Atrincherados en Asamblea Permanente en las instalaciones de la empresa URRA S.A., Montería, departamento de Córdoba, los más de 400 Emberá Katíos exigieron al gobierno local, departamental y nacional no dilatar más las reuniones pactadas dentro de la agenda temática y de trabajo que hace algunas semanas fue firmada por representantes del gobierno, los directivos de la empresa y los indígenas.
Así lo confirmaron a Actualidad Étnica, los Cabildos Mayores de río Verde y Sinú en Tierralta, departamento de Córdoba, organización que aseguró que hasta el momento no se ha avanzado en el desarrollo de los puntos de la agenda de trabajo ni un diez por ciento: “porque algunos de los funcionarios representantes del gobierno asistentes a las reuniones no conocen la agenda ni los documentos de la negociación, han llegado en ocasiones a leerlos apenas en las reuniones”.
La agenda, definida desde el pasado 7 de noviembre en la una Asamblea permanente del pueblo Emberá del Alto Sinú y pactada con el Gobierno nacional para discutirse desde el 12 hasta el 30 del mismo mes, aborda los siguientes puntos: 1. Plan de transición y adaptación a los impactos producidos por Urrá; 2. Prevención y ampliación de la cobertura total en salud; 3. Saneamiento y legalización del territorio; 4. Compromiso y explicaciones sobre la construcción de Urra II, lo mismo que el registro poblacional Embera, punto resolutivo No. 3 de la Sentencia de la Corte Constitucional T-652/98 y; 5. La situación de DDHH del pueblo Embera y acuerdos del 19 de abril y la construcción, dotación y mantenimiento de escuelas y asesorías educativas, plan educativo en el resguardo.
Sobre las fricciones que han tenido los Cabildos Mayores y el periódico El Meridiano de Córdoba con respecto a la toma pacífica de las instalaciones de la empresa Urrá S.A., comentan los Cabildos que “este medio hace interpretaciones a su modo de las cosas, y éso está afectando el verdadero sentido de la Asamblea Permanente”.
Las Autoridades Tradicionales aseguraron que tanto la gobernación de Córdoba como la alcaldía de Montería están presionando para desvirtuar y desmontar la Asamblea Permanente de este pueblo en las instalaciones de Urrá, “lo que ratifica la falta de voluntad política para con los indígenas”.
En las reuniones se hacen presentes, como garantes, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el PNUD, la ONIC, CENSAT, la Comisión Colombiana de Juristas, un representante de la Empresa Urrá S.A. y los asesores de los Cabildos Mayores de los Ríos Sinú y Verde, además de los senadores indígenas que han servido de voceros, Gerardo Jumí Tapias y Francisco Rojas Birry.
