En cumplimiento de su principal promesa desde la campaña electoral, el Presidente Álvaro Uribe ha puesto todo su empeño y gran parte del presupuesto nacional en lo que considera el eje de la Política de Seguridad Democrática: el fortalecimiento de la Fuerza Pública ! Si bien ello ha permitido pasar a la ofensiva en la lucha contrainsurgente, en las dos últimas semanas el país ha sido virtualmente sacudido, no por los triunfos militares sino por los errores y escándalos al interior de la fuerza pública y en la Fiscalía General de la Nación. Los hechos saltan a la vista:
- El trágico y sospechoso caso de muerte de policías a manos del ejército en Guaitarilla, Nariño, del cual, a pesar del plazo perentorio de quince días fijado por el Sr. Presidente para aclarar la situación, al cabo de dos meses no se tiene un informe definitivo, lo cual da para imaginar la gravedad de los hechos y sospechar de la demora.
- La dolorosa muerte de una familia campesina a manos de ejército en Cajamarca por haberla confundido con guerrilleros;
- Las muertes por paradójico “fuego amigo”entre patrullas del ejército en el Meta;
- Las acusaciones, despidos, filtraciones de información y demás contradicciones que evidenciaron ante la opinión pública el nivel tan grave de corrupción al interior de la Fiscalía General de la Nación, entidad que constituye uno de los principales ejes de la justicia en Colombia. Paradójico que un fiscal antimafia diga que fue destituido por la mafia.
- Los casos generalizados de corrupción en la policía nacional que conllevaron a que el gobierno anunciara unas reformas de fondo en esa entidad.
- La captura de un sicario acusado de 140 crímenes, quien paradójicamente estaba hospedado en el Club de Oficiales de las Fuerzas Militares.
- El descubrimiento de Coca en el Buque Insignia Gloria, que cubre de deshonor ese símbolo de la Armada Nacional, buque cuya utilidad no se compagina con sus costos y las prioridades del país.
Ante estos y otros hechos similares, nos preguntamos si las mencionadas instituciones pueden ser garantía de una política de Seguridad Democrática. Paradójica inseguridad en los cuerpos de seguridad del Estado!. Pero lo más inaceptable es que, precisamente en este momento, el Congreso de la República, a base de componendas políticas y mayorías amarradas, haya aprobado el Estatuto Antiterrorista otorgándole a estas fuerzas más poderes sobre la sociedad civil. De qué valieron los argumentos de los congresistas del Polo Democrático y algunos liberales que trataron de oponerse, o las críticas internacionales?.
Acá en Colombia todo eso puede ocurrir sin que la mayoría de la opinión pública reaccione en defensa de la democracia y los derechos fundamentales. Pero ante el mundo, todo ello es un escándalo! Amnistía Internacional acaba de denunciar cómo en Arauca, escenario de prueba de la seguridad democrática, las violaciones de los derechos humanos, la impunidad y la guerra se han intensificado considerablemente. En TAME fueron asesinadas 175 personas en el 2003 y entre enero y noviembre de ese año “el 47 % de los homicidios, detenciones y privaciones de libertad arbitraria contra sindicalistas en todo Colombia ocurrieron en Arauca”[1]. Si bien Amnistía no es de mucho agrado para nuestros gobiernos, sí tiene respetabilidad a nivel internacional. Igualmente, si aquí el tema de los derechos humanos es visto prácticamente como un obstáculo a la seguridad democrática, a nivel internacional constituye la agenda más avanzada de la democracia.
Hay que abonarle al gobierno, ciertamente, la presión que ha venido ejerciendo en contra de los narcos, como se evidencia en las extradiciones y la incautación de bienes (471 propiedades en los últimos tres meses). Según informaciones de prensa, el Estado ya ha recibido por extinción de dominio 2.784 propiedades, la mayoría de ellas en el sector agrario. Y muchas más podría recibir como resultado de las negociaciones de paz. Con esa tierra podrían beneficiarse miles y miles de familias campesinas, afrocolombianas e indígenas, especialmente los desplazados. Pero éste -que sí es un tema de seguridad ya que la guerra es rural y sus orígenes estuvieron ligados al problema agrario- no aparece como prioritario del actual gobierno, a pesar de que su ministro de agricultura, Dr. Carlos Gustavo Cano, haya mostrado interés en ese propósito. Aquí habría una oportunidad para una política social seria, que contrarrestara el proceso de contrarreforma agraria de los últimos veinte años basado en el narcotráfico y violencia, paradójicamente ocurrido mientras el país continuaba financiando un inoperante instituto de reforma agraria.
La seguridad y la democracia no se garantizan desgastando tantos esfuerzos económicos y políticos y tantas vidas humanas en una guerra que ahonda las contradicciones sociales, con efectos tan perversos en el propio Estado, como los señalados en estos comentarios.
[1] Citado en El Tiempo, 21 de abril de 2004, Pág. 5.
