¿Por qué dicho crecimiento no resultó en bienestar general si la opción de política pública que se implantó, la “confianza inversionista”, presentada como panacea, dio toda clase de prebendas, exenciones tributarias, gabelas aduaneras y contratos de seguridad jurídica para el gran capital, zonas francas y eliminación de impuestos sobre las remesas de utilidades de la inversión extranjera, entre otros? ¿Por qué no se tradujo en elevación del nivel de vida de todos los asociados si las canonjías que la Hacienda sacrificó en ese empeño valen casi 8 billones de pesos anuales?
Sin duda, la lección es la misma que Adam Smith (sí, Adam Smith) esbozara desde 1776: “La propuesta de cualquier nueva ley o reglamentación comercial que provenga de este orden (se refiere a los grandes capitalistas) debe escucharse siempre con gran preocupación, y jamás debe adoptarse antes de un largo y cuidadoso examen, no solamente con la atención más escrupulosa sino también con la mayor desconfianza. Pues proviene de una clase de personas cuyo interés nunca coincide exactamente con el del público, que generalmente tiene interés de engañar y aun de oprimir al público, y que de acuerdo con esto, en muchas ocasiones, lo ha engañado y oprimido”. (Libro I, Cáp. X; “Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones”).
No sólo eso. Analistas oficiales, como Mauricio Reina o Carlos Caballero y aún Hommes, se identifican en el peligro “de explosión social” que se está gestando. Hasta María Isabel Rueda retiró su respaldo a la tercera elección de Uribe en consideración a lo que califica, de hecho, como “impotencia” para atender esa grave situación. Tales temores se desestiman y el camino que se adopta para disiparlos es el de intensificar la represión como dique para mantener el aberrante orden “inversionista” impuesto.
Pese a presentarse como una “ayuda”, las bases norteamericanas en nuestro territorio juegan como factor de desestabilización regional. Lula, a nombre de Unasur, ha reclamado garantías en el convenio entre Estados Unidos y Colombia. No obstante, ¿Qué significan los emplazamientos de US Army dentro de Colombia? El trato extiende la “colaboración” contra el narcotráfico (ya bastante ominosa) a la confrontación “contra el terrorismo”. Esto, como declaran voceros de la derecha, como Adolfo Franco, asesor de Mc Cain, es “para intervenir en el conflicto interno”, como en Vietnam; es decir, no sólo para legitimar intrusiones como las ocurridas en operaciones como “Fénix” o “Jaque” sino que en adelante no se requerirá actuar veladamente. Y, a la sazón, surgen preguntas como: ¿Con la denominación de “terrorista” se cubrirá también a los “vestidos de civil” tal como Uribe calificó al Polo Democrático? ¿Cómo procederían los soldados norteamericanos y contratistas (mercenarios) si la izquierda democrática, falsamente inculpada como “extensión del chavismo”, ganare unas elecciones? ¿La “tecnología en inteligencia” que se va a usar en las siete bases incluye espiar lo que Uribe y su séquito han estigmatizado como “bloque intelectual de las FARC”? ¿Cómo actuarán los “mariners” si estalla la “explosión social”?
Hace rato, desde el Plan Colombia, se ha visto caminar por Guaviare, por Arauca, “cuidando el tubo”, y por zonas aledañas a Bahía Málaga, entre otros, a tropas estadounidenses uniformadas. El nuevo convenio aprueba esa presencia y la dilata a todos los asuntos internos. Es el ciclo subsiguiente de la “confianza inversionista”, la fase de la fuerza, indispensable para empotrar la enorme desigualdad incubada, y también, claro está, para arraigar una cabeza de playa en el Sur de América. Fue el canje de una base, la de Manta, por todo un país: Colombia.
