Por Luis Javier Caicedo
El lunes 3 de diciembre se cumplieron dos semanas del fallo de la Corte de La Haya sobre San Andrés. Cuando a un país, como sucedió en 2010, se le niega la oportunidad de conmemorar de manera digna su Independencia, y no pasa nada.
Cuando, como ocurre hoy, así sea por una decisión de la justicia internacional, un país es despojado de 90.000 kilómetros de espacio marítimo y su Archipiélago en altamar es partido en dos y cercado en tres de sus costados por las nuevas fronteras de otro país, y no se mueve ni una hierba en la parte continental.
Algo pasa.
Pero sea lo que esté pasando, no pasa tanto en las relaciones exteriores como al interior de nosotros mismos. Algo pasa con la identidad y el sentido de pertenencia, con el ser colombiano.
Es la arrogación por la élite social de las escrituras del país, de sus límites y de sus recursos naturales en la diplomacia y en el comercio internacionales.
Es también la guerra. El conflicto armado se ha apoderado del país para perderlo, como en la Guerra de los Mil Días se perdió el Istmo de Panamá.
¿Será que los actores armados, de una y otra orilla, nos prestan por un rato el país para que podamos defenderlo?
Hay muchas cosas por hacer en esta defensa, aparte de no hacerle caso a los llamados a no autoflagelarse más, que no son otra cosa que sumar a una impunidad generalizada otra impunidad.
El presidente de la República ha acatado el fallo de la Corte de La Haya; pero le ha opuesto la no aplicación temporal a la obligatoriedad de la sentencia, mientras se garantizan los derechos de los colombianos lesionados de más cerca con el fallo, y ha trazado una línea de nunca más hacia el futuro.
Ya se instaló el curubito de abogados que se encargará de proseguir en todas las instancias el reclamo contra un fallo que aunque no se puede desacatar, no por ello deja de ser manifiestamente contrario a derecho e injusto con el Estado colombiano. Pero eso es solo una parte de la solución.
Otra es empezar a construir el Nunca Más.
El Gobierno dio un primer paso: retirarse del Pacto de Bogotá de 1948, y con ello de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, para precaver que hacia el futuro nos quiten más territorio. Y también para sancionar, desde nuestra insignificancia como país, al sistema de Naciones Unidas.
Pero igual hay que exigirle a la Organización de Naciones Unidas que responda por el enorme daño que la sentencia causó a la parcialidad de colombianos que constituye el grupo étnico raizal y tiene en el Mar de San Andrés su hábitat, el cual es objeto de protección por parte del Convenio 169 de la OIT. Ahora el territorio /tierra-mar/ ancestral del pueblo raizal de San Andrés quedó dividido entre dos países, y eso no es algo meramente bilateral ni un asunto que verse solo sobre tránsito y pesca. Ahí tiene que estar la ONU e incluirse en la agenda la garantía del derecho a la pervivencia y la autonomía de los raizales sobre el área enajenada.
Adicional a los pasos mencionados, construir el Nunca Más requiere medidas de choque sobre la identidad del país.
Una nueva bandera de Colombia
Es preciso exorcizar y traer al conciente colectivo el desasosiego que produce la ausencia de aquello que no sabemos que tenemos hasta el momento que lo perdemos. Esto se consigue dándole al ausente o al abandonado el valor que se merecen, ubicándolos en la parte más alta y más visible de la casa común, que en este caso es el pabellón nacional.
De nada vale tener una franja azul en el estandarte del país si los mares que simboliza ni los conocemos ni los aprovechamos ni los defendemos.
Por eso, después del zarpazo con mano enguantada que nos han dado sobre el Mar Caribe, debemos salir al mundo poniendo por delante los hitos marítimos que demarcan nuestras fronteras, y el lugar más adecuado es la bandera nacional, la huella digital que identifica a Colombia entre todas las naciones:
Nueva bandera de Colombia para después del fallo de La Haya
La propuesta consiste en que, conservando el tricolor ideado en 1808 por el precursor de la independencia de América y arquitecto del concepto de Colombia, Francisco de Miranda, variemos las franjas horizontales actuales para abrirle lugar a la representación simbólica (con estrellas) de las islas y cayos nacionales ubicados en altamar, tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico, pintando a la izquierda del campo azul de la nueva bandera la Isla de Malpelo y a la derecha del mismo campo el Archipiélago de San Andrés y Providencia, siguiendo más o menos la localización geográfica de las formaciones marítimas, así:
la Isla de San Andrés, de mayor tamaño, rodeada, encima, en orden descendente, por los cayos de Quitasueño y Serrana, las islas de Providencia y Santa Catalina y el cayo de Roncador, y abajo, por los cayos de Alburquerque y Este-Sureste (el Courtown del presente mapa parece ser el mismo cayo Este-Sureste mencionado en la sentencia de La Haya –ver mapa anexo al final-).
Esta es una bandera que no va a generar ninguna resistencia a nivel internacional, porque las islas y cayos que se incluyen figuradamente en ella son colombianos, tanto antes como después de la sentencia de La Haya.
Por el contrario, el cambio de bandera es una manera contundente de expresarle al mundo la dimensión de nuestro inconformismo frente al despojo de que hemos sido objeto por parte de la Corte Internacional de Justicia. Mucho más efectiva que la que produciría en las agencias de prensa, en los ministerios de guerra y entre los ávidos comerciantes de armas cualquier tropezón de un buque de la Armada Nacional con una piragua nicaragüense en el Meridiano 82.
Al producirse el cambio, la bandera actual deberá ser retirada y en su lugar colocarse el nuevo pendón colombiano en las sedes de la ONU en Nueva York y en Ginebra, en las ventanas de nuestras embajadas, en las enciclopedias, en los portales de internet, en los Juegos Olímpicos, en el Mundial de Fútbol, en las ferias internacionales, en el monte Everest, en UNASUR y la OEA, en los actos protocolarios de otros Estados, etc.
Enseñar con el mapa completo de Colombia
Además, habría que descolgar de todas las escuelas el mapa de Colombia que actualmente usamos, porque en él no aparece el espacio marítimo del país. Es un mapa terrestre, dominado por tres cordilleras y dos ríos en el centro, donde el Archipiélago de San Andrés y Providencia se reduce a dos islas pintadas en un recuadro ubicado en un extremo. Un mapa dibujado a la medida (o a la miopía) de un país cachaco que siempre le ha dado la espalda a sus costas y a sus océanos.
Ciertamente, nadie defiende lo que no conoce. El uso inveterado de un mapa al que le recortamos el mar explica en parte la poca reacción pública por el despojo del Mar de San Andrés. La mayoría de colombianos no dimensiona el mar que perdimos, porque nunca nos enseñaron a identificarlo en el mapa.
Ese mapa antiguo, recortado, que no permite defender el país pintado ahí, habría que echarlo a la basura. En su lugar, nuestros niños debieran acostumbrarse a tener en sus aulas y copiar en sus cuadernos el mapa de Colombia que incluye toda nuestra territorialidad, tanto la parte continental como el espacio marítimo. En los últimos años ha tenido alguna difusión este mapa completo elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero aún no hace parte del imaginario colectivo. Muchos, tal vez, lo verán por primera vez con motivo de la crisis actual, es decir, cuando ya hemos perdido una buena parte de él.
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Mapas político y físico de Colombia que incluyen el espacio marítimo del país
Si no tenemos presente esta imagen, no podremos entender la dimensión del recorte que produjo la sentencia de la Corte de La Haya de nuestro espacio marítimo, como se puede apreciar en el siguiente mapa:
Esto en cuanto a lo geográfico, porque si leemos en clave geopolítica, la fotografía de la nueva situación es muy similar a esta otra imagen:
La esquina noroccidental del territorio colombiano después del fallo de La Haya
Solidaridad con el pueblo raizal de San Andrés
El 30 de noviembre es el Día de San Andrés, una festividad que se celebra en varias islas del Caribe, incluyendo las que llevan su nombre. Pero este año los isleños no celebraron, porque el momento exigía rechazar la sentencia de la Corte de La Haya del 19 de noviembre anterior y reclamar respeto a sus derechos como pueblo sobre su espacio marítimo ancestral. Entonces suspendieron las fiestas patronales y en su lugar se echaron al mar en sus lanchas y canoas en una movilización inmensa; comparable a aquella de 1996 en el Departamento de Córdoba, cuando los indígenas Embera Katío recorrieron masivamente el río Sinú durante una semana en sus precarias balsas de madera para protestar por la construcción de la represa de Urrá.
Pero en el continente no se movió ni una hierba. Los noticieros abrieron con la despedida de Madonna, y a la movilización acuática de los raizales le dieron menos despliegue que al desfile de balleneras en el Reinado de Cartagena.
En este punto de los derechos de los raizales es bueno hacer precisiones que el discurso oficial oculta tras lágrimas de barracuda1
Si bien a finales de la época de la Colonia (1803) España separó las Islas de San Andrés de la jurisdicción de Guatemala y las integró a la Nueva Granada, fue el pueblo isleño raizal de San Andrés quien ya en la Independencia expresó su voluntad de integrarse a la Gran Colombia (1822), gracias a lo cual tenemos la fortuna de tener en el Caribe el mar territorial que tenemos. Pero en el siglo XX la República procedió con los raizales de la misma forma como al interior del país venía haciendo con los pueblos indígenas. Desde 1912 los continentales invadimos las islas, llevando incluso gratis familias de colonos hasta allá, y de paso les impusimos a sus habitantes un proceso de colombianización de su cultura. A partir de establecer el puerto libre en 1954 convertimos las Islas en paseadero y compradero de los continentales, y años después en ruta y refugio de la mafia. En el proceso fuimos despojando a los raizales del 90% de sus tierras ancestrales (incluso destruimos su cementerio tradicional para construir un hotel de lujo), condenándolos a vivir como minoría en la isla más densamente poblada del mundo. Hoy no podemos reivindicar con cinismo su “rica historia”, cuando en realidad los estamos dejando solos.
¿Qué hacer? En lo que al suscrito respecta: Plegarse al fallo, aunque manteniendo vivo el reclamo contra su juridicidad y sus impactos, y enfocar los esfuerzos en defender y hacer cumplir los derechos constitucionales del pueblo raizal del Archipiélago mediante una solidaridad masiva.
Y de paso blindar a Colombia del mierdero internacional que la Corte de La Haya formó en el Mar Caribe con su sentencia, que suena tan similar al que armaron las mismas Naciones Unidas en el Medio Oriente al trasplantar a los judíos de todo el mundo para Palestina en 1948. Porque, de acuerdo con un reporte de la agencia española EFE, el 29 de noviembre la Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó el ingreso a sus nuevas aguas jurisdiccionales, en forma rotativa, de efectivos militares, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Cuba, de Rusia, de Venezuela y de Taiwan, para realizar intercambios y labores de carácter humanitario con personal del Ejército de Nicaragua, a partir del 1° de enero de 2013; además de autorizar a los Estados Unidos para que continúe ejerciendo el control del narcotráfico en la zona2.
Colombia no puede meterse en esa calentura. ¿O cómo la ve ChocQuibTown?
Itagüí, 3 de diciembre de 2012
ANEXO
MAPA DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA QUE PERMITE APRECIAR LA UBICACIÓN Y LA FISONOMÍA DE LAS ISLAS Y CAYOS QUE LO COMPONEN
Tomado de: Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el “Diferendo Territorial y Marítimo” (Nicaragua c. Colombia). 19 de Noviembre de 2012. Traducción no oficial de Ricardo Abello-Galvis, WalterArévalo, Andrés Sarmiento y María Carolina Caro, que se publicará en el próximo volumen del Anuario Colombiano de Derecho Internacional – ACDI
