De “agridulce” calificó el periódico El Tiempo los resultados del viaje del presidente Uribe a Europa la semana pasada. Han sido muchos los editoriales y columnas de opinión referidos al tema, la mayoría con una apreciación pesimista sobre los resultados. Incluso los senadores Jimmy Chamorro y Luis Guillermo Vélez planean citar a la ministra de relaciones exteriores para que responsa por lo que consideran como mala preparación por parte de las embajadas colombianas. Pero el viaje resultó como estaba anunciado: preocupación, críticas y protestas por la situación de derechos humanos en Colombia.
La mala imagen de nuestro país por la situación de violencia no es de ahora ni producto de propaganda antipatriótica de algunas ONG de turismo por el exterior. Medio siglo de lucha armada y violaciones de derechos humanos, intensificada a niveles sin precedentes desde mediados de la década pasada por el auge del paramilitarismo y el narcotráfico, adornada de masacres y crímenes atroces mientras transcurrían los frustrados diálogos entre las FARC y el pasado gobierno, son hechos que no pueden pasar desapercibidos para la comunidad internacional. Por otra parte, como se reseñó en columna anterior, fueron varios los oficiales de la Unión Eropea, de las Naciones Unidas y de algunos países quienes vinieron en los dos últimos meses a Colombia a analizar los acontecimientos, recogiendo información de primera mano. El incumplimiento de las recomendaciones de las Naciones Unidas, el no haber llegado a un acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados, los cuestionamientos a los proyectos de ley de Alternatividad penal y el Estatuto antiterrorista, fueron todos ellos hechos ampliamente divulgados a nivel nacional e internacional. Lo que Europa esperaba era garantías de respeto a los derechos humanos, no discursos radicales contra uno de los bandos del conflicto armado. El escenario no era Colombia ni los Estados Unidos sino el parlamento europeo.
Aparte de no haber logrado la convocatoria de una mesa de donantes, el mayor escollo del viaje fue el desplante de los eurodiputados retirándose del recinto, luciendo bufandas con un pedido de paz. Una acción a éste, el más alto nivel político de Europa, no es producto de un lobby irresponsable de unas ONG, contra las que ya se vinieron algunas amenazas.
Pero como unas fueron de cal y otras de arena, es preciso destacar también que el presidente logró que se incluyera al ELN en la lista de organizaciones terroristas, precisamente en Alemania, donde hace un par de anos se realizaron los diálogos entre ellos y representantes de la sociedad civil. Ese es un hecho indicativo de la pérdida de imagen internacional de la lucha guerrillera, a lo cual las FARC han contribuido con creces, por ejemplo, con sus actos de barbarie y su falta de respuesta a los clamores por la liberación de secuestrados, como en el caso de Ingrid Betancur.
Pero afortunadamente, están ocurriendo otros hechos que muestran que en Colombia también se están construyendo alternativas de resistencia civil contra la violencia y de lucha por la protección de los derechos humanos, recurriendo a vías jurídicas y pacíficas como las siguientes ocurridas en la última semana: el juicio realizado por los indígenas del norte del Cauca a un teniente coronel por la muerte del líder Olmedo Ul Secue (reseñado en el editorial de esta edición de Actualidad Etnica); la iniciativa por parte del alcalde de Medellín Sergio Fajardo, de convocar una comisión de la Verdad; y las protestas públicas en Ibagué contra las detenciones masivas en las cuales seguramente han caído tantos inocentes, pues de 1264 detenidos solo 53 han sido puestos en manos de los jueces en tanto que 850 permanecen detenidos y 414 han sido dejados en libertad.
Nota: Las opiniones expresadas en el artículo son responsabilidad de su autor.
