Marco Aníbal Avirama Avirama
Comenzamos el año con la noticia de los niños y niñas más pobres del pueblo wayuu muriendo por hambre y enfermedades relacionadas.
La muerte de centenares de niños en ocho años, mereció que en diciembre pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cobijara con medidas cautelares a esta población porque su vida estaba amenazada. A los pocos días el gobierno nacional estaba solicitando el levantamiento de dichas medidas afirmando que estaba actuando sobre las causas estructurales del hambre en estas comunidades y adelantaba acciones de protección. Sin embargo para comienzos de julio la cifra de menores fallecidos por hambre ya superó la cifra de muertos en 2015 y el gobierno admite que sigue “descubriendo fallas” en la protección debida a ellos.
Luego de la Comisión interamericana, el Tribunal Superior de Riohacha, le ordenó en junio al presidente Santos solucionar la emergencia humanitaria. Hace dos semanas la Corte Suprema de Justicia se pronunció declarando una evidente violación de los derechos de los niños y ordenando la pronta atención del Estado en coordinación con la Presidencia.
Esta situación no tiene nada de novedosa. Solo que se hizo difícil tapar esta olla podrida que compromete al gobierno central, los partidos políticos, las empresas que explotan los recursos del suelo y subsuelo, los grupos paramilitares, los caciques locales amangualados con todos ellos, la inoperancia de los organismos de investigación y control. Se conoce de sobra la corrupción alrededor de los recursos de transferencia con destino a las comunidades indígenas que se quedan en las alcaldías, los negociados con los recursos de salud y con las regalías, la falta de consulta y concertación con las comunidades, y la corrupción por parte de instituciones privadas y públicas que se llevaron el dinero destinado a la alimentación de los niños, en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, y en los Paquetes Nutricionales financiados con recursos del Sistema General de Regalías, como lo señala la Contraloría General de la Nación.
Es por estas razones que el día de mañana, los guajiros protestarán una vez más en el marco de un paro cívico para exigir del gobierno central y regional pronta solución a una problemática ya identificada y que aún no recibe una atención adecuada.
Esperamos que se respete la protesta social por parte del gobierno y por parte de los intereses políticos partidistas tanto locales como nacionales, que se ejecuten prontamente las órdenes judiciales, y que se detenga la muerte por hambre y sed de los menores wayúu, que se convirtió en el gran negocio de los corruptos que se han apropiado de los recursos destinados a atender esta población.
