Las últimas décadas han representado un tiempo de cambios extraordinarios para el movimiento indígena colombiano, si consideramos la diversidad e intensidad de la presencia de actores sociales y económicos, muchos de ellos nuevos. En este cambiante escenario del país, la respuesta de los pueblos indígenas ha sido a través de la búsqueda de nuevas formas de organización social y política.
Los indígenas tuvieron que innovar organizaciones, redefinir los roles de liderazgo y forjar dirigentes para responder más adecuadamente a los nuevos desafíos que ponían en peligro su integridad territorial y cultural.
Para muchas comunidades, esto implicó un intenso proceso de revitalización y rescate cultural como condición para amalgamar convergencias en función de objetivos y estrategias. Entre los indígenas, la renovada afirmación de su identidad colectiva fue parte de este esfuerzo y cobró particular importancia para forjar o consolidar sus organizaciones.
Todo este esfuerzo organizativo requirió un intenso proceso de capacitación de líderes (formal e informal) y un aprendizaje veloz del manejo de relaciones con distintos actores en las localidades, regiones y con funcionarios estatales de representación nacional. En ésta última, se dio la necesidad de conocer y maniobrar una verdadera maraña de gestiones burocráticas para los trámites más elementales que les permitiera superar las dificultades surgidas como consecuencia de la ausencia, lejanía o indiferencia de autoridades estatales en los territorios indígenas casi siempre muy apartados del centro del país. De esta forma trataron de sobrepasar el poder local que constituía el primer eslabón de una estructura de exclusión social.
El proceso organizativo de los indígenas no se puede entender sin tomar en cuenta la inter-relación entre la afirmación de su identidad cultural y la de sus derechos ciudadanos. Hasta recientes décadas, el reconocimiento, y más aún, el ejercicio efectivo de sus derechos como ciudadanos, ha sido frecuentemente ignorado.
Un efecto importante de este proceso, además de revelar nuevas formas de organización y estrategias, ha sido la creciente participación de los indígenas colombianos en los procesos electorales, incluyendo la victoria de alcaldes indígenas en varios distritos y provincias municipales donde tradicionalmente la población indígena era considerada minoritaria o marginada. Un buen ejemplo lo representa el departamento del Cauca donde además de contar con un gobernador indígena, parte importante de sus alcades entre los que se cuentan los de los municipios de Toribío, Jambaló y Caldono son indígenas, al igual que la mayoría de los concejales. Tienen un diputado en la Asamblea y un Senador de la República.
Dicha participación implicó, entre otros aspectos, establecer nuevas relaciones para superar la tradicional indiferencia o prepotencia hacia los indígenas por parte de muchas autoridades locales.
Un aspecto muy positivo de las experiencias organizativas ha sido la intensa interacción entre líderes de diferentes pueblos indígenas, algo que estuvo casi ausente en las décadas anteriores, salvo el contacto entre el liderazgo de pueblos indígenas vecinos o de la misma región. Se han forjado alianzas inter-étnicas de mayor envergadura. La comunicación entre líderes y pueblos indígenas lingüísticamente diferenciados a través de organizaciones nacionales como la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC- Y Autoridades Indígenas de Colombia –AICO—propició el creciente contacto entre sí y contribuyó con la generación de una mayor conciencia de los intereses comunes que les permitió proponer estrategias de solución compartidas.
Con frecuencia los representantes legítimos de las organizaciones indígenas son ignorados o cuestionados en cuanto a su representatividad, esto constituye un esfuerzo adicional por cuanto tienen que invertir recursos humanos y económicos, para defender su territorio de procesos complejos como la colonización, la incursión de empresas agroindustriales, madereras, mineras y petroleras, y otros agentes económicos que cuentan con un marco jurídico favorable y un evidente apoyo del Estado, por acción u omisión.
La presencia de actores ligados al narcotráfico y a otras actividades ilegales, la incursión de grupos armados insurgentes y en algunos casos, los propios puestos policiales y militares encargados de reprimirlos, han provocado situaciones de violencia que constituyen obstáculos que han de sortear los alcaldes indígenas en sus áreas de jurisdicción.
Al participar en las elecciones municipales y luego asumir nuevos cargos y responsabilidades en los gobiernos locales, se evidencia la carestía de profesionales indígenas, para que sirvan de apoyo técnico y de confianza a las autoridades indígenas elegidas. Los nuevos alcaldes actúan en un contexto a veces hostil o escéptico de su gestión por ser "nativos” de parte de empleados municipales. Los alcaldes indígenas tienen un gran reto para demostrar su capacidad de ejecutar obras, es de anotar que son pocas las organizaciones indígenas y ong's que están prestándoles un apoyo técnico para enfrentar este desafío.
