En este momento existen grandes expectativas y tensiones por la visita del presidente Alvaro Uribe a Europa, donde la Organización de las Naciones Unidas, diversas instancias de la Unión Europea y organizaciones no gubernamentales presentarán sus inquietudes y preocupaciones respecto a la situación de los derechos humanos en Colombia en el contexto de la política de Seguridad Democrática del presente gobierno(incluidos los derechos de los pueblos indígenas, desde luego). Los cuestionamientos se centran fundamentalmente en el proceso de negociación con los paramilitares o autodefensas, en los efectos de la estrategia contrainsurgente sobre la población civil y la falta de un Acuerdo Humanitario para liberar a los secuestrados. Las masacres, desplazamientos, asesinatos de dirigentes y demás violaciones contra indígenas y afrodescendientes –como las reseñadas en la sección de Conflicto y Derechos Humanos este periódico- también han sido motivo de especial preocupación para las instancias europeas mencionadas.
La mayor preocupación ante el proceso con los paramilitares se centra en el proyecto de ley de Alternatividad Penal del que se teme que termine garantizándoles la impunidad a autores de delitos atroces y crímenes de lesa humanidad, ya que lo que el proyecto del gobierno contempla es prácticamente la aplicación de penas simbólicas. También en Colombia se han levantado muchas voces en el mismo sentido por parte de la iglesia, las organizaciones de derechos humanos, la academia, la izquierda democrática y algunos políticos, incluyendo incluso algunos uribistas. Las organizaciones indígenas y de comunidades negras insisten reiteradamente en que las masacres y violaciones de que han sido víctimas no queden en la impunidad. Otros hechos, como el proceso de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de Medellín y las audiencias públicas en el Congreso han sido interpretados como pasos hacia la legitimación e institucionalización política del mencionado grupo armado.
En cuanto a los efectos de la Política de Seguridad Democrática sobre las libertades civiles y los derechos humanos, además de las denuncias por algunos excesos cometidos en desarrollo de detenciones masivas[1] o falsas acusaciones por parte de informantes pagos y desertores, lo que más preocupa desde la óptica de los derechos humanos es el denominado Estatuto Antiterrorista y, en particular, el dotar de facultades judiciales a la Fuerza Pública. Los indígenas Embera Katío expresaron su vehemente oposición al mencionado Estatuto en los siguientes términos: “Paradójicamente mientras en el mundo se celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, el gobierno Uribe, junto a senadores antidemocráticos, aprueban un estatuto en detrimentos de estos derechos”. También los grupos étnicos han sido víctimas de los abusos de autoridad, como los que denuncian en la presente edición de Actualidad Étnica: 12 indígenas paeces de la Organización Regional Indígena del Valle encarcelados actualmente acusados de alta rebelión; amenazas y abusos de autoridad contra la comunidad negra de Cacarica (territorio de Paz) en el Chocó; ametrallamiento desde helicópteros en el resguardo indígena de Cana Momo en Caldas el 16 de Enero y en la comunidad negra de Nueva Esperanza en el Urabá el 22 de enero; el asesinato del líder indígena Páez, Olmedo Ul Secue, en un retén militar en el norte del Cauca, el 22 de Enero. Una de las 27 recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para evitar excesos de la fuerza pública era precisamente el de no otorgarles facultades de policía judicial. El gobierno colombiano, en cabeza del vicepresidente Francisco Santos y la Canciller Carolina Barco, quedó comprometido, en la reunión de Londres, en Junio del año pasado, en la aplicación de dichas recomendaciones.
Los familiares de los centenares de secuestrados, acompañados por muchas otras voces, llevan años clamando por un Acuerdo Humanitario que permita la liberación o intercambio de secuestrados por guerrilleros presos, sin que hasta la presente ni el gobierno ni los grupos guerrilleros flexibilicen sus posiciones para llegar a dicho acuerdo. El caso de Ingrid Betancur sintetiza los esfuerzos y la presión nacional e internacional para que a los secuestrados no se les de la espalda.
El clima de tensión en las relaciones del gobierno actual con las Naciones Unidas y la Unión Europea parece estar intensificándose, como lo sugieren algunas de las declaraciones del Vicepresidente Santos sobre la visión “neocolonial” de los europeos sobre la justicia en Colombia (palabras criticadas incluso en editorial de El Tiempo[2]) o las actitudes de altos funcionarios contra James LeMoyne, llegando a calificarlo de personaje “incómodo”. A esto se suman las dudas suscitadas por la firma de un convenio por parte del Dr. César Gaviria, Secretario General de la OEA, para que este organismo designe una comisión de verificación del proceso con los paramilitares (cese al fuego, entrega de armas, desmovilización y reinserción), dejando prácticamente por fuera a las Naciones Unidas y a la Unión Europea las cuales han mostrado interés en colaborar en estos propósitos. Según la ONG de los Estados Unidos, Human Rights Watch, la propuesta de Gaviria, firmada dos semanas antes del plazo estipulado para que los países de la OEA se pronunciaran al respecto, “excluye la posibilidad de pronunciarse sobre las decisiones jurídicas o políticas que tome el gobierno colombiano”[3].
El interés de Europa en el conflicto armado colombiano ha sido particularmente intenso en los últimos días como lo demuestra las visita de LeMoyne, delegado del Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan y las recientes declaraciones de éste sobre el Acuerdo Humanitario (enero 28); la visita de Chris Patten, comisario de relaciones exteriores de la Unión Europea y la visita al Chocó del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Kamel Morjano, como también un pronunciamientos de 15 cancilleres de la Unión Europea en Bruselas el 27 de enero. A esto se suma el llamado a juicio a Carlos Castaño, máximo dirigente del las autodefensas, por el juez español Baltasar Garzón quien ha visitado nuestro país en varias ocasiones.
Por otra parte, las ONG de derechos humanos, a las que el presidente Uribe hace unos meses trató de apéndices del terrorismo, han lanzado la campaña “Stop Uribe”. Un ingrediente más de tensión para el viaje del presidente.
El doctor Uribe se presentará en Europa acompañado del expresidente Pastrana quien seguramente testimoniará los frustrados esfuerzos de los diálogos del Caguán con las FARC, en tanto que el presidente Uribe -con un porcentaje de favorabilidad sin precedentes en la opinión nacional en este momento- defenderá los resultados de su estrategia de mano dura con indicadores como los siguientes: la disminución de los atentados en 49 %, los secuestros en 32 %, la extorsión en 19 %, los homicidios en 20 % y las voladuras de torres de energía en 32 %.
Por mas que el gobierno del presidente Uribe esté apuntalado internacionalmente en los Estados Unidos y éste sea su principal fuente de financiación para el componente militar de su política de seguridad democrática, Europa no deja de ser un escenario de mucha importancia ya que en conjunto es el mayor inversionista en nuestro país, el segundo socio comercial, allí se encuentran los mayores donantes para programas sociales, y muchas ventajas sociales, políticas y culturales.
Que resultados podrían esperarse, particularmente para los indígenas, del viaje del presidente Uribe?
Seguramente el presidente reafirmará ante Europa que su gobierno está comprometido con el respeto a los derechos humanos y en tal virtud, quizás se comprometa a considerar algunas modificaciones al proyecto de ley de alternatividad penal y al Estatuto Antiterrorista, lo mismo que a dedicar esfuerzos para concretar un Acuerdo Humanitario. De lo contrario, la opinión europea concluiría que -como dijo Patten (reflejando las tensiones aludidas)- “habría que asumir que su mente está completamente cerrada”.
La presión internacional por el respeto a los derechos humanos ha sido siempre inmensamente valiosa por la preocupación que le causa a los gobiernos y a los actores armados de uno u otro bando. En el caso de los indígenas ello ha sido aun más evidente ya que Europa ha sido especialmente sensible por las violaciones contra estas poblaciones y ha demostrado una solidaridad real y efectiva. Ante la posibilidad de que masacres y asesinatos de dirigentes, cometidos por todos los actores del conflicto pudieran ser cubiertos con algún manto de impunidad, los indígenas han puesto sus esperanzas en la instancias internacionales, como la Corte Interamericana y la Corte Penal Internacional.
Ahora que los riesgos para las comunidades indígenas más pequeñas y vulnerables se está incrementando porque la guerra se está yendo hacia el interior de la selva, el llamado de atención y la puesta en la mira de la comunidad internacional, es una de las pocas esperanzas para estas poblaciones que les toca sufrir en silencio las arbitrariedades, desplazamientos y crímenes de todos los actores armados.
[1] Dichos hechos fueron también criticados por el exProcurador General de la Nación, Dr. Jaime Bernal Cuellar, el 1º de Febrero.
[2] El Tiempo, 1º de febrero.
[3] El Tiempo, Feb. 3.
