El Presidente Uribe por fin logró lo que le venía costando un dolor de cabeza, convertirse en unos de los primeros mandatarios de la región en reunirse con el Presidente Obama en su afán de logar su apoyo al Tratado de Libre Comercio que está en el congelador del Congreso de los Estados Unidos por las constantes y sistemáticas violaciones de derechos humanos.
Pero el Presidente Uribe se encontró con dos sorpresas. La primera, la administración del Presidente Obama está muy preocupada por los asesinatos de miembros sindicalistas, Afro-colombianos, defensores de derechos humanos y líderes sociales, así como los serios vínculos de congresistas de su partido con grupos paramilitares declarados por Estados Unidos como terroristas, el reciente destape de los falsos positivos que involucra a miembros del ejército y las famosas "chuzadas" del DAS a miembros de la oposición y sus constantes roces políticos con las cortes.
La segunda, mientras los dos mandatarios se preparaban para su reunión, activistas y defensores de derechos humanos atendíamos el llamado de la organización Acción Permanentes por la Paz (Witness for Peace) y otras organizaciones a la tercera protesta contra la visita de Uribe a los Estados Unidos.
Esta vez, la protesta fue más impactante que las anteriores movilizaciones y tuvo lugar al frente de la Casa Blanca. Al principio, los manifestantes se dividieron en dos grupos para no llamar la atención de las autoridades. El primer se congregó muy cerca a la Casa Blanca, desde donde inició a dar vueltas en círculos gritando consignas por los derechos humanos en Colombia; mientras que el segundo se tomó la avenida principal, se encadenaron las manos y amarraron sus cadenas en los postes de señalización del trafico de lado a lado de la calle, lo que interrumpió el círculo vehicular a las 12:45pm.
Luego, los dos grupos se juntaron sumando en promedio más de 300 personas, entre manifestantes y peatones que se concentraron para apoyar a los valientes jóvenes que se habían tendido en la calle simbolizando los muertos y desplazados que produce la política de seguridad del gobierno colombiano.
Los manifestantes portaban carteles con mensajes de NO TLC, NO Plan Colombia y pidiendo justicia por los crímenes contra población civil, el desplazamiento forzados, rechazo a la política de seguridad democrática del gobierno colombiano y llamando la atención sobre los vínculos de Uribe y el paramilitarismo.
Varios medios de comunicación llegaron a cubrir el evento, incluyendo algunos colombianos, pero pocos de ellos registraron las noticias. La movilización tuvo una duración en promedio de dos horas y la policía llegó para proteger a los manifestantes. Contrario de lo que hubiese podido pasar en Colombia, ninguno de los protestantes fue detenido, multado o maltratado.
A pesar de que el Presidente Obama dijo posteriormente en una rueda de prensa que hubo avances en Colombia y que van a trabajar junto con el Congreso para mover el TLC, también señaló que la re-elección no sería bien vista en los Estados Unidos.
Días antes a esta reunión, varias ONGs y activistas organizaron acciones en todo el país para pedirle al Presidente Obama que su administración mande un mensaje claro al Presidente colombiano sobre las violaciones de derechos humanos.
Sin dudas, el TLC se ha convertido en un duro dilema para el gobierno colombiano. Aunque en los últimos años ha trabajado duro para promover y mejorar la deteriorada imagen de Colombia en los Estados Unidos, especialmente lograr confianza en negociantes internacionales para la inversión económica en Colombia y el pleno respaldo del Congreso a su política de seguridad democrática, las cosas no han sido del todo bien. Por eso, la Administración de Uribe se ha concentrado en invertir más de dos millones de dólares (algo más de cuatro mil millones de pesos colombianos) en los últimos dos años; (un millón doscientos mil dólares cada año) en su intento para lograr la aprobación del TLC. Varias firmas estadounidenses que hacen lobby en el Congreso de los Estados Unidos han sido beneficiadas con el patrimonio de los colombianos. Sin embargo, el gobierno colombiano se la ha jugado toda. Inclusive, su estrategia se filtró en la reciente campaña política que escogía candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el partido demócrata.
El señor Mark Penn, directivo de la firma Burson Marsteller, quien además era el estratega en jefe de la campaña de Hillary Clinton, era también la ficha escondida del gobierno colombiano, pero al ser descubierto fue expulsado por Clinton. Este jueguito de Penn y el gobierno colombiano le costó a la senadora Clinton críticas de los sectores sindicalistas porque ella había manifestado públicamente que se oponía a la firma del TLC con Colombia por los crímenes de militares y paramilitares contra la población civil y sindicalistas.
El gobierno contrató nueva firma, The Fratelli Group, que de inmediato continúo el lobby y asesoría. Pero ésta no es la única historia de cómo se gastan recursos en Estados Unidos; el país lleva décadas contratando lobistas y asesores, especialmente desde que inicio el Plan Colombia, en 1998. La estrategia para hacer lobby ha incluido el componente del partido político que controle el congreso y la Casa Blanca. Por ejemplo, la firma Glover Park, es una empresa compuesta por ex-funcionarios de la administración del ex-presidente Bill Clinton, la firma The Fratelli Group está compuesta por republicanos. Inclusive, hay firmas contratadas que han estado integradas por socios de ambos partidos.
Si bien estas firmas cumplen una función de lobby en el congreso y al gobierno, también cumplen una función de ayuda estratégica de comunicación. Al parecer, unas firmas han sido más efectivas que otras, pero de ellas importa su conocimiento en el mundo de Washington y su fácil acceso a los círculos de poder. Estas firmas también llevan otra "tajada", la de las compañías estadounidenses que serian directamente beneficiadas del objetivo de su trabajo. Por ejemplo, con la aprobación del Plan Colombia, numerosas compañías lograron tener contratos con el gobierno colombiano para poner en marchas programas en el país, bien de fumigaciones, venta de químicos, armas, entre otros.
