Han transcurrido ya trece años de promulgada la nueva Constitución Política en la cual se le reconoció a los indígenas colombianos el estatus de Pueblos Indígenas, pero aún no se cuenta con una institucionalidad adecuada para apuntalar las relaciones que ese nuevo marco jurídico implica, ni tampoco para responder a la crisis humanitaria que los grupos étnicos están afrontando por razones del conflicto armado. Por el contrario, lo que ha ocurrido es el debilitamiento paulatino de las instituciones del Estado que tienen que ver con los asuntos étnicos.
El presente gobierno prometió una ConsejerÃa Presidencial, pero lejos de eso, lo que se hizo fue fusionar la Dirección General de Asuntos IndÃgenas del Ministerio del Interior con la Dirección General de Comunidades Negras, dando lugar a la actual Dirección de Etnias. La experiencia ha demostrado que el tratamiento conjunto de estas dos temáticas no ha dado resultado, menos aún en una entidad tan insuficiente en personal, recursos económicos y autonomÃa. Lo que ensamblaron es una entidad “raquÃticaâ€, como la califica su exdirector Jesús MarÃa RamÃrez en su carta de renuncia. Tal como está hoy dÃa la Dirección de Etnias, prácticamente da lo mismo que exista o que desaparezca.
El problema no es solamente la debilidad de la Dirección de Etnias sino de las diferentes instancias que dentro del Estado tienen que ver con los grupos étnicos, como ha sucedido con los programas de etnoeducación y de salud en sus respectivos ministerios.
Paradójicamente, el Estado disminuye su capacidad institucional precisamente cuando las etnias están pasando por uno de sus peores momentos de su historia debido a los golpes del conflicto armado, que ha convertido sus territorios en escenarios de una disputa basada en estrategias de terror contra las comunidades. Hoy dÃa prácticamente las comunidades están dependiendo de la Cooperación Internacional y de ONG´s para la ayuda humanitaria, el acompañamiento y el apoyo, ante el confinamiento forzado por los actores armados que les impiden la entrada de alimentos y medicinas. No obstante, la ayuda internacional no puede ser pretexto para que el Estado se descargue de sus responsabilidades. Si hay tanta plata para la guerra, por qué no destinan lo mÃnimo siquiera para la asistencia humanitaria a sus vÃctimas?
Las razones y denuncias que el Director de Etnias presenta en su carta dimitente, marcan un momento propicio para que los grupos étnicos convoquen al gobierno a un análisis de fondo. Es hora de que se replantee la institucionalidad del Estado para el manejo de sus relaciones con los pueblos indÃgenas y con las demás etnias. Ya no es un problema de funcionarios ni de unos pesos más en el presupuesto, sino de una nueva estructura o nuevas instancias en la estructura del Estado que no dependan de la voluntad del gobierno de turno y que correspondan a la definición de nación Pluriétnica y Multicultural.
El diseño de esa nueva institucionalidad no es un asunto ni una iniciativa que dependa solamente del Estado, sino una responsabilidad que también le compete a las organizaciones y dirigentes de los grupos étnicos. Para eso, precisamente, tienen representación polÃtica en las Corporaciones Públicas. Qué están planteando al respecto los legisladores y las organizaciones sociales? No es ésta, precisamente, una de sus principales responsabilidades ante los pueblos que representan?.
El momento actual resulta propicio también para llamar a las organizaciones a reflexionar sobre su propia institucionalidad. Los indÃgenas no tienen un aparato unificado, pues además de la ONIC, están la OPIAC y AICO. Persisten las organizaciones regionales creadas antes de la nueva Constitución, como organizaciones de las diferentes etnias de un mismo departamento o región, y en algunas regiones, como en el Cauca, se fortalecen las organizaciones zonales y municipales. Estas dinámicas están asociadas a los procesos de descentralización que se viven en todos los paÃses del continente. Pero también están surgiendo organizaciones de los pueblos mismos (Yanaconas, Guambianos, etc.) por encima de municipios y departamentos, correspondientes al proceso de diferenciación, de afirmación de identidades particulares, propias de la era de la globalización y tendientes hacia la afirmación de los indÃgenas ya no como conjuntos segmentados de comunidades locales sino como pueblos, como sujetos colectivos con una historia, una identidad propia y una proyección que los aglutina por encima de las divisiones polÃtico administrativas del Estado.
Si se aspira a que el Estado se adecúe institucionalmente para tratar con los indÃgenas como pueblos, éstos deben también organizarse como pueblos, individual y colectivamente. Para aquellos que tienen una autoridad central, es claro que dicha autoridad representa a ese pueblo en su conjunto. Pero para tantos otros en los que cada cabildo gobierna su resguardo, quién los representa, quién actúa como vocero de ese pueblo?. Y cuál es el organismo que va a representar a los 82 pueblos indÃgenas ante esa instancia que estamos reclamando del Estado? Y en qué consistirá ese nuevo escenario?.
