Según la información recibida por la CIDH, un Grupo Especial de Inteligencia Estratégica ("G3") del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, fue conformado a fin de dar seguimiento a las actividades vinculadas al litigio de casos a nivel internacional y habría realizado un operativo de inteligencia contra una visita de la CIDH a Valledupar en 2005, encabezada por la entonces Comisionada y Relatora para Colombia, Susana Villarán. Según el expediente del DAS, el objetivo fue "determinar los casos que la Relatora estudia y los testimonios que presentan las ONG, además del lobby que adelantan para presionar una condena del Estado".
Estas actividades violan el compromiso del Estado de respetar los privilegios e inmunidades de los representantes de la OEA y de cumplir de buena fe con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados del sistema interamericano.
Estos operativos también afectan gravemente la tarea de los defensores de derechos humanos de Colombia. La Comisión ha expresado reiteradamente su preocupación por la situación de los defensores en ese país, y en especial por su señalamiento por parte de altas autoridades del Estado como miembros de la guerrilla y el empleo de mecanismos de inteligencia para controlar sus actividades. La Comisión ha señalado que los Estados deben abstenerse de cualquier tipo de injerencia arbitraria o abusiva en su correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, y que deben sancionar disciplinaria y penalmente a quienes incurran en estas prácticas.
El 16 de julio de 2009, la CIDH solicitó al Estado de Colombia información sobre el detalle de todas las operaciones de inteligencia realizadas respecto de la CIDH, el destino y empleo de los informes, y las investigaciones sobre el tema de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. En su respuesta, el Estado condenó las actividades ilegales de este ente de inteligencia que depende del Poder Ejecutivo y resaltó su compromiso de convertirlo en una entidad "confiable y transparente". Asimismo, el Estado se ofreció a facilitar canales para que la CIDH tenga acceso a información sobre los avances de las investigaciones.
La Comisión Interamericana tomó nota de esta respuesta e insta al Gobierno de Colombia no sólo a que se identifique a los responsables sino que a que se haga una profunda revisión de los organismos de inteligencia del Estado, para asegurar que estos no contravengan los estatutos internacionales de protección de derechos humanos. Asimismo, la Comisión ha presentado formalmente esta información al Secretario General de la OEA y al Consejo Permanente, a fin de que adopte las medidas que correspondan.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
