Frente a la crisis humanitaria por la que atraviesan las comunidades de San José de Apartadó, departamento de Antioquia, luego de la masacre de 8 personas el pasado 21 de febrero, -entre ellas uno de sus líderes más preciados, Luis Guerra- el Senador Indígena, Francisco Rojas Birry, pidió al gobierno nacional respete y respalde a las comunidades de paz de esa región, acorraladas y diezmadas por los actores del conflicto armado.

 

 

  

El pronunciamiento se da luego de que el Gobierno de Álvaro Uribe autorizara el ingreso de las Fuerzas Militares a esa comunidad anclada en el Pacífico colombiano, y declarada desde 1997 como territorio de paz donde, bajo los principios de respeto por la vida, la integridad personal y la neutralidad, no está permitida la movilidad de ningún grupo armado legal o ilegal presente en esa región.   

 

 

 

 

 

 

“Quiero informar a la opinión pública, que allí los miembros de estas comunidades tienen formación de líderes, personas con fundamento en el respeto por los derechos humanos; donde organizadamente se hace oposición a la violencia venga de donde venga, a cambio de ello buscan proyectos productivos y auto-sostenibles. Pretenden no tomar partido ni participación en la guerra, sino crear programas de resocialización , educación, salud, vivienda, empleo, etc., donde no haya presencia armada, ni siquiera por parte del Estado, pero si obtener el apoyo de éste con planes sociales que beneficien a la comunidad”, manifestó el Senador Rojas Birry.

 

De igual forma, cuestionó la política estatal de “Seguridad Democrática”, donde sólo se invierte en armas para la guerra, y muy poco en proyectos sociales para la convivencia armónica: “donde se permita a la comunidad construir su propio espacio de paz, y cambiar de esta manera la cara a nuestro País, así se vería progreso y una comunidad organizada, con un propósito de bienestar y desarrollo tanto para nuestras gentes como para nuestra Nación. Un ejemplo de comunidad de paz la tenemos en el Chocó bajo la supervisión y presencia de las Naciones Unidas y la O.E.A., con el apoyo de ONG y recursos internacionales”.

 

Ante este panorama, el Senador Birry rechazó la actitud del gobierno manifestada a través del Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, de acabar con las comunidades de paz. “A su vez hago un vehemente llamado a los demócratas y a la sociedad en general para que nos opongamos al retiro de dichas comunidades de paz, ya que mucho bien hacen al país en momentos de tanta perturbación a causa de la violencia en que vivimos”.

 

“La paz y la convivencia pacífica es un derecho constitucional, amparado por el derecho internacional humanitario, el que impone a las partes en conflicto (combatientes regulares e irregulares) excluir del mismo a la población civil”, concluyo el Parlamentario.

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