La presión internacional por los derechos humanos en Colombia ha sido insoslayable ya que tanto los grupos insurgentes, como los paramilitares, las fuerzas armadas del Estado y los gobiernos, temen perder imagen y respaldo internacional, arriesgándose a ser condenados en tribunales internacionales. Hoy por hoy, instancias de justicia, como la Corte Interamericana y la Corte Penal Internacional, constituyen la mayor esperanza de las víctimas de la violencia, contra la impunidad que tan reiteradamente tiende a imponerse en nuestro país.
La comunidad internacional tuvo una activa presencia en los diálogos del gobierno del Presidente Pastrana con las FARC en el Caguán. El que dichos diálogos hayan fracasado no le quita importancia a dicha participación, pues lo que más afecta los procesos de negociación es la falta de credibilidad, confianza y transparencia.
Tal es el caso del actual proceso de negociación del gobierno del presidente Uribe con los paramilitares en Santa Fe de Ralito, en el que a la abundancia de irregularidades se suma la desconfianza por el secreto en que se ha empeñado el gobierno. Esa no es una negociación de frente al paÃs para que se conozca a fondo y desde los propios actores la verdad de lo sucedido y los compromisos que se están asumiendo por parte del gobierno y los comandantes. No es un silencio por razones de sana confidencialidad, entendible en estos casos, sino porque los dueños de este paÃs no pueden arriesgarse a que se sepa la verdad. Es tan grande el potencial de chantaje de los paramilitares, que ellos mismos hicieron llegar recientemente a los medios de comunicación las grabaciones que hicieron que sus relaciones con el comisionado de paz llegaran a un punto crÃtico. Los principales medios de comunicación respondieron destapando las dimensiones polÃticas y económicas a que está llegando la paramilitarización del paÃs.
La desmovilización -que es algo a lo que todos aspiramos a que se llegue con todos los grupos armados- no implica la paz ni el desmonte del paramilitarismo. Tal como está planteada puede, por el contrario, contribuir a su fortalecimiento. Ni siquiera existe un marco jurÃdico especÃfico, pues después del rechazo nacional e internacional que suscitó el cÃnico proyecto de alternatividad penal presentado hace más de un año, el gobierno no ha vuelto a presentar una nueva iniciativa. Lo que sà hay es un proyecto de ley que pretende legalizar la propiedad a quienes demuestren cinco años de tenencia, lo cual podrÃa ser utilizado para terminar de arrebatarles las tierras a los desplazados. El experimento de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en MedellÃn, según el comisionado de paz, fue fraudulento y no logró parar las acciones de ese grupo.
Es entendible que la comunidad internacional prefiera mantenerse al margen de aguas tan turbias y a prudente distancia para no aparecer avalando ese proceso. Pero con ello lo único que se logró fue dejar el campo libre para que el expresidente Gaviria, de manera muy solÃcita y solidaria con el presidente Uribe, ofreciera como sustituto de una verdadera presencia internacional, un precario acompañamiento por parte de la OEA que hasta ahora no ha tenido ni con qué funcionar. El vacÃo de testigos internacionales en las negociaciones del Ralito es patético!
El gobierno colombiano ha estado haciendo lobby ante la UE mostrando las cifras de disminución de hechos violentos y solicitando apoyo económico para la desmovilización de los paramilitares. Desde el exterior ese discurso encuentra eco y bien puede la comunidad internacional, con buenas intenciones y sin mayor compromiso ni complicaciones polÃticas, dar su aporte económico. En reciente columna publicada en El Tiempo bajo el tÃtulo de “La Negligencia Europeaâ€, Marianne Moore, de Pax Christi Holanda, abogando por la colaboración de Europa, reconocÃa que: “Es evidente que Europa no quiere estar involucrada en un diálogo poco transparente con los más notorios violadores de los derechos humanos en Colombiaâ€. Al dÃa siguiente el periódico El Tiempo tituló su editorial: “No nos pueden dejar solosâ€.
Por otra parte, en los Estados Unidos ha venido creciendo la preocupación de algunos congresistas por el involucramiento militar en el conflicto colombiano y las implicaciones de la polÃtica de seguridad democrática del presidente Uribe, para los derechos humanos. Piden condicionar la ayuda económica a la certificación en esta materia. Si el ganador de las elecciones del 2 de noviembre es Bush, quizás no sea necesaria ninguna certificación, pero si fuere Kerry, podrÃa ampliarse el espacio para la exigencia en derechos humanos.
Creemos que es hora de que la comunidad internacional, tanto europea como norteamericana y latinoamericana, contribuya con su presencia a dar transparencia al proceso de negociación de Santa Fe de Ralito. Que sirvan de testigos y que se informen de primera mano sobre la complejidad del conflicto armado y del proceso con los paramilitares en particular, antes de tomar la decisión de avalar y apoyar económicamente cualquier propuesta del gobierno. Que su presencia contribuya a que el paÃs y el mundo conozcan la verdad, que se desenmascare a los verdaderos agentes del conflicto, que se garantice la justicia castigando los delitos atroces y de lesa humanidad cometidos por cualquiera de los actores del conflicto (guerrilla, paramilitares, fuerza pública, narcotraficantes) y que haya reparación a las vÃctimas. Esas -y no el sospechoso secreto en que se están llevando las negociaciones- serÃan bases sólidas para una reconciliación, un perdón y una paz de largo alcance.
