Como dijimos en el artículo anterior, el Estado tenía que evitar a toda costa que se rompiera el proceso de paz con los paramilitares porque no podría arriesgarse a tener que combatir con estos y con las guerrillas simultáneamente. Fue así que, en momentos en que parecía romperse las conversaciones -en situación agravada por la desaparición del Carlos Castaño-sorpresivamente se anunció al país el acuerdo para un nuevo escenario de negociación: Santa Fe de Ralito (Córdoba) donde se concentrarán los diez máximos comandantes de los paramilitares a negociar con el gobierno.

 

En este nuevo escenario, de cara ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, se iniciará un nuevo pulso de fuerzas en el que los paramilitares mantendrán bajo la manga un “as” tan poderoso como el de las armas: soltar la lengua. La entrevista publicada en periódico El Tiempo el domingo 16 de Mayo deja entrever claramente todo lo que ellos estarían dispuestos de decir en el momento que les sea necesario para presionar al gobierno, a la clase política, a las fuerzas armadas. Soltaron frases como las siguientes: “Les va a tocar ver qué hacen con el hijo de Herman Monster que crearon”; que si les toca ir a la cárcel, tendrían que ir pero acompañados de todos los presidentes, desde Belisario; que quien tiene que responder por acciones de reparación en el caso de Mapiripán es el Estado, por estar implicado en ese caso (recuérdese que también el general Uscátegui, preso por estos hechos, amenazó recientemente que si lo dejan sólo asumiendo la responsabilidad, podría desatar un escándalo mayor que el del proceso Ocho Mil).

 

Muchas negociaciones tendrán que hacerse rápidamente, tras bambalinas, porque a la hora en que llegara a prenderse el ventilador, terminaría por enlodar muchos pesos pesados, lesionando la legitimidad del andamiaje institucional. Ante semejantes posibilidades, podría aspirar el país a que como resultado del  proceso de paz se conociera la verdad alrededor de un fenómeno tan complejo como el que estamos tratando? Veinte mil hombres en armas, expandidos por todo el territorio nacional en menos de cinco años, es algo que no hubiera podido darse sin el concurso de los más altos apoyos a nivel económico, político, jurídico y militar. Resulta sospechoso que últimamente al referirse al proyecto de Ley de Alternatividad Penal, los medios de comunicación no hablen de Verdad, Justicia y Reparación sino solamente de estos dos últimos términos.

 

El gobierno, por su parte, venía mostrando con toda firmeza, como tarjeta roja, la carta de la extradición como su “as” para presionar por la negociación, pero le tocó ponerla debajo de la mesa para que los otros aceptaran sentarse a negociar. “La extradición no es negociable” había afirmado reiteradamente el señor Presidente, pero por ahora se quedará como tarjeta amarilla. Esto, lógicamente, con la aquiescencia y vigilancia de los Estados Unidos que utilizarán a Colombia como les convenga para sus intereses frente al narcotráfico y el terrorismo, pues saben que de su chequera depende la sostenibilidad de la política de fortalecimiento militar de gobierno colombiano. Por otra parte, las negociaciones del tratado de libre comercio, que acaban de empezar o las negociaciones del ALCA, le brindan oportunidades excepcionales a los Estados Unidos para pasar la cuenta de cobro a favor de sus intereses económicos.

 

De todas maneras, estas y muchas otras son las contingencias a que se enfrenta un proceso de paz, ya sea con los paramilitares o con las guerrillas. La negociación no es solamente un ejercicio de voluntad política sino un juego de fuerzas y oportunidades para ablandar al bando opuesto. Los medios de comunicación jugarán un papel determinante porque la negociación será fuente de información y desinformación. Como lo hemos visto a nivel internacional, los medios tienden a convertirse en actores de la guerra. Ojalá en este caso no se dediquen a ser asesores de imagen y voceros parcializados. Los personajes de El Ralito saben que les llegó su cuarto de hora político -sí como la guerrilla lo tuvo en el Caguán- y no desperdiciarán las cámaras de televisión y la prensa para justificar su existencia, limpiar la imagen, afirmar su causa antisubversiva, el apoyo a las instituciones y la defensa de la democracia.

 

Este proceso de paz será también el reflejo de lo que los colombianos somos y de lo que podemos, de nuestro tamaño como Nación, en términos de la ética, la conciliación y la justicia. Ojalá se consolide el proceso de paz, sin regresar a los niveles de impunidad que proponía el primer proyecto de Alternatividad Penal, que despertó tanto rechazo a nivel de los organismos internacionales de derechos humanos. Pueda ser que el escenario de El Ralito no se convierta en otro tan desperdiciado, frustrante y de tan malos resultados como el del Cagúan.  Aspiramos, a que esta vez no se frustre la paz ni la justicia.

 

Ojalá el Alto Comisionado de Paz sorprendiera nuevamente al país con el anuncio de negociaciones con la insurgencia, aunque solo fuera con alguna de las fuerzas guerrilleras. Desafortunadamente, por ese lado no se percibe la voluntad de ninguna de las partes sino, por el contrario, lo que suenan son pasos de animal grande de la guerra.  

 

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