En una clara violación a lo consagrado por el artículo 27, literal b, de la Ley 48 de 1993, que exime a la población indígena de prestar el servicio militar, el Ejército Nacional viene reclutando de manera forzosa a jóvenes de los resguardos de Cumbal, Mueses, Carlosama, Panam, Muellamués, Guachucal, El Rosario, El Encano, Córdoba y San Pablo, pertenecientes a los municipios de Cumbal, Guachucal y Potosí.
De acuerdo con el senador indígena Efrén Tarapués, desde hace un mes el grupo Cabal Motorizado No. 3 de Ipiales viene realizando la labor, bajo el amparo de la política de seguridad democrática que posibilitó el reclutamiento de soldados campesinos.
El parlamentario sostuvo que la mejor política de seguridad que puede implementar el Gobierno es dejar a las comunidades desarrollarse autónomamente. Además, desmintió la información proporcionada por el comandante de la Tercera División del Ejército, general Francisco Pedraza, quien sostuvo para el diario capitalino El Tiempo que los jóvenes no son indígenas, no fueron reclutados forzosamente y las comunidades están sometidas a las presiones de la insurgencia para convertir a indígenas y campesinos en especie de esclavos en el proceso de producción de amapola.
“Esas versiones – sostuvo el parlamentario – son falsas. Los jóvenes reclutados forzosamente son indígenas, son alrededor de 30 en el departamento de Pasto. La verdadera seguridad que nos puede ofrecer el Gobierno es permitir nuestro desarrollo de manera autónoma. Las FFMM deben comprender que los jóvenes son el futuro de las etnias y de la cultura. Su reclutamiento bajo cualquier figura o circunstancia no solo es ilegal, sino que compromete nuestra pervivencia”.
Ante la situación, las Autoridades Tradicionales buscaron obtener una respuesta por parte de la Ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, quien estuvo en el corregimiento de Chiles, municipio de Cumbal, el pasado viernes 14 de marzo. No obstante, las autoridades denuncian que varios retenes militares impidieron que las delegaciones lograran arribar al corregimiento. Esa situación motivó al senador Tarapués a solicitar al Ministerio de Defensa una respuesta oficial.