La renuncia del Viceministro de Orden Interno Wilson Hernández, por atreverse a tomar acuerdos con los comuneros de Paucartambo, Pasco, demuestra que la única consigna del régimen de Alan García es "poner orden", lo que traducido a la realidad significa imponer a sangre y fuego la "modernidad neoliberal", para lo cual necesita desaparecer a las comunidades andinas y amazónicas, a las que considera un lastre para el "progreso".
El pasado fin de semana, los comuneros de Paucartambo llevaron a trece policías y cuatro civiles desde la planta de la Central Hidroeléctrica de Yuncán hasta una iglesia en Huallamayo, localidad ubicada a 215 kilómetros al noreste de la capital regional Cerro de Pasco. Lo hicieron para exigir que la empresa administradora de la hidroeléctrica, Enersur, cumpla las promesas que hizo al hacerse cargo de la planta.
Enersur es filial de la multinacional belga-francesa Tractebel, la cual forma parte del Grupo Suez. Cuando el gobierno de Alejandro Toledo (anterior al de García) le dio la administración de la hidroeléctrica de Yuncán, esta empresa se comprometió a entregar cincuenta millones de dólares para instalar agua potable en la zona, así como a distribuir fertilizantes entre las comunidades campesinas aledañas.
Nada de esto se ha cumplido, las comunidades han esperado más de cinco años, agotando las demandas y pedidos de diálogo a la empresa y a las autoridades, que así no les dejaron otro camino que realizar acciones de protesta. Recién entonces el gobierno envía emisarios para "calmar las aguas", pero con la premeditada decisión de ignorar los acuerdos: el viceministro Wilson Hernández se comprometió a que los comuneros no serían denunciados y fue obligado a renunciar. Y el procurador del Ministerio del Interior José Vega ya presentó la demanda penal contra los comuneros.
¿En qué quedamos? Se incumplen compromisos, se agotan las instancias, se cierran todas las puertas y todos los oídos a las solicitudes de diálogo... cuando la paciencia se agota y las justas demandas siguen incumplidas, las acciones de protesta son reprimidas, los comuneros y organizaciones criminalizadas, con hipócritas mesas de diálogo incompletas y sin capacidad de tomar decisiones, así que vuelven a incumplirse los compromisos y el círculo vicioso se retroalimenta queriéndose hacer eterno.
Esta es una actitud abiertamente provocadora del gobierno de Alan García, la mentira tiene patas cortas y la represión no detiene indefinidamente las protestas. Los pueblos indígenas resistimos más de quinientos años a políticas de exterminio. Y seguimos vivos: un gobierno, por más criminalizador y entreguista que sea, no nos va a desaparecer.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, llama a la comunidad internacional a estar alerta: el gobierno de Alan García estaría preparando otro "baguazo", esta vez en el Ande. Basta de provocaciones a las comunidades indígenas, que recuerde García que a raíz de la Masacre de Bagua los ojos de todo el mundo están puestos sobre este régimen. Mucho cuidado.
Miguel Palacín Quispe es Coordinador General de la CAOI
