¿Trashumancia en el Chocó?

Por Luis Carlos Osorio R.

Como para Ripley esta historia de Trashumancia en el Chocó. El alcalde del municipio de Riosucio, Cecilio Moreno Arroyo, le envió el pasado 14 de julio una misiva al Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, en la que le informa del retorno voluntario de familias a las veredas la Guacamaya, la Eugenia, Cuchillo Negro, California, Bellavista, Tumaradó, Cuchillo Blanco, Villa Nueva, La madre Unión, Calle Larga y La Pala, de este municipio chocoano.

Deberían ser excelentes las noticias de retorno de familias desplazadas, en su gran mayoría negra e indígena, sobre todo si este se presenta en un municipio que ha sido golpeado como ningún otro por la violencia. Según los registros de la Unidad de Atención a víctimas, solo en el año 1997 fueron expulsados más de dieciocho mil hogares y según la misma entidad, para el año 2014 los hogares expulsados llegaron a 187.

En épocas electorales parece apenas natural que los alcaldes informen al Registrador Nacional las novedades de su circunscripción. En este caso, para “dar a conocer que por tal motivo las votaciones de dichos corregimientos van a aumentar considerablemente ya que en el registro del consejo comunitario de los ríos Larga y Tumaradó, han retornado más de 400 familias conformadas entre tres (3) y cuatro (4) personas aptas para votar. Qué conveniente. Seguramente el alcalde también informó a la ministra de Educación de esta novedad  y le reportó el número de niños que estarán demandando nuevos cupos escolares.

Por supuesto es función del alcalde garantizar la transparencia electoral y la consolidación de la democracia, sobre todo adportas de unas elecciones que elige los mandatarios locales. Posiblemente el alcalde también habrá escrito tantas misivas como ésta a altos funcionarios del estado, preocupado esta vez por la salud, la educación, la vivienda y el bienestar en general de estas comunidades, pero no he conocido ninguna manifestación de este interés. Por el contrario, los vecinos del municipio no manejan información sobre un hecho tan importante para la comunidad.

En el mismo sentido, también le escribió al Registrador el representante legal del Consejo Comunitario de esa zona, Borlin Valencia, quien alerta al alto funcionario sobre el aumento considerable que van a tener las votaciones de dichos corregimientos, por el retorno de dichas familias. Más extraño aún, el alcalde y el presidente del consejo comunitario, asistidos por el mismo interés, escriben una carta casi idéntica, salvo por la firma.

Lo grave del asunto, es que muchas de esas “personas retornadas”, mantienen como lugar de residencia los municipios de Apartadó, Mutatá, Chigorodó, Carepa y Turbo, entre otros, hechos fácilmente comprobables con las fichas del FOSYGA y del SISBEN. La evidencia apunta a que hubo trasteo de votos en este municipio.

En la página web de la Registraduría, con corte al 9 de agosto, se contabilizaban cinco mil dieciocho cédulas de ciudadanía (5.018) inscritas, de las cuales una cantidad cercana a las tres mil son presuntos trashumantes. Seguramente esto lo dirán los entes competentes.

Resulta poco creíble, que en un municipio con una población que sobrepasa los 28 mil habitantes, el registro de nuevos inscritos promedie el 20% del total de su población y duplique el porcentaje de su potencial electoral, tasado según datos publicados por la Registraduría, en 4.053 electores. Este número de nuevos votantes bien puede elegir el nuevo alcalde y poner la mayoría del Concejo municipal.

Claro que los desplazados tienen derecho a retornar a sus territorios de origen y a ejercer su derecho constitucional al voto. Pero también tienen derecho a no ser objeto del manoseo por parte de políticos y personas inescrupulosas que quieren sacar provecho electoral a costillas suyas.

Por fortuna, en estas comunidades tradicionales, familias extensas en su gran mayoría, resulta un exabrupto la llamada trashumancia, pues esta, se hace notoria y extraña; Por ello, La Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, los organismos de vigilancia y organizaciones como la MOE, deben estar atentas a esta situación, sobre todo en Corregimientos como Campo Alegre, donde el potencial electoral apenas si era de dos (2) personas, Cuchillo Blanco, donde la Registraduría dice que votan 50 o La Larga, donde los votantes se aproximan a trescientos.

Ojala que estos “desplazados retornados” encuentren en el municipio todo el apoyo ofrecido por el gobernante, a no ser que el 26 de octubre, después de cumplir el sagrado derecho al voto que tanto le preocupa al burgomaestre, estén regresando a sus municipios de origen.

@lcarlososorio

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