En una gran manifestación que reunió a más de cuatro mil personas en la Plaza de Bolívar de Bogotá, distintos sectores le dijeron no al ALCA y al Tratado de Libre Comercio (TLC) que Colombia, Ecuador y Perú negocian desde el marte en la noche con los Estados Unidos en la ciudad costera de Cartagena.
Esta jornada de protesta, convocada por las confederaciones General de Trabajadores Democráticos (CGTD) y de Trabajadores de Colombia (CTC), además de la CUT, se replica también en ciudades como Cartagena y Barrancabermeja.
La comitiva de indígenas y afrocolombianos marcharon por las calles de Bogotá como una forma de denunciar desde este momento: “el peligro que corre sus territorios y culturas ancestrales, los derechos humanos, los recursos naturales, la democracia, la soberanía y la vida, al divisar una segunda colonización para toda América y sus pueblos.”
Los manifestantes en general gritaban a viva voz en contra de la política exterior del presidente Uribe, su alianza estratégica con los Estados Unidos, el Plan Colombia, la Política de Seguridad Democrática, los proyectos de Reelección y el Estatuto Antiterrorista.
Por estas razones, cientos de organizaciones de base, civiles y políticas agrupadas en una Asamblea Nacional frente al Acuerdo Bilateral con Estados Unidos, emitieron la siguiente declaración:
1. Los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad se preocupan porque ambos tratados encarnan la renuncia definitiva a la ampliación del mercado interno. De hecho, las políticas de ajuste que descargan el peso de la crisis sobre los trabajadores, han promovido la reducción de los costos laborales, el empobrecimiento generalizado, los despidos masivos y el aumento del desempleo y del sector informal tan golpeado en su derecho al trabajo. Esta oferta de trabajo a bajo costo es aprovechada para implantar la subcontratación y la tercerización, llevando a la violación de los derechos de asociación y negociación colectiva. Con estos tratados se agravarán estas tendencias.
2. Las mujeres denuncian una degradación de las condiciones laborales, familiares, sociales y el , desplazamiento forzado donde son las principales victimas y como se agudizará aún más la feminización de la pobreza si se suscriben estos acuerdos.
3. Los productores agrarios han expresado de una u otra forma su rechazo a los acuerdos, como los cultivadores de caña, palma, papa, arroz, cereales y soya, pues saben que serán notoriamente perjudicados en tanto que los avicultores y lecheros dicen que no sobrevivirán; los caficultores afirman que la crisis que padecen hace más de una década se agravará. Las masas de campesinos ven amenazada la supervivencia de la economía campesina y advierten que se perderá la seguridad y soberanía alimentaria.
4. En el terreno industrial, las empresas farmacéuticas temen su desplazamiento por las multinacionales y la pequeña y mediana industria anota que no está preparada para la competencia. La imposición de un capitalismo salvaje destruirá el sector solidario.
5. Los productores, tanto de la industria como del campo, temen la profundización de la quiebra ante la avalancha de productos extranjeros que ingresará al país en la medida en que se implementen los tratados y también temen el estrechamiento del acceso al crédito en la medida en que se profundizará el carácter especulativo del sector financiero.
6. Los sectores de la salud consideran que las definiciones sobre propiedad intelectual implicarían un mayor deterioro de las condiciones para el acceso de los más pobres a este derecho.
7. Los profesionales denuncian el riesgo de ser desplazados por las firmas multinacionales de prestación de servicios y de ser sometidos a reglas de formación, ejercicio profesional y empleo que no responden a las necesidades e intereses nacionales como se vislumbra en el caso de la contaduría, la ingeniería civil y las profesiones de la salud.
8. Los defensores del medio ambiente denuncian el peligro del saqueo de la biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas.
9. Los pueblos indígenas y de afrodescendientes denuncian desde ya el peligro que corren sus territorios y culturas ancestrales.
10. Todos los colombianos se preocupan por la mercantilización de la salud y la educación y la privatización de los servicios públicos que tendrían un efecto social devastador.
11. Los municipios se alarman al ver que se restringirán sus facultades en la asignación del presupuesto para compras estatales que favorezcan la producción nacional y ante el marchitamiento de las industrias locales.
A lo largo de estos once puntos, las organizaciones dejan en claro que estas estrategias geopolíticas y económicas que se expanden del Norte a Sur América, generarían consecuencias nefastas a los sectores sociales menos fortalecidos, y en consecuencia: “consideramos que el gobierno colombiano no debe suscribir el ALCA ni el acuerdo bilateral con los Estados Unidos”.
