Por: Ismael Paredes, comunicador social campesino
"...en Putumayo como Caquetá los numerosos grupos de campesinos, indígenas y otros sectores que han levantado su voz de protesta, temen también la violenta respuesta de la Fuerza Pública".
Putumayo y Caquetá son apenas dos escenarios que reflejan la crisis social y humanitaria que vive Colombia, su incapacidad gubernamental y la intimidación militar represiva de Estado que padecen sus habitantes como respuesta a sus justas reclamaciones, no sólo en el marco del Paro Nacional Agrario y Popular, sino desde hace décadas (más de medio siglo). Algunas causas del enfado del campesinado han sido provocadas por la afectación del conflicto armado y el narcotráfico, por el abandono institucional del Estado en materia de infraestructura, construcción de hospitales y escuelas y la no garantía de sus derechos fundamentales de atención en salud, educación y soberanía alimentaria.
Lo anterior contrasta con la alta inversión en materia militar y/o dirigida a programas de seguridad como fumigaciones aéreas y estrategias de lucha contra el narcotráfico y el ‘terrorismo’, así como con la acelerada apertura a mega proyectos; para ello el gobierno ha flexibilizado normas jurídicas y ambientales que permiten en estos territorios la explotación indiscriminada de recursos naturales, hidrocarburos, minerales y forestales, propiciando la ruptura del tejido social y el menoscabo de la calidad de vida digna de las personas y la quiebra de la economía comunitaria. Por ello campesinos, afro e indígenas reclaman la inversión para solucionar sus problemas y la equidad en la distribución del presupuesto público.
Este modesto escrito ofrece un breve acercamiento a estos departamentos de la región Sur del país, donde están de un lado: la diversidad cultural (en Caquetá y Putumayo habitan unos 19 pueblos indígenas, según organizaciones como la OPIAC, la ONIC y la OZIP), y las luchas dignas de sus gentes que merecen más que una breve atención, estrecharles toda nuestra solidaridad y comprensión; que sientan la hermandad del pueblo colombiano ante el histórico abandono que los ha sumido la institucionalidad gubernamental y estatal del país.
Durante estos días del Paro Agrario gran parte de los departamentos del Putumayo y del Caquetá se encuentran casi paralizados en sus actividades diarias, el gobierno colombiano lejos de ofrecer las soluciones que buscan las comunidades, ha desplegado una fuerte estrategia de intimidación militar y judicial para repeler el descontento que las comunidades expresan de manera justa. Entonces por un lado vemos a los campesinos apostados en sus rústicos cambuches o dinamizando con alegría y manifestaciones artísticas y culturales sus movilizaciones, en las cuales expresan toda una vida de tradiciones y alegrías, pero también de sufrimientos y necesidades; del otro la policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el temido ESMAD, y unidades del ejército como ‘garantes’ del orden público, se pavonean cuan pomposos robots que exhiben colosal armamento y ejercen un poder intimidante, que genera terror en la población civil, como manifiestan algunos jóvenes indígenas del alto, medio y bajo Putumayo, con quienes converse para escribir este artículo.
Tanto en Putumayo como Caquetá los numerosos grupos de campesinos, indígenas y otros sectores que han levantado su voz de protesta, temen también la violenta respuesta de la Fuerza Pública. Una de las temidas incursiones policiacas llego al municipio de Florencia el pasado 03 de septiembre cuando unas 1.500 personas se tomaban la zona del aeropuerto por la vía que de Florencia conduce al Caguán en el departamento del Caquetá; eran las 2 de la tarde y en la parte alta del municipio los campesinos se disponían a tomar sus alimentos cuando un escuadrón del ESMAD arremetió en su contra obligándolos a retroceder y dejar sus enseres y reservas. En la noche, cuentan varios testigos, la arremetida del Escuadrón antidisturbios fue llanamente un ataque a la integridad y a la dignidad humana de los campesinos caqueteños, que a esa hora no tenían ni luz eléctrica ni señal telefónica; es ahí que el ESMAD acorraló a los campesinos ubicados sobre la vía con el único propósito de ser escuchados; en estas condiciones los campesinos tuvieron que ceder a la agresión policial, cargando eso sí a sus espaldas más de 20 heridos y sus canastos vacíos, pues la policía les despojo de sus provisiones y comida, como denunciaron los voceros del Paro.
Las razones que han llevado a los campesinos y promotores del Paro Nacional Agrario a tomarse las calles y carretas del país, es buscar un diálogo y un consenso con el gobierno nacional para resolver sus problemas y necesidades, se requiere una amplia inversión para mitigar la quiebra del agro y el derrumbe de miles de pequeños y medianos cultivadores, afectados no sólo económicamente, sino por la implementación de políticas estatales como las de seguridad, militarización y fumigaciones aéreas contra cultivos ilícitos, que les han generado además de persecución, problemas de salud y destrucción de sus cultivos tradicionales destinados al sustento familiar; pero el principal rechazo es en contra de las políticas económicas impuestas por este y por anteriores gobiernos como la implementación de los Tratados de Libre Comercio, TLCs, con su abrumadora importación de productos y alimentos, así como la falta de control al contrabando; además la usura económica de los bancos y especuladores conocidos como las ‘pirámides’, y por último su oposición a las locomotoras del desarrollo, mineras y a la explotación de recursos naturales, forestales, hídricos e hidrocarburos que afectan su cultura.
Diversos en recursos estos territorios también han sido marcados por diversos problemas o factores de colonización y guerra que han alterado las formas de vida de las comunidades y en algunos casos les han obligado a desplazarse a otras tierras distintas a las ancestrales. La confrontación militar que se libra en la región entre el Estado y los grupos al margen de la Ley como guerrilla, bandas al servicio del narcotráfico y paramilitares, o entre paramilitares y guerrilla, por el control territorial, afecta directamente a comunidades campesinas e indígenas de la zona, entre otros a pueblos como los Kofán, Awá, Inga, Siona, Nasa, Yanacona y Embera en Putumayo, así como a los Koreguaje del Caquetá que, entre otras violaciones, padecieron en 1997 una masacre por parte de las FARC, según documentó ampliamente la ONIC y algunas instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo; la masacre comenzó el 25 julio cuando fueron asesinados 7 de los más de 60 indígenas que cayeron en un periodo de 6 meses y, en su mayoría fueron autoridades tradicionales.
En territorio del pueblo Kofán del Putumayo, zonas de valle de Guamuez, Orito y la Hormiga, no ha sido menos la violencia y la agresión contra sus comunidades; asesinatos selectivos, desapariciones y reclutamiento forzado, señalamientos, judicializaciones, abusos sexuales, destrucción de bienes y, entre otros, destrucción de cultivos lícitos por aspersión. Lo anterior ha provocado desplazamiento forzado e incluso un sentimiento colectivo del pueblo Kofán de migrar al vecino país del Ecuador, como ocurrió en 2007 y 2008 cuando se recrudeció la violencia en su contra. Pero como lo ratifican diversos informes, el desplazamiento no es sólo producto de las acciones armadas de los actores en disputa, sino resultado también de una estrategia de expropiación territorial orquestada desde los sectores económicos, empresariales y del narcotráfico que impera en la región.
La estrategia militar de control territorial para el sur del país está contemplada en el Plan Patriotas, componente del Plan Colombia, apoyado por el gobierno gringo, y pensado como estrategia estatal de control territorial y antisubversiva; la fuerte militarización (mucho más cuantiosa por estos días del Paro), pone a las comunidades entre dos fuegos y, además agrava la difícil situación humanitaria que vive la población civil como consecuencia del conflicto armado. Así lo ratifica también la Corte Constitucional en el Auto 004/2009, en el que advierte el riesgo de exterminio que atraviesan los pueblos indígenas por factores como el conflicto armado, megaproyectos y desatención del Estado.
En el Auto 004 el Tribunal señala que 34 pueblos -habla de esta cifra por la información que recibió y constató entonces- estarían en grave riesgo de desaparecer física y culturalmente si el gobierno no garantiza la atención requerida y, en este sentido, ordenó al gobierno formular e implementar 34 Planes de Salvaguarda y un Programa Nacional de Garantía de derechos para pueblos indígenas.
De los 34 pueblos que menciona la Corte varios del Putumayo y Caquetá son beneficiarios del fallo, entre ellos, los Inga, Siona, Kofán, Awá, Yanacona, Nasa, Embera y Koreguaje. Además de ello en medio y bajo Putumayo la guerra ha involucrado a la población civil como blanco frágil en la confrontación, el pueblo se tiene que someter a los designios que imponen los grupos paramilitares, Bacrim o la guerrilla al servicio por un lado del narcotráfico o de empresas multinacionales como las petroleras que, en reemplazo de las temidas caucheras, imponen su ley al precio del más fuerte y el silencio del más débil. Así lo han denunciado ante la misma Corte en audiencias e informes varios pueblos como los Kofán y Awá, en los cuales señalan, cómo varios miembros de las comunidades indígenas y campesinas agredidos por los militares, con pretexto de contrarrestar el terrorismo o por defender intereses de compañías, especialmente de hidrocarburos. “El incremento de la fuerza pública en el marco del Plan Colombia bajo pretexto de la lucha antidroga y antiterrorista también ha servido a intereses económicos del sector petrolero”, señala un informe del Institute Transnational.
El informe entregado en septiembre de 2007 por el Transnational Institute, se refería también a que el paramilitarismo ha sido el principal aliado de grandes inversionistas y empresas, así como prenda de garantía para llevar a cabo las fumigaciones aéreas y concluía con dos aspectos neurálgicos; uno que las fumigaciones más que acabar los cultivos ilícitos, son una estrategia de desterritorialización, instrumentalizada para promover el desarrollo de intereses económicos en la zona y; dos, reiteraba cómo algunas empresas petroleras como Texaco ha permanecido allí desde que inicio exploraciones en 1964 en municipios de la Hormiga, Valle del Guamuez y San Miguel, donde está también el territorio Kofán: “el pozo más grande del sur del país, en producción desde 1968, se encuentra en Orito, explotado primero por Texaco y luego por Ecopetrol. Además de varios pozos, en Putumayo se encuentran 4 oleoductos importantes que conectan, entre otros, con Ecuador”.
Las continuas movilizaciones del Putumayo
Este cúmulo de movilizaciones recientes no comenzaron con el Paro Agrario, si recordamos desde 2010 diversas comunidades mestizas, afro e indígenas campesinas de alto Putumayo se movilizaron a Mocoa para exigir al gobierno la realización de la Consulta Previa en el caso de la construcción de la carretera (variante) San Francisco- Mocoa, cuyo proyecto no sólo desconocía este derecho sino que afectaba uno de los sitios sagrados de los pueblos Inga y Kamëntsa, el camino ancestral Carlos Tamabioy. Para dar una breve mirada al fértil Valle de Sibundoy y que comprende la región alto Putumayo, me remito a un artículo que escribí para la ONIC en 2012, cuando la vía Mocoa- Pitalito se convirtió en escenario de enfrentamientos entre los manifestantes que marchaban y los ESMAD que los reprimían; la movilización pacífica la adelantaban entonces las comunidades indígenas, afro y campesinos para exigir al gobierno nacional cumplimento en materia territorial y frenar el auge de concesiones y expedición de licencias para explotación minera, hidrocarburos y recursos naturales, lo que afecta profundamente su integridad física, cultural, territorial y espiritual[1].
La marcha de julio de 2012 movilizó comunidades enteras de Puerto Asís a Mocoa para exigir el derecho fundamental a la Consulta Previa Libre e Informada frente a la construcción de la variante San Francisco -Mocoa, obra vial que afectará a estas comunidades en cuanto a sus ríos, ecosistemas y su hábitat territorial. Líderes de la movilización pacífica entonces reiteraban, como lo hacen hoy, la defensa del territorio, la dignidad y la existencia, así como el arraigo a sus tradiciones culturales, por lo cual exigen una consulta previa con las comunidades, no solo para este caso sino para otros proyectos de infraestructura o de explotación de recursos naturales, mineros y petroleros. Una de las principales razones que motivó la movilización 2012 fue la declaratoria del Putumayo como distrito minero, sumado al tema de tierra y territorio; la tierra ya no es una mera mercancía sino un ser que siente y tiene sus propios derechos y como señalan hoy diversos líderes y taitas indígenas de la región en contra del territorio y la madre tierra se ha desatado un auge violatorio de sus derechos.
Otro aspecto de la movilización, que no cuentan los medios comerciales, es el fondo que hay detrás del proyecto de la variante, como un simple eslabón del IIRSA, proyecto interestatal de Integración de Infraestructura Regional de Sudamérica, conformado por los 12 gobiernos de UNASUR, con el propósito de generar un modelo de integración que converja en una red de infraestructura vial e inter oceánica entre países como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, y cuya “máscara del gorila”, es ‘mejorar’ la comunicación vía terrestre entre estos países y consolidar un corredor geoestratégico Intermodal desde Brasil hasta Colombia para promocionar el desarrollo y, fortalecer el comercio entre los países del Eje Amazonas.
La variante dañaría todo una faja como los abuelos denominan este fértil paraíso, que comprende el camino ancestral Carlos Tamabioy, que de día muestra su bellísimo paisaje colorido y; en la noche se convierte en hecho fantástico, donde los sonidos de la naturaleza y los seres que la habitan, aves, insectos y brisa manifiestan la prominencia de la creación en toda su magnificencia.
Además de los aspectos hasta aquí abordados, Putumayo y Caquetá están marcados por memorias históricas como la explotación cauchera que entre 1880 y 1930 aproximadamente dejo un genocidio de unos 70.000 miembros de comunidades indígenas, según cuentan los abuelos que sobrevivieron. Luego del auge cauchero, vino la época conocida como trigilladas, periodo colonizador que arrasó diversas especies de fauna como el tigre, la nutria y mamíferos como la danta; allí fueron también devastadas muchas aves por su bello y valioso plumaje, como diversas especies de peces en los ríos.
Concluyó este articulo parafraseando un bello relato de una amiga, quien reitera que es fundamental “ayudar a desmantelar esa idea generalizada y fácil que auspicia en parte la marginalización y la indiferencia del resto del país y que se cierne sobre la gente del Sur, especialmente de Putumayo, que somos rebeldes por antonomasia, ‘tan salvajes como nuestros indios’ (en vía de extinción, por causas realmente salvajes y ajenas a sus cosmovisiones), que somos todos cocaleros, gente ilícita o que practica negocios ilícitos, que tenemos mucha plata, que apoyamos a la guerrilla. Cuando en realidad, aunque es cierto, sí, somos ricos, muy ricos, ricos en biodiversidad, fuentes hídricas y minerales, y ni hablar de la fuerza y magia de nuestra gente, es un territorio que una vez la conquista no ha dejado de ser saqueado y su población sujeta a dichas explotaciones sin mayor retribución…” Ahora no es el Sur allá con sus problemas, es el Sur nuestro que lo flagelan otros actores externos cada día y que desde el centro o desde el norte no podemos ser indiferentes a su sufrimiento. El Sur es nuestro y sí los gobernantes se han olvidado de esta región, como se han olvidado de Boyacá y del centro y del norte y del occidente y del oriente del país; démosle nuestra mano al sur, una sonrisa realmente y un abrazo de solidaridad que es lo que requieren; ellos tienen y de sobra la capacidad (que por demás le falta al gobierno colombiano) y la sabiduría de resolver sus problemas y dificultades, pero ello no exime al gobierno del Estado a garantizarles sus derechos fundamentales y colectivos, esa es la función del Estado garantizarle el goce efectivo de los derechos a sus ciudadanos y no reprimirles de manera brutal y salvaje, ahí sí, cuando reclaman el incumplimiento del gobierno.
Mientras tanto el Paro Nacional Agrario y Popular continúa, este fin de semana se intensifican las movilizaciones campesinas e indígenas, así como se intensifica el cariño del pueblo colombiano con nuestros campesinos y con nuestros hermanos del Sur. Organizaciones como la OZIP retomaran el procesos Minga de Resistencia, diversos sectores agrarios y ambientales se unen a los intrépidos campesinos del Caquetá, así mismo lo harán las comunidades agrupadas en defensa del Valle de Sibundoy. No obstante los seis cabildos de la región Sibundoy, según cuentan varios jóvenes de la región, permanecen insolidarios ante el Paro Agrario y se han limitado a enviar cartas y mensajes escritos, esa es la sensación que hay en muchos jóvenes.
Agradezco al Taita Ángel Jacanamijoy, con su sabio conocimiento que si bien no lo mencione en el anterior escrito fue fundamental para hacerlo posible. También agradezco la contribución a diversos compañeros comunicadores y comunicadoras del Putumayo.
[1] http://cms.onic.org.co/2012/07/que-hay-de-fondo-en-movilizaciones-del-putumayo/
