Marco Anibal Avirama Avirama*
Alianza social Independiente ASI
Nuestra Constitución Política que celebra 25 años de existencia, establece en el capítulo relativo a los derechos fundamentales que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (art. 22).
Consecuentemente señala entre los deberes y obligaciones del ciudadano “Propender al logro y mantenimiento de la paz” y “Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica” (art. 95). Igualmente asigna a la educación como derecho, la función de, “…. formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”(art. 67). Podemos entonces afirmar que la carta del 91 posee el semillero que nos debía permitir avanzar en la salida política del conflicto armado interno, así como enfrentar las causas estructurales de la muy precaria situación de derechos económicos, sociales, ambientales y culturales que estaban en la base de la violencia sociopolítica y que fueron plasmados ampliamente en dicha norma suprema.
Sin embargo a lo largo de los últimos 60 años el conflicto armado interno persistía mostrando un panorama desolador de violación de derechos humanos individuales y colectivos que ha tenido sus altos y bajos, pero que ocurrían de manera grave y sistemática.
Algunos intentos de solución política al conflicto armado interno se dieron en los últimos años del siglo pasado mediante conversaciones de paz entre los sucesivos gobiernos y los grupos guerrilleros con algunos acuerdos de desmovilización, que no alcanzaron a la firma de un acuerdo de paz integral. En efecto estos acuerdos no pasaron de considerar la desmovilización de los alzados en armas, sin atender a la búsqueda de soluciones de las causas detonantes del conflicto interno, logrando entonces precarios resultados en la construcción de una paz estable y duradera.
La carta política del 91 introdujo principios fundamentales para un estado democrático y social de derecho y entregó a la ciudadanía mecanismos que le permitiera accionar en la defensa y exigencia de garantías de los mismos, colocando en el centro del catálogo de derechos ciudadanos, el derecho a la paz. Este derecho ha tenido posteriores desarrollos en fallos del alto tribunal constitucional que ha afirmado la paz como un derecho fundamental vinculado con la vigencia efectiva de los derechos humanos.
Numerosos intereses se han movido alrededor de las 41 reformas propuestas a lo largo de estos 25 años. Por supuesto que la carta del 91 es perfectible, sobretodo alrededor de los asuntos de la reforma a la justicia y la reforma política que tantos grupos de interés moviliza. Pero los intentos de atomizarla no han podido lograr que perdamos de vista que la paz, considerada como un derecho colectivo que permite la equidad y la dignidad de los colombianos, está en el centro de la solución al problema de violencia que como nación hemos padecido en las últimas décadas.
En esta dirección compartimos la lectura de la Comisión histórica del conflicto y sus víctimasacordada en la mesa de La Habana, la cual en el documento titulado Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia asevera que “un proyecto exitoso para alcanzar un postconflicto virtuoso” debe contemplar acciones en los siguientes temas:
a. Cambios profundos en los prototipos que guían el desarrollo agrario en el país.
b. Un modelo económico más incluyente, una distribución más equitativa de la riqueza y el diseño de nuevas y más eficientes políticas destinadas a la erradicación de la pobreza.
c. Un fortalecimiento del Estado, sus aparatos judiciales y de Policía y una mayor y mejor presencia en todo el territorio nacional.
d. Un compromiso mayor de todos los órganos del Estado y, en particular, de las Fuerzas Militares y de Policía, con el respeto integral a los derechos humanos.
e. Una renovada política pública frente a las drogas ilícitas.
f. Una lucha sin tregua contra toda modalidad de privatización y sustitución del Estado en sus funciones de garante legal y constitucional en el manejo del orden público.
g. Un fortalecimiento de los mecanismos de participación democrática.
h. Un compromiso colectivo serio tendiente a favorecer la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas del conflicto armado.
i. Una clara y contundente decisión colectiva de renunciar definitivamente a la combinación de armas y urnas, tanto de la derecha como de la izquierda.
j. Y un repudio colectivo a la violencia como recurso para alcanzar objetivos de cualquier índole.
Así pues hemos tenido un cuarto de siglo para pensar cómo desanudar los dilemas que nos plantea el llamado posconflicto y que nos lleva a considerar las transformaciones que requieren las estructuras de poder regional, los cambios en las prioridades desde el proyecto de nación que queremos, la participación social sostenible en la perspectiva de construir paz desde los territorios, la incorporación eficiente de acciones para la paz en los planes y estrategias de desarrollo regional y local, la lucha decidida y eficaz contra la corrupción, aliada de la guerra en todos los niveles.
El proceso de negociación que avanza en La Habana, entre el gobierno nacional con la guerrilla de las FARC, y ojalá con el ELN sumándose, requiere de todo el apoyo estatal institucional, del compromiso y confianza de los ciudadanos y del acompañamiento de la comunidad internacional, para caminar en el propósito de desactivar los factores asociados al conflicto. No tendremos la paz perfecta, pero la preferimos sin dudar a una guerra sin salida. Porque la búsqueda y construcción de paz es, además de un derecho que debe garantizar el Estado, un deber ciudadano que a todos nos compromete.
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*Marco Anibal Avirama Avirama
Político y líder indígena Coconuco, miembro del Movimiento Alianza Social Independiente –ASI-, antes Alianza Social Indígena. Nació en el municipio de Totoró - departamento del Cauca-, el 14 de septiembre de 1945 (edad 70), En la década de 1970 se vinculó al movimiento indígena y fue presidente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); posteriormente fue directivo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y representante de los indígenas en diferentes juntas directivas de entidades estatales. Entre 2001 y 2003 fue diputado departamental del Cauca a nombre de la ASI, partido que presidió entre 2003 y 2009.En 2010 fue elegido Senador de la República por la Circunscripción Especial Indígena, siendo reelegido en el 2014
