Guillermo Segovia Mora
El senador y expresidente Uribe, líder máximo del Partido Centro Democrático (CD), dio a conocer, en primera persona, las razones por las cuales esa colectividad votará no al plebiscito sobre los Acuerdos de La Habana entre el gobierno y las Farc. Sin revisar su factura formal, algunas acotaciones a los precarios o fantasiosos argumentos expuestos.
“El Gobierno, las mayorías del Congreso, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral pretenden que la ciudadanía vote por el Sí al Plebiscito a partir de suprimir el derecho eficaz a la abstención, que carecerá de espacios oficiales de publicidad.”
Bien dice, los poderes del Estado determinaron o avalaron, según su competencia, un plebiscito dado que es el medio idóneo para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con la política de paz plasmada en los Acuerdos de La Habana. Es característica de este mecanismo de participación avalar o rechazar una política gubernamental. En tal sentido, la abstención es improcedente e inocua. Usted la requiere porque quería reclamar la abstención histórica sumada a la de sus huestes como un rechazo al gobierno. El Estado, no solo el gobierno, representado en los poderes públicos arriba señalados, como es su deber, estableció iguales condiciones de participación para las dos opciones, luego no pretende que “la ciudadanía vote el Sí”
“Me parece que fue ayer cuando en 2003, grupos de maestros, con todas las garantías, hacían publicidad televisiva por la abstención contra nuestro referendo que reducía el gasto público, recortaba el número de congresistas y combatía la corrupción. En este Plebiscito también niegan el derecho de votar en blanco que carecerá de renglón en el tarjetón. “
¿Cómo le parece que fue ayer, si fue en el 2003? Si fue referendo: someter al electorado un conjunto de reformas normativas, no fue plebiscito, no son lo mismo. Si aquella vez, por el carácter del mecanismo, se admitió el voto en blanco por qué dice que en éste “también se niega”. El referendo suyo tenía propuestas positivas y negativas, según el votante, y así se votó. Hubo quienes prefirieron abstenerse como rechazo a su gobierno. No pasó.
“Solamente nos queda la opción de decir Sí a la paz votando No al Plebiscito. Es una reacción de coraje de la sicología colectiva que considera que el Plebiscito trae una paz de corta vida, con riesgos de derogación, como en El Salvador, cuyo proceso fue respaldado de manera unánime en la Comunidad Internacional, con Naciones Unidas a la cabeza, a pesar de lo cual la ley de impunidad total de 1993 cayó hace pocas semanas. El Salvador vive afectado por una de las tasas de violencia más altas del mundo. Los gobiernos de la ex guerrilla han paralizado la economía. Este caso acredita que los responsables de delitos atroces se quedan sin refugios en el planeta.”
Si votan no, niegan los Acuerdos de Paz, luego, digan lo que digan, mientras no haya otro acuerdo para reiniciar conversaciones, apoyan la continuidad de la guerra contra las Farc. El acuerdo actual es para “la terminación definitiva del conflicto y una paz firme y duradera”, a menos que un gobierno suyo o bajo su liderazgo lo incumpla por “decisión de sicología colectiva” de una reunión partidaria. En El Salvador no se puede derogar nada porque los acuerdos y el conflicto político son cosas del pasado. La violencia de hoy tiene otras razones ligadas a las consecuencias económicas de un modelo neoliberal que en el posconflicto profundizó el derechista partido Arena, muy afín a sus criterios. El FMLN, que en sus parámetros sería “castrochavista”, apenas logró la presidencia 25 años después de la firma de la paz condicionado por la estructura socioeconómica imperante y ha gobernado sin producir alteraciones mayores. “Este caso” -si se refiere al salvadoreño-, no puede acreditar prófugos porque no los hay.
“Es una reacción de coraje de quienes sin opciones debemos votar No al ilegítimo Plebiscito. Ilegítimo porque solamente trae una pregunta y baja el umbral del 50% al 13%, con la disculpa que será por una sola vez y con el precedente de que después harán algo parecido para el ELN, las bandas criminales o cualquier invento dictatorial.”
Algo que se considera ilegítimo no se legitima participando. Los plebiscitos consisten en una opción binaria de respuesta alternativa única (si o no). Si revisa la argumentación especializada se dará cuenta que es más exigente el umbral aprobatorio que el de participación, porque se buscó dar a los resultados el mayor grado de legitimidad y, por supuesto, paradójicamente, al del no en caso de ganar. Fue aprobado por la máxima instancia constitucional.
Los precedentes son acontecimientos anteriores que afectan un hecho posterior cierto, luego no se pueden predicar del futuro con el ELN. ¿Cree que las instituciones que usted ha ayudado a forjar y ha regentado tolerarían un “invento dictatorial”?
“Plebiscito ilegítimo que con una sola pregunta prohíbe a los ciudadanos decir que quieren la paz, pero rechazan la impunidad.
Plebiscito ilegítimo que con una sola pregunta utiliza el estandarte cautivante de la paz para que en su nombre los ciudadanos tengan que aceptar condiciones al terrorismo generadores de nuevas violencias.”
Risible que en un ejercicio de una sola respuesta ésta se pueda condicionar: si pero no. Es un plebiscito no una encuesta radial. La calificación de impunidad parte de un prejuicio suyo y de sus partidarios que desatiende el contenido de los acuerdos y sin consideración desvirtúa la justicia transicional. Aun con esa tergiversación, y lo que implica de engaño, van a votar no, en un plebiscito que a la vez califican de ilegítimo. Si el gobierno y los negociadores están aceptando “condiciones al terrorismo generadores de nuevas violencias” (sic), deberían ustedes promover un juicio por indignidad contra ellos junto con la cómplice comunidad internacional y millones de colombianos. Imbéciles todos, según esa visión.
“Aprobar el ilegítimo plebiscito no evita la decisión del Gobierno de sumarle más impuestos a una comunidad agobiada por una administración presidencial incapaz de rectificar a fondo, que cambió la confianza de inversión por el populismo tributario y abandonó el diálogo popular por la claudicación ante el terrorismo. Gobierno incapaz de rectificar a fondo, que derogó la austeridad e implantó el derroche, que con la amenaza de las nóminas burocráticas y los fusiles intimidantes del terrorismo en acuartelamiento, pretende nuevamente coaccionar la voluntad electoral.”
El CD como partido o cualquier ciudadano tiene todo el derecho de evaluar al gobierno y su desempeño y de proponer alternativas, pero eso nada tiene que ver con el plebiscito para aprobar o improbar los acuerdos de La Habana, para lo cual un gobierno electo legítimamente, en uso de facultades constitucionales y legales, adelantó una negociación que concreta el mandato del Artículo 22 de la Constitución, “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. A pesar de esa facultad y del mandato electoral ciudadano, la convocatoria al plebiscito busca que sea el pueblo el que apruebe o no el acuerdo. De nuevo, si tiene pruebas de que el gobierno con “los fusiles intimidantes del terrorismo en acuartelamiento”, pretende “coaccionar la voluntad popular”, adelante cuando antes un juicio por indignidad y traición a la patria.
“ Negar el ilegítimo plebiscito daría luz verde a restablecer la confianza de las Fuerzas Armadas de la Democracia, necesaria para recuperar la seguridad, a través de un alivio judicial para sus integrantes, sin impunidad, sin igualarlos al terrorismo y sin exponerlos a ellos ni a los civiles a reconocer un delito, incluso no cometido, para evitar el riesgo de ir a la cárcel por sentencia del Tribunal de la FARC, cuyos jueces serán nominados por entidades y de acuerdo con los perfiles convenidos entre las partes de La Habana.
De las reiteradas declaraciones de los cabecillas de la FARC queda claro que con este Tribunal pretenden el protocolo de su absolución y el encarcelamiento de soldados, policías y civiles que les han estorbado el propósito de destruir a Colombia.
En lugar de reformar a nuestra justicia crean en su remplazo el Tribunal de la FARC; en lugar de generalizar la segunda instancia en nuestras cortes, con la justicia del efecto retroactivo, este Tribunal será de única instancia. Tendrá atribuciones para sustituir a la Procuraduría y a la Contraloría. Con la provisión de impedir la revisión futura de sus fallos se incurre en la pretensión inaceptable de negar el principio universal e intemporal de la favorabilidad.”
O sea que para tratar de recuperar ascendiente en las Fuerzas Armadas les prometen “alivios judiciales” que son iniciativas políticas siempre polémicas que para muchos implican, y es posible que la acepten, impunidad que no desaparece porque ustedes digan que no habrá. Ya las propias FF.AA. están claras que comparecer a la justicia transicional de paz no las asimila al terrorismo sino que las hace beneficiarios de un mecanismo para que haya simetría en el juzgamiento de hechos violentos en el marco del conflicto pero por fuera del servicio y violatorios de los DD.HH. y del DIH. Las condiciones de sanción son similares para todos los involucrados y van desde medidas restrictivas de la libertad hasta prisión según la comprobación del delito y el nivel de reconocimiento o no de la responsabilidad. Decir que habrá auto inculpación de delitos no cometidos es delirante o una coartada para salir al paso a sindicaciones incómodas que puedan ser demostradas, caso en el que habrá de comparecer cualquiera sea el involucrado, porque el acuerdo se hace sobre un trasfondo de develar a verdad.
Si la nominación de jueces es por acuerdo, no es un “Tribunal de las Farc” y es por lo menos atrevido descalificar por anticipado y a capricho su conformación que estará a cargo de una comisión acordada por las partes, de máxima prestancia e independencia. Con Igual irresponsabilidad y ligereza simplifica hasta la caricatura el procedimiento judicial acordado por eminentes juristas, suma mejorada de los avances de la justicia transicional y no objetado por las Naciones Unidas ni la Corte Internacional de Justicia. Los acuerdos determinan en Sistema Integral de Justica de la que el tribunal y sus salas será un componente y en su interior se darán las instancias de revisión y cierre. Como igualmente es justicia transitoria y restaurativa debe garantizar certeza y seguridad orientados a obtener verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
“Aprobar el ilegítimo Plebiscito equivale a aceptar la impunidad total, que en lugar de disuadir al crimen lo consagra campeón y sienta el ejemplo para más y nuevas violencias. Por respeto a la comunidad colombiana, a su reputación internacional, por los valores de familia, el Gobierno que presidí extraditó casi 1200 personas por el delito de narcotráfico. Lo hicimos en el pensamiento de evitar a las nuevas generaciones el señalamiento de la permisividad frente al narcotráfico. Pero resulta que el Gobierno acepta que en el caso de la Farc, el cartel de cocaína más grande del mundo, este delito, financiador de las mayores atrocidades, se considere político, esto es, sin extradición para los máximos responsables, sin cárcel doméstica y siempre con elegibilidad política.
Y la impunidad premia masacres, carros bomba y delitos como el reclutamiento de niños y los vejámenes relacionados.
Contrasta lo anterior con la impunidad total a la FARC, que deja sin cárcel a los máximos responsables de violación de niñas, obligadas a entregar sus cuerpos a los cabecillas, embarazadas y con fusiles presionadas a abortar.
Y el Gobierno suma a esta tragedia la propuesta de confundir la tolerancia y el respeto con el adoctrinamiento de la supuesta libertad sexual del niño, negando que la decisión sexual depende de la naturaleza y que la familia, su ejemplo y sus valores, son imprescindibles. “
“En las cárceles colombianas hay muchas personas por actos sexuales abusivos, nuestra legislación se ha endurecido en busca del respeto a la mujer y al niño.
Rechazamos el ilegítimo Plebiscito que acepta que la política de género, de defensa de la mujer y de las minorías, se negocie con la FARC que se ha distinguido por la violación a la mujer y la destrucción de la familia.
Aquí es necesario interrumpir la deshilvanada retahíla porque cuela hábilmente el conflicto orquestado contra la ministra de educación a partir de los lineamientos impartidos para que la comunidad educativa adapte los manuales de convivencia escolar a los requerimientos de la Corte Constitucional relacionados con el respeto a la diversidad, manipulando y tergiversando sus contenidos y usos a partir de criterios retrógrados, para subrepticiamente asociarlo en el contexto del plebiscito. Una alerta más de que la campaña estará salpicada de propaganda negra y sucia. Y en un malabar fenomenal rechaza el acuerdo sobre enfoque de género para lo convenido en las negociaciones, una enorme ganancia en la reivindicación de los derechos de la mujer y las luchas por la igualdad en el país, para intentar cuestionarlo por ser aceptado por las Farc. Mala fe.
El Gobierno dice que hay justicia porque investigarán, juzgarán e impondrán sentencia en estos casos atroces. Pero oculta que no habrá cárcel para aquellos que acepten la responsabilidad, y siempre gozarán de elegibilidad, todo lo cual equivale a amnistía o indulto prohibidos para delitos de lesa humanidad. El estatuto de la Corte Penal Internacional exige reclusión para estos delitos. Por su lado la Convención Americana de Derechos Humanos exige sanciones severas. Las ambiguas restricciones de vivienda y de movilidad, que se contradicen con la libertad que predica la FARC para hacer política, en los textos acordados están expresamente excluidas de cárcel o de medida de aseguramiento.
En resumen, para los delitos de lesa humanidad no hay reclusión, no hay sanción severa, no hay cárcel, no hay pena adecuada, lo que hace que la justicia disfrazada no sea justicia.
Nosotros aceptamos que los guerrilleros rasos no vayan a la cárcel, que sean objeto de una reinserción solidaria y generosa. Pero la falta de cárcel, así sea de tiempo reducido, para los máximos responsables, será la partera de nuevas violencias y creará riesgo jurídico a la estabilidad de los acuerdos, sin que exista período de prescripción que pueda subsanarlo.
Los cabecillas que se desmovilizaron entre 2002 y 2010 fueron a la cárcel, otros que escogieron continuar en el crimen serán premiados sin cárcel; qué esperar hacia adelante!
Decían mis contradictores que ocho años de cárcel a los paramilitares era muy poco, tenían razón, sin embargo, hoy muchos defienden cero cárcel para la FARC. No hay teoría política ni interpretación sociológica capaz de demostrar que las masacres de los unos son buenas y malas las de los otros.
La impunidad declara el triunfo del crimen que aumenta el desprecio por la ley, humilla a las víctimas y el dolor se acompaña de rencor, que no de perdón.”
La solución negociada de un conflicto implica la adopción de mecanismos excepcionales y transitorios para conjugar la situación generadora de la perturbación. En este caso las partes han acordado un Sistema Integral de Justicia que sin renunciar a la sanción opte por alternativas que contribuyan a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, eso sí, siempre que se reconozca la responsabilidad voluntaria y prontamente y no constituyan delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, violencia sexual y otras violaciones graves del DIH. La Corte Constitucional ha avalado la conexidad del narcotráfico con el delito político al ser éste el móvil de su comisión. El acuerdo sobre drogas ilícitas contempla el compromiso de las partes para la erradicación manual y programas de apoyo para la sustitución de cultivos. Al desaparecer como organización insurgente, los miembros de las Farc que delincan irán a la justicia ordinaria.
No menciona el ex presidente que el proyecto de justicia y paz, en desarrollo de los acuerdos de su gobierno para el desmonte del paramilitarismo. cobijo en forma amañada con la calificación de “delito político” a los miembros de bandas paramilitares asociadas al narcotráfico, autoras de las más horrendas masacres, la tragedia del desplazamiento y el despojo de millones de hectáreas, página atroz de la historia del país. Si bien la Corte Constitucional les negó el carácter político, en la práctica fueron cubiertos por la impunidad. De 33 mil desmovilizados de los paramilitares, apenas 3 mil fueron vinculados a justicia y paz, y, de ellos, solo 30 condenados en una década. La extradición de algunos cabecillas insumisos los sacó del escenario idóneo para el esclarecimiento de sus crímenes y purgan penas en EE.UU. por el delito de narcotráfico. Su aspaviento de que en su proceso hubo justicia y cárcel no tiene asidero. Menos si recordamos los líos en que está su comisionado de paz por utilizar dineros públicos en entregas simuladas de grupos armados disfrazados para el efecto. Vergonzoso.
En su cruzada contra los acuerdos ha convertido dos aspectos en cuestión de honor no transigibles consciente de que son inviables pero que al publicitarse afectan la credibilidad de lo pactado: cárcel y no elegibilidad. A sabiendas del rédito que simbólicamente representa el encarcelamiento y veto político del adversario como una señal de victoria, confunde acuerdo de paz con pax romana resultado del aplastamiento del enemigo. No es el caso, aunque sería su deseo. La solución pacífica obliga a la búsqueda de alternativas de justicia en las que, sin renunciar a la sanción concomitante a un hecho violento, su castigo contribuya a conocer la verdad, reparación material o simbólica del daño causado y compromiso de que no volverá a suceder.
En concordancia con todo lo anterior se estableció que para aquellos delitos, distintos a los expresamente excluidos de la justicia transicional por sus graves características, en los que haya reconocimiento de responsabilidad y compensación reparadora se impondrán penas consistentes en restricciones a la libertad sin cárcel y reparación a la comunidad de entre 5 a 8 años, si tal reconocimiento se da de forma tardía procesalmente la pena se transformaría en internamiento penitenciario en el mismo período, que aumentará hasta 20 años si no se produce el reconocimiento de la comisión del delito y éste es demostrado.
Como en todo proceso similar los combatientes que se encuentren encarcelados por delitos políticos y menores y la tropa serán beneficiarios de una ley de amnistía para la cual el Presidente de la República está revestido por las facultades de la Ley de orden público vigente. Los acuerdos avalaron que no habrá interdicción de derechos políticos. La excepcionalidad de la cárcel y la participación política de los insurgentes ha sido condición básica de los acuerdos que han llevado a la desmovilización de grupos insurgentes en todo el mundo. Basta examinar los casos de El Salvador con el FMLN (salvo Joaquín Villalobos), Guatemala con la URNG, Irlanda con el IRA y Suráfrica con el CNA. Los planteamientos del Centro Democrático habrían implicado devolver a Mandela a la cárcel. Que se sepa ninguno ha vuelto a la guerra.
Uno de los principios sobre los que fundamentó esta negociación fue el de colocar a las víctimas y su reparación por parte de todos los actores en el centro de los acuerdos, caso ejemplar a nivel internacional. Las víctimas hicieron parte de la agenda, fueron escuchadas por la mesa, un capítulo de los acuerdos trata de responder a sus requerimientos y muchas han hecho público su perdón a los victimarios que han reconocido la agresión y han expresado la voluntad de ser perdonados. Las Farc aceptaron reparar a sus víctimas.
“Votar No al ilegítimo Plebiscito es evitar la elegibilidad política de criminales responsables de delitos de lesa humanidad, es evitar que quienes asesinaron a la comunidad de Bojayá se conviertan en sus autoridades. Nuestra democracia ha vivido en permanente mejoramiento, la guerrilla pidió la elección popular de alcaldes y de gobernadores, tan pronto se incorporó empezaron la coacción y el asesinato de las autoridades elegidas. ¡Qué le dirán a quienes carecen del derecho de elegibilidad como los miles de presos que en promedio han cometido delitos menos graves que los de FARC, como los políticos que han perdido la investidura o los paramilitares que tampoco pueden ser elegidos! Nuestra democracia merece no premiar con elegibilidad a quienes la han bañado en sangre.
Los acuerdos excluyen de la justicia transicional los delitos de lesa humanidad. Es imposible que los responsables de las muertes de Bojayá puedan ser autoridades de ese pueblo en tanto autoría colectiva sin determinar responsabilidades individuales en una confrontación entre paramilitares y guerrilla que involucró y afectó a la población civil. La comunidad de Bojayá aceptó la asunción de responsabilidad y la solicitud de perdón de las Farc.
La elección popular de alcaldes y gobernadores fue durante décadas una reivindicación de los sectores democráticos del país y precedió como acto de apertura a cualquier negociación con la guerrilla. A las Farc se les ha reconocido históricamente el carácter de actor político en un conflicto armado interno, salvo durante su gobierno. En virtud de ese status, que no es el de los demás casos señalados -incluidos políticos cómplices del paramilitarismo, algunos pocos paramilitares aun detenidos de los muy pocos condenados, y corruptos- se concede elegibilidad política como en casos similares en todo el mundo.
“No entendemos que quienes sufren y combaten al terrorismo en Estados Unidos, Francia, Bélgica, acepten la impunidad y la elegibilidad del Acuerdo de La Habana. ¿Por qué políticos y medios de comunicación de España presionan darle a FARC la impunidad que nunca dieron a Eta?”
Porque comprenden que se trata de una situación diferente, con un actor histórico levantado en armas por razones políticas y socioeconómicas y valoran la posibilidad de una Colombia en paz tras seis décadas de confrontación degradada en los años 80 por una contrainsurgencia extra oficial que asesinó miles de personas sin que el Estado hubiera sido capaz de garantizar los derechos humanos y en muchas ocasiones sus agentes se prestaran a esas acciones por coincidencia de objetivo o, como en su gobierno, porque estímulos e instrucciones perversas condujeron al asesinato de miles de civiles en los “falsos positivos”
“Votar Sí al ilegítimo Plebiscito es aceptar que FARC, el tercer grupo terrorista más rico del mundo, no aporte un solo centavo para reparar a las víctimas, haga política con caudales de dinero ilegal y compre las armas que remplacen a las entregadas.”
La financiación de las campañas está regulada. El uso de recursos ilegales y la violación a las disposiciones de la legislación electoral es conducta frecuente entre los partidos legales que participan en la brega política. De esa maña no escapó el comité promotor de su reelección cuyas indelicadezas lograron ocultar por prescripción. El uso de dineros ilegales por la guerrilla no escapará al control de sus adversarios ni de los organismos pertinentes. Si se desmovilizan ¿para qué las armas y cómo las utilizarían los desmovilizados? Si sus servicios de investigación tienen indicios debería informar al gobierno y la Fiscalía porque tal conducta sería razón suficiente para romper el proceso.
“Está bien que se hable de entrega de armas, pero hoy promueven sus acuerdos con uniformes y armas, siguen en la extorsión, ejercen control territorial, continúan en el narcotráfico, y con su dinero podrán adquirir cualquier armamento. Los plazos indican que el Plebiscito coincidirá con la FARC armada. Y hay temas que parecen menores pero flagelan el corazón de muchos colombianos como los monumentos que serían construidos con las armas entregadas.”
Pues no se han desarmado porque no se han cumplido las condiciones para el desarme. Si conoce de delitos denúncielos. Su presión ayudó a que se sometieran los acuerdos al plebiscito, entonces las Farc tienen toda la razón de pedir seguridad jurídica. Es decir, desmovilizarse, desarmarse y reintegrarse una vez esté firmado y aprobado el acuerdo final y se garantice la amnistía a la tropa. Los monumentos son expresiones simbólicas para perpetuar la memoria del horror vivido, por culpa de todos los actores, y de la voluntad de que eso no se volverá a repetir.
“En cuanto a las zonas de concentración nos oponemos a que operen en sitios como el Catatumbo, allí la FARC somete a la comunidad desprotegida, impone el narcotráfico y aprovecha el corredor de frontera que la refugia en la tiranía vecina. Nos oponemos a que las zonas de concentración sean establecidas en zonas como Ituango, allí la FARC se nutre del narcotráfico, de la minería ilegal y de la extorsión a los ingenieros que construyen las obras carreteables, complementarias de la hidroeléctrica.
En cuanto a las zonas de concentración nos oponemos a la presencia de soldados castristas, la dictadura cubana estimuló las guerrillas colombianas hasta que éstas se enriquecieron con el narcotráfico y tuvieron autonomía, también ha invadido a Venezuela y asesora a la tiranía de Maduro para enfrentar la crisis humanitaria con el escalamiento de la represión. “
Preguntamos: ¿Por qué la vigilancia de la comunidad internacional prescinde de la OEA? ¿Será por el designio chavista de remplazarla por la CELAC, institución que excluye a Estados Unidos y a Canadá?”
Se concentran donde han tenido presencia histórica y se desmovilizarán para reintegrase a la sociedad en los territorios a los que pertenecen, renunciando al accionar insurgente. Los soldados cubanos hacen parte de una fuerza internacional de garantía de los acuerdos. Usted, en su momento, agradeció a Fidel Castro su colaboración en iniciativas de paz en estos términos: “Le tengo gratitud a Fidel Castro en nombre de todo el pueblo colombiano. Nos ha ayudado mucho en todos los temas de Sudamérica, de Latinoamérica en general y en el tema de la paz y por eso la relación con Cuba es transparente, clara y amistosa.” (Declaraciones al diario El Tiempo, Bogotá, Colombia, 10 de junio de 2006). Con Chávez sucedió igual en sus varios años de amores y desamores. Pésima, selectiva y oportunista memoria. Hasta ahora la OEA ha manifestado su apoyo a lo hecho por el gobierno colombiano, al igual que Canadá y los Estados Unidos. ¿Usted impugna en nombre de esos gobiernos o los reprocha?
“Las zonas de concentración no pueden ser los enclaves socialistas anunciados por los voceros de la FARC.
¿Qué pasará con los milicianos urbanos de la FARC, irán a las zonas de concentración?
¿Por qué mientras no hay claras garantías para la población civil, se eleva a la FARC a la categoría de socio del Estado, o grupo paramilitar para combatir paramilitares?
La mezcla de instituciones con criminales con el pretexto de combatir a otros criminales es autorización a que cada quien se sienta autorizado a ejercer violencia.”
Votar si al ilegítimo Plebiscito es labrar un porvenir entre el mínimo progreso o la destrucción como en Venezuela, donde hay más pobreza que en 1998 cuando empezó el Socialismo Siglo XXI, doctrina política que en Colombia el terrorismo no pudo imponer por las vías del asesinato y del secuestro.
La destrucción de Venezuela empezó con el indulto al golpista Coronel Chávez, su elección y la imposición de su socialismo, que como candidato ocultó. Sin embargo, la FARC no oculta su doctrina de Socialismo Siglo XXI. Todo terrorismo exhibe fachada ideológica. Y el Gobierno le allana el camino. En efecto, nuestras libertades de iniciativa privada han sido puestas en negociación en el preámbulo de los acuerdos, en la carta presidencial de disposición de analizar el chavismo, bastante celebrada por la FARC, en las referencias a la minería, al comercio, a la agricultura. La ley de tierras, cuota inicial a la FARC, ha desatado una lucha a "machete" y muchos propietarios se niegan a devolver lo adquirido de buena fe. El medio ambiente y la adecuada explotación se esgrimen como disculpas como apoderar a la FARC como co-gobierno en el agro. Y nos quieren hacer olvidar que ha sido su verdugo. Las zonas de reserva campesina condenan al campesino a ser siempre pobre, a carecer de socios que promuevan agro industrias. Han sido paraísos de narcotráfico y feudos de fusiles terroristas. Dejarán de ser discrecionales y pasarán a ser obligatorias en virtud de los acuerdos. El fondo de tierras no excluye propiedades de personas honestas del campo, que si las presionan harán fila en las oficinas públicas para vender sus inmuebles, con el costo de reducir más los decrecientes sectores productivos del campo.
El Socialismo chavista expropió el emprendimiento productivo y dejó a Venezuela sin alimentos, con rastrojos improductivos, sin industrias básicas ni estratégicas, con escasez crónica por falta de exportaciones. Anularon la economía privada y el petróleo no les alcanzó. Todavía peor, Venezuela ha pasado de la crisis económica a la crisis humanitaria.
Votar No al ilegítimo plebiscito es notificar al Gobierno que el agravamiento de los problemas nacionales, a consecuencia de sus decisiones, no se soluciona dejando a Colombia bajo conducción de la FARC.
Votar No al ilegítimo Plebiscito es iluminar el camino del progreso social de la Nación a través de la seguridad, el empuje del emprendimiento privado incluyente e innovativo, todo acompañado de educación universal, de calidad, y de la transparencia en la actividad pública y privada. Es iluminar el camino de la solidaridad que es la pareja inseparable del crecimiento económico.
Para reivindicar a nuestros campesinos no requerimos el Gobierno del narcoterrorismo sino el Gobierno de la democracia, de las libertades, que es superior a las elecciones compradas, controladas y con los fusiles ordenando a los votantes.
El Socialismo chavista expropia la libertad de prensa, el Gobierno de Colombia con contratos paga a algunos periodistas, con amenazas trata de atemorizar a otros.
Aseguran que el Gobierno no es castro chavista, creo que su acervo doctrinario no lo es, sin embargo lo permite y le abre al terrorismo las avenidas del 2018 y por tarde las del 2022. Todo en su afán de lucimiento y de oscurecer tanto desacierto.”
La Constitución consagra, al lado de las forma de propiedad y producción privada, la cooperativa y asociativa. No se les puede negar a los miembros de las Farc desmovilizados opciones de inserción económica. Las zonas de reserva campesina son legales. Los acuerdos en absoluto respeto por la propiedad privada convienen en devolver a miles de campesinos despojados por la violencia cerca de 6 millones de hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas mediante asesinato y desplazamiento a 6 millones de colombianos. La buena fe que usted eleva a generalidad fue una excepción.
En Colombia, constitucionalmente hay libertad de pensamiento, opinión y expresión y ejercicio de derechos políticos excepto por determinación judicial. El socialismo es una corriente política no proscrita en nuestro régimen plural de partidos. Si el electorado elige esa opción, es deber democrático respetarla. Al parecer una de sus mayores obsesiones es evitarlo pero la decisión está en manos del electorado, entre más educado políticamente y menos fanatizado, mejores serán sus determinaciones.
Las Farc deben identificar y ubicar su membresía preservando su seguridad, incluyendo sus milicianos. ¿Dónde las Farc son “socios” o “están mezclados” con instituciones? Si lo sabe debe denunciarlo. Otra cosa es la garantía de seguridad de los combatientes por niveles de proximidad en las áreas de campamentación en donde ellos protegen su espacio inmediato y otras fuerzas los anillos siguientes, como en procesos similares
Su visión de Venezuela es un tema ajeno al plebiscito.
“Votar No al ilegítimo Plebiscito es rechazar que el Gobierno y la FARC se auto designen constituyentes, con la aprobación previa del Congreso a la pretensión de elevar los acuerdos a Norma Constitucional inmodificable. Para ello han publicado que utilizarán los Acuerdos de Derecho Humanitario de Ginebra, no obstante que estos son para mitigar la crueldad en los enfrentamientos, no para aprobar lo Divino y lo humano que el Gobierno le ha concedido a la FARC. ¡Qué injusticia utilizar los Acuerdos de Ginebra para intentar asegurar la impunidad a la FARC que en su violencia se ha negado a cumplirlos como lo acreditan secuestros a aviones comerciales, a pasajeros de ambulancias o ataques utilizando seres humanos con collares bomba, etc, etc!
Negar el ilegítimo Plebiscito permitirá escribir una memoria histórica que reconozca, como dijera Alberto Lleras, que la Nación "ha tenido ruinas y cimientos, que nuestros padres han vivido, trabajado y sufrido sobre ella". Cosa distinta a la memoria histórica que se avecina a desconocer que esta democracia ha construido progreso a pesar del terrorismo; memoria histórica próxima a decir que la luz se hizo por el Acuerdo, que en nombre de la Paz, pone a Colombia en la senda del fracasado Socialismo siglo XXI.”
Que se sepa, los acuerdos, una vez aprobados por el plebiscito, es decir por el constituyente primario que es el pueblo colombiano, harán tránsito en el Congreso de la República, constituyente delegado y por acto legislativo pasarán a formar parte de artículo transitorio que busca darles blindaje jurídico en virtud de los nuevos alcances doctrinarios y jurisprudenciales referentes al Convenio 3 de Ginebra que atienden, más allá de la situación humanitaria a precaver o afrontar, las causas desencadenantes de la misma y en esa medida las soluciones de fondo a la confrontación generadora de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Se busca que los compromisos incorporados sean una obligación de Estado y su cumplimiento leal por los gobiernos por venir, en la medida en que la contraparte al desmovilizarse, desarmarse y reintegrarse a la sociedad habrá cumplido. Si bien las Farc ha cometido varias violaciones al DIH que serán documentadas y sancionadas por la justicia especial de paz, el caso del “collar bomba” ha sido demostrado hasta la saciedad que fue una manipulación mediática achacar a las Farc su autoría y no es serio de su investidura traer ese tipo de ejemplos.
Descomedido por lo menos acusar a representativos personajes de la vida institucional del país presentes en la mesa, de coludirse con las Farc para desfigurar la historia. Usted prefiere la historia oficial institucional, idílica homogénea y jerárquica. La mesa, la construcción de un relato compartido de nación más fiel a nuestro pasado y la realidad de hoy, capaz de ser referente colectivo de propósitos comunes del mañana. Inconcebible que si advierte que el acuerdo es el abrebocas del Socialismo del siglo XXI, llame a sus huestes a legitimarlo con su voto.
En el manifiesto continúan varias parrafadas sin ningún asidero, afirmadas como verdades indiscutibles por quienes consideran al resto de los ciudadanos en condiciones inferiores de entendimiento y a sí mismos principio y límite de la verdad y la razón. Un alegato de tergiversaciones y mentiras para sostener una posición incoherente, una convocatoria que se juzga ilegítima pero en la que se participa para eventualmente reclamar legitimidad si es favorable al no, caso en el cual quedará en evidencia otra falacia pues decir que servirá para “mejorar” la negociación es jugar contra la lógica. Planearle a las Farc la renegociación de puntos largamente discutidos y acordados tras una paciente y completa indagación sobre los máximos posibles para las partes, es decir retrotraerse de lo acordado para aceptar penas de prisión y supresión de derechos políticos para sus mandos es ni más ni menos que empujarlas a acabar con el cese bilateral de fuegos y continuar con el conflicto armado interno sin certeza del final y con la seguridad de cientos de muertos más que se pudieron evitar.
Los Acuerdos de La Habana incluyen compromisos fundamentales para colocar las bases de la modernización del campo, desarrollo en los territorios atrasados, equidad y justicia en la propiedad de la tierra, impulso de la economía agraria, alternativas a los cultivos de uso ilícito, ampliación y profundización de la democracia, reconocimiento y reparación de las víctimas y, desde luego, el fin del conflicto más viejo del mundo con la desmovilización de las Farc como guerrilla y su conversión en partido político. Por artes mediáticas, todo ello ha pasado a un segundo plano para poner un foco distorsionado en la consigna intransigente y maximalista de cárcel y no elegibilidad, con la seguridad que tal posición destruye los acuerdos. Es la invitación de quienes promueven el no, dispuestos a continuar la guerra.
