Hago este corto comentario con el fin de que el público colombiano se entere del gran respeto y el entrañable cariño que el señor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República de Colombia, manifiesta tener hacia el Pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El señor Uribe con su reconocida actitud plenipotenciaria, violando el Decreto No. 1320 (julio 13/98) y la Ley 21 de 1991 (Convenio 169 de la OIT), y la Ley 70 (agosto 27) de 1993, se atrevió a nombrar al distinguidísimo y caballerisimo ciudadano, Juan Guillermo Ángel, dizque representante suyo ante nosotros, con poderes que aparentemente sobrepasan aquellos de nuestra elegida Gobernadora, Sra. Susany Davis Bryan. Este acto fue llevado a cabo, por nuestro cariñoso presidente, sin haber cumplido la debida consulta previa con nuestro pueblo, es decir, sin nuestro expreso consentimiento.
Asimismo, el presidente Uribe aparentemente ha apoyado, incentivado y aprobado la firma por la Gobernadora de un Plan de Desarrollo Territorial, objetado por la Asamblea Departamental y rechazado por el Pueblo Raizal, con el propósito de construir "un camino peatonal", también sin consentimiento de nuestro pueblo, que, según ese amorosísimo señor, servirá para conservar las playas en el respectivo sector importante de nuestro territorio, cuando se murmura en todas las latitudes que dicha obra es para satisfacer intereses comerciales personales de nuestro ya famoso (por ignorar completamente los deseos de nuestro pueblo) mandatario nacional.
Después de que el Pueblo Raizal por Intermedio de la Organización AMEN-SD y la Comisión Consultiva Departamental hayan solicitado la presencia del presidente en el Archipiélago para sostener una concertación, después de su sesión comunitario en San Andrés del el señor presidente decidió hacer una mesa de concertación, bajo la dirección de su represente, Su Excelencia, Juan Guillermo Ángel, y se han efectuado dos reuniones a las cuales no han asistido nuestra organización, ni aquellas que nos acompañan en la lucha, porque consideramos que el agente del presidente, a quien ignoramos cual de los títulos arriba mencionados que distingue este escrito le corresponde, no es digno representante del Estado Colombiano. Nosotros estamos exigiendo que en esta mesa de concertación, tan importante para el futuro desarrollo del Archipiélago, se sienta con nosotros, por lo menos el Ministerio del Interior, a Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y una ONG defensora de los derechos humanos. El Estado Colombiano continúa, en todo su trato con nosotros, con su neo-colonialismo solapado, pero no vamos a volver a los tiempos de los Virreyes y Encomenderos, más bien estaremos exigiendo el cumplimiento de justicia y de las legislaciones vigentes que nos favorecen..
Para terminar mi corto escrito, hago referencia, sin comentarios, a dos joyas de artículos publicados en The Archipelago Press, periódico local del 15 de octubre de 2004, pagina 3-A, escritos por los señores Miguel León Gutiérrez y Luis Fernando Urrea Gallo respectivamente, referentes al "flamante ex-senador," represente del señor presidente, Juan Guillermo Ángel:
*Miembro y Secretario General del Archipelago Movement for Ethnic Native Self-Determination - AMEN-SD de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas.
