La promoción de movilizaciones en contra de la Ley 100 y a favor de un cambio del modelo mercantilista actual por uno que garantice el derecho a la salud, por la Administración Petro en Bogotá, como la tozuda búsqueda de la verdad por los padres de Luis Andrés Colmenares, que evidenció un crimen disfrazado de accidente por versión oficial y desnudó las triquiñuelas encubridoras de los acusados y sus familias para eludir la responsabilidad, son dos demostraciones del poder de la ciudadanía en defensa de sus derechos.
Por Guillermo Segovia Mora
En el discurso de posesión como Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro enalteció a la juventud por su espíritu revolucionario, condición que reclamó necesaria para producir los cambios que demanda una sociedad bastante enferma, aunque sus males se consideren menores por conveniencia del “establecimiento”. El 7 de Junio de 2012, al recibir la Marcha por el Derecho a la Salud, que congregó más de 15 mil personas, y consecuente con esa convicción -la de que ser revolucionario es actuar para cambiar todo lo que debe ser cambiado porque impide o atrofia el bienestar humano-, Petro afirmó, "El de Bogotá es un gobierno de multitudes y no quiere que se mantenga en Colombia la dañina Ley 100, que convirtió a la salud en un negocio, no en un derecho". Una proclama audaz en la medida en que dicha ley es el paradigma del modelo neoliberal impuesto contra las carnes y costillas de los colombianos, en beneficio de un grupúsculo politiquero, mafioso y estafador que aprovecha a sus anchas la largueza ominosa de los gobernantes.
Con respeto a la institucionalidad, por lo que su prédica no deja de ser revolucionaria, en tanto busca que las ya probadas y suficientes razones en contra del adefesio de la Ley 100 de Uribe Vélez, imperen a favor de una reorientación con sentido social del sistema de salud, Petro solicitó a la Corte Constitucional que "declare el estado de inconstitucionalidad del modelo actual de salud en Colombia; para que ordene, desde la Justicia, desde el derecho, el cambio del modelo actual, para que logremos que la salud ya no sea un negocio de mercaderes, sino un derecho de gente digna" y llamó a los bogotanos -de paso a los colombianos-, a movilizarse "para no dejar perder sus hospitales, para reabrir el que nos robaron, el San Juan de Dios, y para cambiar el modelo de salud de los mercaderes e instaurar el modelo de la salud del derecho".
Ante las artimañas de la coyunda expoliadora, que actúa desde las instituciones públicas a favor del enriquecimiento privado, señaló a "quienes nos amenazan desde diferentes puestos del Estado, y de la sociedad, cada vez que levantamos la voz del interés general; cada vez que decimos algo. Por ejemplo, que el señor más rico del mundo se quedó con 200.000 millones de pesos del pueblo bogotano, de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, nos amenazan con cárcel. Cada vez que decimos que la juventud tiene el derecho y el poder de tener el espacio del campo deportivo, el espacio de la ciudad, nos amenazan con cárcel. Cada vez que decimos que en Bogotá no puede haber espectáculos alrededor de la muerte de seres sensibles, nos amenazan con cárcel. Cada vez que decimos que en la ciudad prima el interés particular sobre el general, nos amenazan con cárcel."
“Ahora que vamos a salir en defensa del hospital público y contra los intereses particulares de los muy poderosos negociantes de la salud del pueblo también nos van amenazar con cárcel" agregó y advirtió "no nos asustan las amenazas, mientras estemos acompañados de multitudes. Todo tiempo, todo segundo del tiempo público; todo peso del recurso público; todo esfuerzo de los funcionarios públicos, se va poner en la defensa del interés general, en la defensa de la Constitución del 91, en la defensa de la democracia multitudinaria". Fue enfático, "Nos pueden llevar a la cárcel, nos pueden destituir, pero la bandera del interés general, no nos la van a quitar". Petro lo tiene claro: el Gobierno nacional no irá más allá del alisamiento de las puyas más vulgares del modelo de prestación y financiamiento de la salud, maquillaje que le falló al octaenio anterior, poderosos y compartidos intereses así lo imponen. Esto solo lo cambia el poder de la gente en las calles. La indignación convertida en acción.
Aserto que confirma en otro escenario de la tragedia colombiana, la incansable lucha de Luis Colmenares y Oneida Escobar, padres de Luis Andrés Colmenares, el joven uniandino asesinado en octubre de 2010, porque el crimen de su hijo no quedara en la impunidad, enfrentando sin descanso la coartada urdida por poderosas influencias y dinero a montones. Si obnubilados por el dolor no hubieran atendido el llamado del instinto materno a dudar de la versión inicial, convenientemente acordada por los responsables y validada por funcionarios corruptos, Luis Andrés sería recordado tristemente como el hijo que perdió la vida por la borrachera, mientras los culpables de su muerte, sus poderosas familias y allegados celebrarían la suerte de su viveza, como ha pasado tantas veces y seguirá pasando.
Pero los Colmenares Escobar no se tragaron el cuento. Convirtieron el pesar en indignación y exigencia de justicia. Poco a poco su corazonada fue encontrando evidencias: mentiras, fraudes, encubrimientos, sobornos, influencias, silencios… Y su tesón fructificó. Aún si la hipótesis del fiscal del caso y la versión coincidente del testigo protegido, por artes procesales, no prosperara, para la opinión nacional es claro que las cosas no fueron como los y las implicadas dijeron. De confirmarse la acusación, no sólo habría 5 o más imputables de homicidio sino que quedaría pendiente la actuación disciplinaria y penal contra todos los funcionarios que por omisión o acción fueron partícipes de la trama fraudulenta, que esta vez quedó al descubierto.
A la tristeza del duelo, la familia de Luis Andrés tuvo que sumarle la indignación de advertir como se movía plata, amigos y presiones para ocultar la verdad, y que de no haber actuado con energía y constancia, ese propósito se habría logrado. Casos hay por miles. Si bien es injusto generalizar, puesto que hay funcionarios probos y honestos, es innegable que el aparato judicial y de investigación, más aún, toda la rama de justicia, padece del mismo mal que aqueja a los otros poderes del Estado: una estructura al servicio de los intereses de los poderosos, la politiquería, las mafias y los grupos armados ilegales. Para desazón, lo que han dado en llamar “Reforma a la Justicia”, que debería formularse en dirección de sanear los males que la aquejan, se convirtió en una negociación de intereses, complicidades e impunidad entre las Cortes, el Congreso y el Gobierno.
Posiciones, actitudes y acciones como las de Gustavo Petro y los Colmenares Escobar nos están indicando el camino para darle cuerpo, dignidad y profundidad al Estado Social de Derecho, la promesa incumplida de nuestra Constitución.
