problemática de las comunidades afectadas por la minería, constituyeron elementos que motivaron la iniciativa.
El proceso hacia el congreso nacional, que se inició en marzo de 1999, generó expectativa y convocó la asistencia de líderes de las comunidades y organizaciones cuya preocupación central constituía la problemática de los impactos ambientales y sociales de la minería o la amenaza de afectar los planes de desarrollo local por actividades mineras. El acto fundacional tuvo lugar en Lima entre el 20 y 22 de octubre de 1999, con la participación de 324 delegados que representaban a 1200 comunidades afectadas por la minería de nueve regiones del país.
CONACAMI constituye una forma particular de organización de comunidades surgida a partir de una problemática específica. Los cambios asumidos en el proceso no le han permitido consolidar los avances logrados, por el contrario su agenda se ha ampliado a la defensa de los derechos de las comunidades en general. Los cambios asumidos y el contexto de "criminalización" de la que es objeto le han significado un ligero debilitamiento de sus propias estructuras regionales de organización y el distanciamiento de sus aliados iniciales, mientras que los conflictos se han agudizado.
En contraste a lo descrito previamente, de manera espontánea en diversas zonas del país, las comunidades afectadas y organizaciones comunitarias se apropiaron de su propuesta de organización y defensa de derechos frente a la minería, se replicaron las experiencias de sus bases regionales, lo que significa un reconocimiento a su liderazgo y da legitimidad a su agenda inicial, constituyéndose en el principal referente organizativo. Por otro lado, los cambios hacia la autoafirmación como organización indígena de los andes le ha permitido consolidar alianzas con los gremios campesinos e indígenas del Perú y el movimiento indígena continental.
El principal aporte político de CONACAMI podría resumirse en haber contribuido, desde su visión comunal, a la apertura de un debate programático sobre el rol de la minería en el desarrollo nacional. La agenda inicial de las comunidades ha madurado; de la lógica "reivindicativa" se ha transformado en una agenda que plantea el debate estratégico sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y el ejercicio del derecho al desarrollo propio. Es decir, a decidir libremente el desarrollo que aspiran los pueblos y comunidades locales.
Esta perspectiva reafirma que en el fondo el conflicto es con el Estado central a quién demanda replantear el modelo de desarrollo actual y no solamente reformar las políticas mineras.
