El análisis de la agenda de negociación propuesta por los paramilitares permite plantear algunas hipótesis de lo que podría resultar del proceso iniciado con ellos a comienzos del presente mes en Santa Fe de Ralito. Lógicamente que ante un fenómeno tan complejo como es el conflicto armado en Colombia, nada puede darse por seguro. Los cinco temas propuestos, en su orden, son los siguientes: 1º Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y lo concerniente al cese de hostilidades; 2º. La Seguridad en las zonas que han estado bajo su control; 3º. Las reglas para la concentración y desmovilización de sus tropas; 4º. Los cultivos ilícitos; y 5º. Las garantías judiciales para ellos.
A primera vista sorprende que el primer tema sea precisamente el de los Derechos Humanos, en el que los paramilitares son más vulnerables ante la comunidad internacional, en tanto que el tema de la desmovilización -que es el de mayor prioridad para el gobierno- esté de tercero. Pero claro, mientras no logren suficiente nivel de perdón, no aceptarán desmovilizarse. Saben que no pueden aspirar a la impunidad total porque los organismos internacionales de Derechos Humanos no lo tolerarían, y que por esa razón el gobierno nacional tuvo que modificar el proyecto original de alternatividad penal, que sólo los amenazaba con penas virtuales. De manera que podría ser preferible para ellos aceptar un mínimo de penas en Colombia, tratando de evitar ser llevados ante la Corte Penal Internacional. Lo más probable es que ofrezcan parar las hostilidades contra la población civil e incluso reparación a las víctimas, lo cual sería indudablemente bienvenido por todo el mundo. De no ser aceptadas sus propuestas, podrían recurrir a la presión del chantaje, que ya han anunciado en ocasiones anteriores. Saben que pueden poner a bailar en la mano a los poderes más altos de este país y algunas figuras internacionales. Por parte de los Estados Unidos no tendrían mayor problema en este punto, pues ese país no tiene en este momento ninguna autoridad moral para exigir castigo por torturas y crímenes atroces.
El debate sobre los derechos humanos abre para los señores de Ralito una oportunidad de exponer su discurso político acerca de la razón de ser del paramilitarismo como fuerza contrainsurgente, a favor del Estado, que demostró ser capaz de alejar a las guerrillas, aunque para ello hubieran tenido que cometer algunos “excesos”, argumentando que si no hubiera sido así, la guerrilla tendría dominado al país. Y esos argumentos, desafortunadamente, tienen eco en gran parte de esa opinión pública que votó por la mano dura y aplaude medidas como el Estatuto Antiterrorista y demás recortes de las libertades ciudadanas, respaldados mayoritariamente por un congreso en el que los paramilitares afirman tener muchos representantes. Triste realidad política, en que las libertades civiles y los derechos humanos, siendo lo más preciable de la democracia, pasa a un segundo plano. Ello tiene, entre otras, una clara explicación: el hastío con los crímenes y “excesos” de los grupos guerrilleros, que han propiciado, por demás, todo un viraje hacia la derechización y militarización de nuestra nación.
En cuanto a la desmovilización de los paramilitares abandonando las zonas que han tenido bajo su control (puntos 2 y 3), difícilmente lo aceptarían si el gobierno no garantiza evitar que la guerrilla vuelva a tomárselas. Para ello se requiere más armas y combatientes, que es precisamente lo que los paramilitares tienen en abundancia. Necesitaría legalizarlos, para lo cual habría mecanismos como la incorporación al ejército, su transformación en soldados campesinos, o alguna otra manera que los articule bajo algún mando, para evitar su transformación en delincuencia común, como generalmente sucede en estos casos.
El tema más complicado es el de los cultivos ilícitos (punto 4) por cuanto en este momento los señores de Ralito son vistos más como narcotraficantes que como paramilitares y porque con quien de verdad tienen que negociar es con los Estados Unidos para que no los extraditen. Los Estados Unidos, sin sentarse siquiera a la mesa, tendrán la sartén por el mango y no la soltarán hasta asegurarse que esos señores se comprometan a abandonar totalmente el negocio. El gobierno nacional, por su parte, podrá negociar la entrega de algunas tierras y bienes, para lo cual aquellos señores en ocasiones anteriores han propuesto que las entregarían a cooperativas de excombatientes, asegurando con ello protección en sus zonas de influencia. Saben que están ante el dilema de negociar o exponerse a una confiscación severa y a la extradición. Como el capital que han acumulado es tan gigantesco, podrían complacer esas exigencias y dedicarse a gozar lo que les quede. Hace veinte años sus antecesores ofrecieron pagar la deuda externa!.
Mientras a nivel internacional continúe la demanda de narcóticos, especialmente en los Estados Unidos, el combate a la producción no logrará exterminar el problema sino subir el precio de la droga. Surgirán nuevos capos y nuevas regiones productoras. Si el presupuesto antinarcóticos se invirtiera en controlar la demanda en esos países, o si se legalizara el consumo, el negocio se acabaría. Pero en eso no parecen estar interesados los gobiernos ni quienes -como las multinacionales financieras, las productoras de precursores químicos o las vendedoras de armas- se benefician directa o indirectamente del narcotráfico. Para el capital, esto no es problema de moral!.
En cuanto al último punto, el de las garantías jurídicas, el costo de la paz será la legalización de ese grupo armado. Legalización que si bien en lo penal terminará con algunas sanciones, en lo político muy posiblemente se traduzca en representación ante el Congreso y en refuerzo para la derecha política. No obstante, como dijimos al comienzo, en este complejo ajedrez nada está seguro. El gobierno ni siquiera ha definido con plena claridad quienes pueden entrar o no entrar en la negociación. La prensa se pregunta si el proceso es con los paramilitares o con los narcos.
