Me permito rendir el informe de la gestión parlamentaria y social adelantada en el presente período legislativo. Para ello propongo como metodología, se me permita expresar primero algunas reflexiones sobre los temas de importancia para la comunidad nacional y para los pueblos indígenas en los últimos tiempos y en segundo lugar la posición asumida frente a cada uno de ellos.
El orden de presentación de los temas no obedece a criterio alguno de preferencia de lo nacional sobre lo étnico o viceversa, sino a la reflexión que sobre las consecuencias de ellos, afectará o beneficiará al conjunto de la población.
1. Tratados de libre comercio y derechos de los pueblos indígenas.
Los gobiernos de Perú, Ecuador y Colombia en Cartagena de Indias, iniciaron las negociaciones con Estados Unidos de un Tratado de Libre Comercio (TLC), tras el reiterado fracaso de Washington por imponer el Área de Libre Comercio de las Américas (Alca), Venezuela y Bolivia, a pesar de conformar el mismo bloque comercial, la Comunidad Andina, no participan en las rondas, lo que expone contradicciones y abre fisuras en el proceso de integración regional y que afectarán integralmente a la economía y a las sociedades de los tres países, los asuntos fundamentales de las negociaciones fijados en las propuestas del Departamento de Comercio de EEUU, se han mantenido en secreto, por expresa disposición del gobierno del presidente Bush.
La imposición de EEUU de que todos los sectores entren en la negociación, advierte los peligros que se ciernen sobre las áreas productivas que trabajan para los mercados locales que en su mayoría absoluta no tienen término de competencia con las mercancías estadounidenses.
La posición de Colombia frente a estas exigencias
Desde 1994, cuando se inicia el proceso de conversaciones y negociaciones de los Tratados de Libre Comercio y del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ALCA, en el marco de la I Cumbre de las Américas celebrada en Miami, expertos del Banco Mundial analizaron aquí las deficiencias estructurales de nuestro aparato productivo. Entre otras, señalaron: falta de infraestructura, dificultad y costo en el acceso al crédito, falta de educación, y falta de capacidad tecnológica. Y concluyeron que con ellas difícilmente podría Colombia beneficiarse de un acuerdo de libre comercio, sin embargo el gobierno nacional insiste en celebrar este acuerdo, con el argumento de que ello nos permitirá ampliar el margen de exportaciones y así revitalizar la economía nacional.
Pero estas aspiraciones colombianas en las negociaciones –en el mejor de los casos – lograrían mantener la mayoría de las preferencias comerciales que Estados Unidos otorga en el ATPDEA como compensación por los esfuerzos de nuestro país en la lucha por la erradicación de cultivos ilícitos y, a cambio de mantenerlas, aceptar todas las condiciones que Estados Unidos quiera imponer en materia de compras estatales, inversiones, propiedad intelectual, políticas de competencia, etc. Esto significa que a cambio de poder ofrecer –que no necesariamente es vender
– algunos productos agrícolas denominados “exóticos” y la propiedad sobre el amplio espectro de organismos de nuestra biodiversidad al mercado norteamericano, el Presidente Uribe está dispuesto a permitir el flujo incondicional de inversión norteamericana, permitir que las empresas de ese país compitan ventajosamente con las nacionales y posibilitar que se eliminen los monopolios estatales pero no los privados, propendiendo por que se conviertan en actividades con ánimo de lucro servicios como la educación y la salud.
La verdad es que éste no es un tratado sobre sólo temas comerciales. Se pretende imponerle a Colombia una legislación sobre toda su actividad económica. Temas como protección a la inversión extranjera, compras y contratos del sector público en todos sus niveles, medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios, propiedad intelectual, competencia y solución de diferencias pueden ocasionarle grave daño al país. En todos quieren imponernos normas que van mucho más allá de las establecidas por la OMC, las cuales Colombia acata plenamente.
Para lograr este objetivo, e quiere montar un andamiaje legal para limitar la competencia local y afectar los mercados internos, mediante prácticas restrictivas que encarecerán tremendamente el costo de la vida, esas normas pueden acabar con la seguridad alimentaria y hacer peligrar el acceso a la salud de la mayoría de los colombianos. Las que se acepten serán supraconstitucionales –coercitivas e irreversibles– e impedirán que Colombia pueda incidir en el futuro en sus estrategias de desarrollo, las que quedarán limitadas a los parámetros del acuerdo. Si unos años después de firmado el convenio Colombia quisiera modificar esas estrategias, no podrá hacerlo. No podrá incentivar un sector, apoyar una región, propiciar un crecimiento, si no está definido en el tratado.
Los temas del Tratado de Libre Comercio
Como se advirtió anteriormente, los asuntos fundamentales de las negociaciones fijados en las propuestas del Departamento de Comercio de EEUU, se han mantenido en secreto, por expresa disposición del gobierno del presidente Bush. Sin embargo se han identificado 3 grandes grupos y los temas transversales:
1- Grupos de acceso a mercados, Agricultura, compras públicas, inversiones y servicios
2- Grupo de Disciplinas: Subsidios, antidoping y derechos compensatorios para propiedad intelectual, patentes, segundos usos, innovación y tecnología, biodiversidad, genoma humano y tradición indígena, tratado de medicamentos.
3. Política de Competencia: Carteles de exportación y definición de cooperación
Solución de Controversias, institucionalidad y acceso a particulares.
4. Temas Transversales: Cobertura, presentación de listas, trato especial y diferenciado, coexistencia de los acuerdos y la Organización Mundial del Comercio, Preservación de Acuerdos Andinos.
Situación de los recursos de la biodiversidad nacional
Tanto el Convenio de Diversidad Biológica, la Organización Mundial de la Salud como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual recomiendan a los países ”proteger” en sus normativas nacionales el conocimiento tradicional, no por medio de lo que sería lógico, que es afirmar la existencia de las culturas tradicionales y sus derechos integrales a la cultura, la tierra, el territorio y los recursos, para que éstos sigan siendo comunales y no puedan ser privatizados, sino mediante legislaciones que aprueben la firma de acuerdos que permitan ”compartir los beneficios” derivados del uso de estos recursos y conocimientos por parte de las multinacionales u otras instituciones.
Es decir, legislando la privatización de los recursos, para obtener algún mínimo porcentaje de regalías por las patentes sobre los recursos que les roban. Yendo más lejos, estas instituciones internacionales también proponen que los países propicien que las propias comunidades indígenas y tradicionales patenten sus conocimientos y recursos, para poder comerciarlos, o como ”defensa” antes de que las multinacionales lo hagan. Esta última es una recomendación particularmente perversa, porque ha llevado a algunos grupos indígenas a creer que podría ser un mecanismo útil. Esto nunca será así, porque los sistemas de propiedad intelectual están diseñados para que solamente los más grandes y poderosos puedan utilizarlos a su favor y las propias comunidades indígenas no tendrían la posibilidad institucional, política y económica de vigilar el respeto de sus patentes.
Mi posición y gestión
Ante este panorama, he participado activamente espacios de deliberación que en desarrollo del control político se adelantan en el Congreso de la República y he participado de las reuniones convocadas por diversos sectores sociales y promovido espacios de reflexión con organizaciones indígenas, ONG, gobierno nacional y especialistas en la materia, en los que se han evaluado y rechazado las acciones del gobierno nacional adelanta para ofrecer el mercado de la biodiversidad y en especial del conocimiento tradicional de nuestro pueblos al mercado norteamericano, mediante el Tratado de Libre Comercio.
Así en la primera ronda de negociaciones celebrada en la ciudad de Cartagena los días 18 y 19 de mayo, expresé la preocupación por los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas sobre los organismos vivos y sobre las aplicaciones en nuestra cultura cuyo conocimiento propio es un patrimonio cultural y el no tomarlos en cuenta implica serios riesgos para la supervivencia de las minorías étnicas en el país.
Si bien no existe una oposición a que se realice una negociación bilateral para abrir el comercio entre los estados, los negociadores colombianos deben conocer de cerca cuales son las posiciones de los diferentes pueblos indígenas sobre los intereses de las multinacionales ya tienen bien identificados los recursos genéticos, no solo de la biodiversidad, sino de los recursos humanos de nuestros indígenas, que le son útiles ahora que la biotecnología ha iniciado la carrera imparable de patentar la vida de cuanto organismo se encuentre sobre la tierra.
Por ello he solicitado al gobierno nacional, atender primero la obligación de consultar a los pueblos indígenas sobre estas decisiones, facilitar el acceso a la información y la actividad de los líderes indígenas, para que puedan llevarla a sus comunidades, y que éstas se manifiesten para evitar que la oleada por la riqueza de las selvas y bosques pluviales en la búsqueda de recursos y materias primas termine por empobrecer más nuestro territorio. Hasta ahora no está claro como se manejaran las negociaciones y si estás asegurarán una adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual.
2. Las cárceles y penitenciarias bajo la administración privada
Las reformas propuestas a la Ley 65 de 1993 o Código Carcelario y Penitenciario, obedecen a dos claras intenciones: adaptar el sistema a los fines y necesidades de las normas antiterroristas y consagrar la decisión de privatizar el funcionamiento de las prisiones colombianas – en diferentes grados – sin que se hayan manifestado de manera expresa las razones por las cuales se está optando por esta medida. El grado de privatización podrá incluir al servicio de guardia y custodia, decisión que iría en contra de preceptos centrales del Estado de derecho y de las normas internacionales
En efecto, el proyecto no hace parte de una política pública coherente y garantista que pretenda incidir de manera directa frente al indisoluble "Estado de inconstitucional " de permanente violación de los Derechos Humanos de los internos que se mantiene inalterado en los establecimientos de reclusión del país. Por el contrario, el carácter antidemocrático, simbólico y profundamente regresivo frente a los derechos fundamentales de los reclusos de este proyecto, sirve y se sirve de una cortina de humo frente a otros intereses latentes (no manifiestos) del actual gobierno: profundizar la administrativización y allanar el camino para la privatización de la ejecución penitenciaria.
Frente a este último interés es importante advertir que la necesidad de garantizar un negocio lucrativo al sector privado, a fin de lograr la ampliación de los cupos carcelarios en un sistema penitenciario hacinado como el nuestro, no toma en cuenta otras posibilidades menos gravosas para los derechos de los reclusos, como la búsqueda de mecanismos de limitación de la demanda de cupos carcelarios, esto es, de mecanismos que permitan limitar el uso abusivo de la detención preventiva masiva por parte de agentes de la fuerza pública y de la pena privativa de la libertad por parte de los jueces. Este tipo de estrategias disminuirían la necesidad de ampliación de cupos y minimizarían en buena parte el alto grado de ilegitimidad del sistema penal colombiano.
Respecto al debido trato diferenciado que en circunstancias especiales, se debe otorgar a miembros de comunidades indígenas que se encuentran o llegaren a estar sometidos a este régimen carcelario y penitenciario en atención al respecto por la diferencia de nuestra identidad cultural y particulares formas de administrar justicia y resolver conflictos, la reforma propuesta no presenta alternativas apropiadas.
Mi posición y gestión
No apoyare el trámite de dicho proyecto, mientras no se surta un amplio debate informado sobre los efectos de esta medida. La decisión de privatizar las prisiones en otros países – como Lesotho y Sudáfrica – ha estado mediado por presiones que no permitieron el debate público alrededor de la medida. En todo caso, es fundamental levantar el manto del secreto que suele acompañar la decisión de privatizar y exigir transparencia en el proceso decisorio.
3. Justicia, paz y reparación o pacto de lealtades e impunidad
La legitimación social del fenómeno paramilitar en Colombia es un proceso que persigue múltiples finalidades y que ocupa un lugar central en el programa de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez de “reinstitucionalizar” la sociedad y el Estado. Hasta hoy, la táctica del Gobierno frente a las autodefensas ha sido exigirles su unificación, tratando de neutralizar ese terrible cuadro de despolitización que ha puesto en evidencia el falso carácter antisubversivo de las Auc.
Una de las connotaciones es que esa legitimación iniciada oficialmente en noviembre de 2003, requiere la adopción de medidas tendientes a producir una impunidad de carácter normativo y fáctico de los crímenes masivos cometidos por los paramilitares, esas estrategias de impunidad han centrado la atención sobre la cuestión de cuál debe ser del tratamiento que reciban los autores de actos atroces que se han cometido en el contexto de la guerra y la violencia en Colombia. Los fundamentos del avanzado debate del inicialmente denominado proyecto de Alternatividad Penal, que varió por el de Justicia, Verdad y Reparación son presentados a la opinión pública bajo premisas intencionalmente confusas: los grupos paramilitares estarían dispuestos a dejar las armas ante un Estado que los persigue; el Estado y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mostrarían voluntad de “negociar la paz”; el proceso con los grupos paraestatales sería similar a otros procesos de desmovilización o negociación que en el pasado se han emprendido con grupos guerrilleros; la desmovilización tendría por objeto “devolver el monopolio de la fuerza a manos del Estado”, etc.
La “negociación de paz” con grupos paramilitares presupone la existencia de posiciones contradictorias, que provienen de intereses y convicciones claramente diferenciados, y que colocan frente a frente a quienes no han aceptado el régimen socio-político vigente –o han sido excluidos por la fuerza de éste- y a los representantes del poder estatal. Ciertamente con estos grupos no se advierten estos presupuestos, pues tanto su creación legal como el apoyo político, económico, técnico y militar, así como la impunidad sobre sus acciones, que reciben por parte de algunos servidores públicos y de prohombres de la vida nacional, los ha ubicado desde siempre y así lo han entendido los
