Por Genaro Bautista / AIPIN
Al menos un millar de efectivos policiacos, cumpliendo órdenes de sus mandos en el Gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, reprimieron a los participantes en la Marcha de los Pueblos Indígenas quienes están en desacuerdo en la construcción de la carretera que cruza el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
TIPNIS es el topónimo del Territorio Indígena o Parque Nacional Isiboro – Sécure
Según el recuento de las Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos y de Defensa del Medio Ambiente, la agresión se dio a las 17 horas, cuando se distribuían alimentos a los participantes en la marcha, a 500 metros de la población beniana de Yucumo, a unos 350 kilómetros de La Paz, capital de Bolivia.
Los policías actuaron y agredieron con saña a los indígenas, disparando gases lacrimógenos e incluso armas de fuego, señalan los mensajes que circulan por las redes sociales.
La agresión, ha recibido la condena internacional y calificada de gravísima por organizaciones y representantes indígenas e internacionales.
El objetivo de este operativo acusan, es para neutralizar y detener definitivamente la marcha de los pueblos indígenas que en breve llegaría a la ciudad de La Paz.
Los indígenas exigen al gobierno boliviano, el estricto cumplimiento del derecho de consulta previa, el cual está consagrado en la normativa internacional como el convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la constitución política.
Se reporta la persecución de miles de indígenas, así como la detención de varios dirigentes entre ellos a Celso Padilla, Fernando Vargas y otros, que según los periodistas es difícil cuantificar a los detenidos por la cantidad de gases lacrimógenos lanzados en el sector.
Olga Flores, defensora boliviana de derechos humanos, a quien la policía detuvo también, hizo llegar un mensaje vía celular en el sentido de que la policía se estaba llevando los autobuses donde subieron a mujeres y niños indígenas a Yucumo, donde está el bloqueo de los cocaleros contra la marcha.
Flores está preocupada por la vida de los niños dado que los cocaleros son afines al presidente Evo Morales, quien negaba ser indígena.
Olga es considerada una persona molesta por la insistencia en que investigue los archivos militares para averiguar el paradero de su hermano desaparecido y de todos los desaparecidos de las dictaduras.
Carlos Mamani, expresidente del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU, cuestiona seriamente el actuar de las fuerzas de seguridad.
José Carlos Morales, del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Saúl Vicente del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, ambos de la Organización de las Naciones Unidas, demandan y solicitan el cese de las hostilidades, asimismo hacen un llamado al presidente Evo Morales para abrir el espacio al dialogo con los marchistas.
La foto que publica el rotativo Los Tiempos es de lo más elocuente, apunta Mamani, “se ve a los policías con su indumentaria y al indio con las manos maniatadas y semidesnudo, que amenaza podría ser? Amenaza pero a los intereses de las transnacionales y del gobierno, enfatiza el experto boliviano.
La marcha de unos 1.500 indígenas de la Amazonía es por su rechazo a una carretera que dividirá su reserva natural.
El subcomandante de la Policía, general Oscar Muñoz, justificó su actuar y dice que lo hicieron porque fueron amenazados por nativos armados con flechas.
En cambio, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo tener informes de que los agentes actuaron cuando los indígenas estaban a punto de cenar y exigió a Morales el "cese inmediato de la violencia" contra los manifestantes, y lo mismo hizo la oficina de la ONU en La Paz, indica la nota de Los Tiempos.
La marcha cumplió hoy 41 días, luego de que el sábado se vivieran momentos de tensión, cuando un grupo de mujeres retuvo por más de una hora al canciller David Choquehuanca, acción que el Gobierno calificó de "secuestro", aunque el propio ministro, de origen aimara como Morales, evitó usar tal palabra.
El Jefe Policial informó que trasladaron a los marchistas en camionetas y otros vehículos hasta San Borja, para que desde esa población vuelvan a sus comunidades y aseguró que no hay ningún detenido de los nativos que marchaban hacia La Paz en oposición a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Los participantes en la marcha acusan de que fue un acto de flagrante violación de los derechos humanos y garantías constitucionales y en franca demostración de autoritarismo similar al que se practicaba durante los regímenes de facto.
Desde sus inicios de la marcha, enfatizan, se estaba desarrollando de forma pacífica, sin atentar derechos de terceros ni obstruir el libre tránsito de otros, sin embargo, grupos paragubernamentales en anteriores días procedieron a bloquear la carretera con el único objetivo de impedir la continuidad de la caravana, amenazando a los indígenas, manteniéndolos en una situación de zozobra y permanente hostigamiento.
Esta cadena de atropellos, señalan, culminó la tarde de este domingo 25 de septiembre, con la intervención policial.
Los manifestantes comenzaron su caminata el 15 de agosto desde Trinidad, capital del norteño departamento de Beni, a La Paz, con el objetivo de oponerse a la ruta y reclamar a Evo.
La representante de la ONU en el país, Yoriko Yasukawa, lamentó profundamente la intervención policial y llamó al Gobierno de Morales a resolver los conflictos mediante el diálogo.
El Presidente consideró que la carretera de 300 kilómetros es una necesidad nacional. Los indígenas se oponen a que la ruta atraviese el corazón del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para vincular el norte con el centro del país.
La reserva es hogar de tres etnias y los nativos temen perder su hábitat si se construye la ruta en medio de la reserva. El domingo el Mandatario dijo que su Gobierno convocará a una consulta regional por la polémica carretera.
Testigos dijeron a la agencia de noticias Erbol que los manifestantes fueron rodeados por medio millar de policías que les arrojaron gases. Algunos marchistas huyeron al monte. En la columna había niños y mujeres.
Igual que los nazis
Ejú
El estatal canal 7 definió la violenta disolución de la marcha y el posterior traslado forzoso de los indígenas como una “evacuación”. Curiosamente, el mismo término empleado por los jerarcas nazis cuando ordenaban el traslado de judíos y gitanos en la Europa ocupada.
La intervención policial violó de manera flagrante los derechos humanos de los marchistas, al gasificar a mujeres y niños, y al decomisar cámaras fotográficas y filmadoras para que no se pudieran grabar los abusos cometidos durante el operativo.
En seis camiones de las Fuerzas Armadas y diez buses se “cargó” a los indígenas, como en los siniestros vagones de la Segunda Guerra Mundial, con destino al “campo de concentración” de San Borja.
En medio del caos, se dio el extravío de varios niños en el monte.
Al menos ocho heridos fue el saldo de la violenta intervención, así como la detención de dirigentes y diputados indígenas, que fueron esposados.
La “evacuación”, en el léxico totalitario del régimen plurinacional-socialista repetido por la maquinaria goebbeliana de los medios estatales, roza la figura del desplazamiento forzado, tipificado como un crimen de lesa humanidad.
“No soy un presidente indígena”
La máscara indigenista del fascismo cocalero ha caído ya por completo, ante todo el planeta.
El propio mandatario lo había confesado en una entrevista realizada en abril del corriente año, cuando reconoció que “Yo nunca me consideré como primer presidente indígena, pero sí como primer presidente sindicalista”.
Sindicalista, sí, de las federaciones de cultivadores del Chapare, donde el 95% de la hoja de coca es destinada a la producción de cocaína, según datos de Naciones Unidas.
Leer en la fuente: http://www.puebloindigena.com/aipin/bolivia/192-reprime-gobierno-de-evo-morales-marcha-indigena.html
