Recientemente la humanidad entera tuvo que ver, impotente, como un grupo de petroleros, con Bush a la cabeza, lanzó contra Irak una guerra infame para apoderarse del petróleo. De nada valieron las manifestaciones en todo el mundo, ni las Naciones Unidas, en contra de esa guerra basada en falsedades. Se asesinaron y se continúan asesinando miles de seres humanos; y hasta símbolos sagrados de la humanidad, como las reliquias de Babilonia, se siguen destruyendo. Es que, en esa desaforada competencia por el petróleo, todo vale. Por eso el escritor Eduardo Galeano dijo que donde hay petróleo hay sangre. Con seguridad que hay casos en que la industria petrolera ha contribuido al desarrollo de algunas regiones, pero son muchos más los ejemplos contrarios, en que el petróleo no ha dejado sino devastación, corrupción, inflación y desorden social para las comunidades y regiones.
Un caso en Colombia, por ejemplo, es Arauca “saudita”, donde se dilapidaron escandalosamente las regalías petroleras, donde fueron muertos cinco alcaldes, y donde en vez de desarrollo, lo que ha quedado es más guerra. Arauca fue experimentada por el presente gobierno como una de las Zonas Especiales de Orden Público que no dejaron sino violaciones de derechos humanos y más guerra, por lo cual fueron desautorizadas por las Cortes. Sin embargo, allí el ejército asesinó recientemente tres dirigentes sindicalistas. ¿Qué decir de otras zonas petroleras como Putumayo o Catatumbo?. ¿Cuánto han sufrido los indígenas en esos territorios?.
Los indígenas Uwa tuvieron que enfrentarse a la Occidental Petroleum Company, casi inermes, pero contando con una inmensa solidaridad nacional e internacional que los llevó hasta demandar a la OXI ante los tribunales de los Estados Unidos. Sus dirigentes recorrieron el mundo denunciando los atropellos de esa compañía y finalmente la OXI tuvo que abandonar sus aspiraciones en ese territorio. En aquella ocasión también murieron indígenas Uwa, además de los tres indigenistas de los Estados Unidos asesinados por las FARC.
No obstante ese contexto y esa historia, tan recientes y contundentes, el gobierno colombiano le ha prometido a los Uwa de Arauca realizar una Verdadera Consulta Previa, dando inicio a un proceso respetuoso y en buena fe, dispuestos a evitar los errores cometidos en el caso de la OXI. Así lo plantearon, enfáticamente, el presidente de ECOPETROL, un delegado del presidente Uribe y el director de Etnias del Ministerio del Interior[1] en la reunión que se realizó en Saravena el pasado 10 de septiembre (2004) a la que asistieron aproximadamente 200 Uwas con sus autoridades tradicionales (werjayás) y los líderes de la Asociación de cabildos indígenas y autoridades tradicionales de Arauca, ASCATIDAR. También estuvieron presentes delegados de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría; de la organización nacional indígena de Colombia, ONIC y de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía, OPIAC y el Vicepresidente del Foro Permanente para cuestiones indígenas de las Naciones Unidas. Como testigo internacional estuvo un delegado de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que es el organismo que promovió el Convenio 169, principal instrumento jurídico internacional de defensa de los derechos indígenas.
A pesar de los antecedentes expuestos, también los indígenas le están apostando al diálogo, a la buena fe y a los procedimientos jurídicos: “Queremos realizar el mejor de los trabajos para que necesariamente los derechos adquiridos y los que logremos conquistar sean los mejores y vayan en verdadero beneficio de nuestras comunidades”[2].
Indudablemente, teniendo en cuenta el contexto regional y la historia con la industria petrolera, se trata de una apuesta bastante idealista. Si las comunidades dicen SÍ a la exploración, se les vendrán encima la insurgencia y todos los grupos fundamentalistas, sin que con este calificativo se pretenda desconocer la importancia de la crítica. Y si dicen NO, estarán expuestos a la terquedad de un gobierno dispuesto a sacar sus proyectos adelante, aunque tenga que comerse sus propias palabras y promesas. Y si los petroleros fueron capaces de bombardear un país como Irak, qué no podrán hacer con un pueblo tan desarmado como los Uwa?
No obstante, el país no puede seguir desperdiciando un recurso tan estratégico en el mundo como es el petróleo, feriándolo ante las multinacionales, derrochando sus regalías, corrompiendo autoridades y líderes comuntairios, promoviendo la guerra, pasando por encima de las comunidades y depredando el medio ambiente. Del otro lado, tampoco se puede seguir a punta de bombazos contra los oleoductos (con consecuencias como lo de Machuca), de extorsión, robo de gasolina y demás barbaridades. El dilema no puede seguir siendo “petróleo o guerra”, “desarrollo o conservación ambiental. Aunque parezca imposible, es necesario apostarle a un ejercicio de desarrollo humano y ambientalmente sostenible, con beneficios para las comunidades, para el Estado y para las compañías.
El petróleo puede dar para todos, pero ello implica cambios profundos no sólo en las comunidades sino en los gobiernos y, ante todo, en las compañías petroleras que tendrán que aprender que, por lo menos en territorios indígenas, tendrán que demostrar transparencia, respeto y desarrollo regional, cumplir con una verdadera consulta e implementar planes de manejo que garanticen que, como lo ordena la Constitución Colombiana, “la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades”[3]. Si cumplen sus compromisos, entonces las comunidades serán las primeras en defender sus proyectos, resultándole a las compañías menos costoso lo que inviertan en las comunidades, que las estrategias militares de seguridad.
El gobierno aspiraba a que en la mencionada reunión del 10 de septiembre en Saravena, se diera inicio formal al proceso de consulta previa para la exploración del Bloque Catleya, un bloque de 950 kilómetros cuadrados en los municipios de Saravena y Fortul . En dicho proyecto Ecopetrol está asociada con la empresa Repsol . Para preparar la consulta, ECOPETROL contrató un equipo dirigido por la antropóloga Esther Sánchez, investigadora por muchos años en el campo indigenista, de quien confiamos esté en capacidad de colocarse, por encima de los compromisos con ECOPETROL, en una perspectiva nacional y ecuánime frente al Estado, las empresas y los indígenas.
No obstante, en la reunión de Saravena los indígenas plantearon que aunque han venido llevando un trabajo de preparación, aun no se sienten suficientemente capacitados para enfrentar un proceso de implicaciones tan trascendentales para su pueblo, por lo cual acordaron con el gobierno un plazo de dos meses, para realizar, con apoyo técnico y financiero de ECOPETROL, un trabajo al interior de sus comunidades. Y que dentro de dos meses se dará continuación a la reunión iniciada el 10 de septiembre, dejando sentado en el acta que aun no se ha empezado el proceso de consulta, que una cosa es dialogar y otra decidir, y que una es la fase de exploración y otra la de explotación.
Los indígenas piden a la entidades y a las empresas, que comprendan que sus ritmos, sus procedimientos y sus tiempos son diferentes y no compaginan con las urgencias del gobierno y de la industria petrolera, pero que ellos no pueden precipitarse corriendo el riesgo de equivocarse en materia tan importante. Uno de los dirigentes indígenas nacionales planteó que la urgencia del gobierno era para financiar la guerra. También el Defensor Delegado pidió reconocer las diferencias culturales y ser comprensivos con los tiempos de los indígenas, que así como se ha hecho un diálogo de afuera hacia adentro, es hora de que también se de un diálogo de adentro hacia fuera para que entidades y empresas conozcan lo que piensan los indígenas y entiendan sus razones.
Los Uwa quieren aprovechar los dos meses para adelantar un proceso de fortalecimiento organizativo, que empiece con la recuperación de la historia, para lo cual solicitan “que se haga un recuento documental e histórico de todo el proceso anterior del pueblo Uwa con la OXI”, para no repetir los mismos errores; adelantar un proceso de afirmación sobre su territorio ancestral y de reflexión comunitaria, a partir de su cultura, sobre los planteamientos y posiciones acerca del proceso a que están abocados con la actividad petrolera. El reto más importante para los Uwa es enfrentar unidos, como un solo pueblo, los procesos de negociación, sin caer en el fraccionamiento que separó a los unos en Boyacá, otros en Arauca, otros en Santander y otros en Casanare. En la reunión de Saravena no estuvieron presentes los de Asouwa que son los que lideraron el proceso con la Oxi. Si el proceso de negociación del bloque Catleya se hace sin la participación de todos los sectores, contribuirá a fomentar divisiones entre los Uwa.
Si la consulta ha de ser en buena fe, como lo ha prometido y reiterado el gobierno, el punto de partida tiene que ser la conciencia plena por parte de los indígenas sobre las implicaciones positivas y el marco jurídico debe ser el Convenio 169 de la OIT (ley 21), pero no con un decreto, como el 1320 sobre Consulta Previa, que no fue consultado y está demandado por los indígenas. Es necesario, ante todo, concertar un decreto de consulta para que de verdad pueda ser en buena fe y con el debido respeto por los indígenas y la doctrina de las cortes.
Así mismo, ECOPETROL y las empresas deben obtener suficiente conocimiento sobre el pueblo, que es el dueño del territorio donde se pretende llevar a efecto las labores de exploración. Los UWA son uno de los pueblos más tradicionales, con una experiencia de relación con el mundo exterior mínima pero bastante traumática, es un pueblo en el que una gran parte de la población ni siquiera habla español, donde casi todos son analfabetas y afrontan condiciones materiales de vida supremamente precarias.
No se trata de posiciones paternalistas que miren al indígena como minusválido, pues los Uwa son un pueblo que, a pesar de su precariedad material, ha demostrado con creces su capacidad de lucha, habiendo sido capaces de ponerle la tranca en la rueda a la Occidental, convocando aliados en Colombia y en el mundo. Pero hay que reconocer que el punto de partida es aun incipiente, requiriendo de un trabajo largo y paciente, que responda a la ética de la buena fe y de una “Consulta de Verdad”, como lo planteó insistentemente el Director de Etnias.
El proceso con la OXI implicó tutelas, acciones de nulidad, decisiones de tribunales nacionales y extranjeros, sentencias de la Corte Constitucional y de Corte Suprema de Justicia, fallos del Consejo de Estado. Los indígenas piden capacitación para poder tener claridad sobre estos procesos jurídicos. Y en eso tienen razón. Como alternativa proponen que se les patrocine la conformación de un equipo de expertos que les sirvan de apoyo. Piden que se les de a conocer los impactos de la actividad petrolera en zonas cercanas a territorios indígenas. Lógico, ese tiene que ser uno de los puntos de partida, no para los Uwa solamente sino para todas las comunidades indígenas del país. Es algo que ya ECOPETROL, como responsable por parte del Estado, debería tener rigurosamente estudiado y sistematizado. Y si no lo ha hecho, debería darle trámite de urgencia porque se requiere para este proceso del bloque Catleya y para apuntarle a una verdadera, sana y transparente política petrolera en territorios indígenas.
Los líderes reconocen el trabajo que ha venido haciendo el equipo contratado por ECOPETROL, pero insisten en la necesidad de más capacitación normativa, técnica y política. Ello, sin duda, es necesario para que puedan orientar a sus comunidades con perspectiva de futuro, con visión amplia, sin fundamentalismos, con compromiso con sus comunidades y con el desarrollo regional y nacional. ECOPETROL también tiene mucho que investigar y aprender. La experiencia que se acumule en este proceso -si es que logra buenos resultados para las comunidades, la región y el país- será vital para la formulación de una verdadera política petrolera en territorios indígenas.
[1] Presidente de ECOPETROL: Isaac YANOVICH FARBAIARZ; delegado del presidente Uribe, Dr. VICTOR RIVERA GIRALDO; Director de Etnias, Dr. JESUS MARIA RAMIREZ CANO.
[2] Documento presentado por ASCATIDAR a la reunión con ECOPETROL, EL 10 de septiembre en Saravena.
[3] Art. 330, parágrafo.
