Las cartas están echadas. Esa podría ser la conclusión de la reunión realizada este jueves 12 de octubre en la comunidad del Chuscal –territorio U’wa-, después que la Asociación de Autoridades Tradicionales U’wa -ASOU’WA- presentara su posición formal a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, luego de varios intentos fallidos, en los cuales indígenas y gobierno deberían fijar sus puntos de vista sobre el proceso de consulta previa, en el marco de las exploraciones del proyecto Sirirí y Catleya.
En un documento de 93 folios, que rebasa su tradicional argumento del “petróleo es la sangre de la tierra”, los indígenas presentaron en esta oportunidad un completo estudio, que en términos jurídicos, económicos, ambientales, culturales e históricos expresa su posición de rechazo a la Consulta Previa. La Consulta Previa es un derecho de los pueblos indígenas, consagrado en el Convenio 169 de la OIT y ratificado por Colombia mediante la ley 21 de 1991. La posición de los indígenas rechazando la utilización de este instrumento, se dio con presencia de delegados del Ministerio Público de Colombia, de la empresa estatal ECOPETROL, de otros funcionarios del gobierno nacional y ante unos cuatrocientos miembros de las comunidades.
La interlocución que desde el año 2004 vienen adelantando el gobierno nacional, la empresa estatal Ecopetrol y el pueblo indígena U’wa de Boyacá, Santander y Norte de Santander para la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona del Sarare, arrojó la negativa de las comunidades, la cual se sintetiza en los siguientes paradigmas:
Históricos: Los indígenas tienen derecho preexistente sobre la tierra, debe haber un reconocimiento de la posesión ancestral y milenaria amparada entre otros, en el artículo 765 del Código Civil Colombiano sobre dominio, ocupación, accesión y posesión.
Jurídicos y legales: Hay abundante legislación y jurisprudencia sobre el caso que protege los derechos de los pueblos indígenas, adicionalmente hay una demanda interpuesta ante la CIDH por el caso U’wa – Oxy que en este momento se encuentra suspendida. La consulta previa ha sido reducida al acuerdo sobre el manejo de impactos, mas no a un ejercicio deliberatorio sobre el conjunto del proyecto y su ejecución o no, sin embargo el Convenio 169 de al OIT no prohíbe el veto a los proyectos.
Económicos: Según el documento presentado hay estudios que demuestran, que la explotación petrolera no es la garantía para la estabilización de la economía y que por el contrario hay suficiente evidencia para afirmar que, en estos casos hay un aumento de la deuda externa y otros efectos negativos en términos económicos, a esto se adjunta un estudio realizado por la Universidad de Stanford.
Ambientales: La función ecológica que según la Constitución Nacional deben tener las propiedades se cumplen en el caso del territorio U’wa en todas sus dimensiones.
En este sentido y en consonancia con la reciente declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se afirma “el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones, y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades”.
La comunidad U’wa reitera su exigencia al gobierno nacional para que se respete su territorio y autodeterminación “Tenemos derecho a decidir nuestras propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y en la medida en que este afecte nuestras vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual porque el petróleo es la sangre de la madre tierra, es sagrada y no debe tocarse”.
Ante estas afirmaciones el gobierno invitó a la comunidad a tomar el documento como un punto de partida e insistió en que el proceso se había realizado dentro del principio de buena fe que establece el Convenio 169 de la OIT.
Según declaraciones de funcionarios del Ministerio del Interior conocidas este viernes por Actualidad Étnica, “el gobierno nacional expresa su complacencia con el espíritu de cordialidad en que transcurrió la reunión y manifiesta su interés en hacer un estudio riguroso sobre los argumentos expresados en el escrito por las comunidades”. Según la fuente, la presencia decidida del gobierno “en el territorio U’wa se corresponde con su vocación de llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas, en un estricto cumplimiento de las normas nacionales e internacionales y en un claro reconocimiento al derecho que asiste a los indígenas a manifestar sus consideraciones sobre todos aquellos proyectos que se pretenda desarrollar en sus territorios, aclarando que dicha conducta no podrá entenderse como una renuncia a salvaguardar el interés general de los colombianos”.
