Desde hace más de un año distintas organizaciones sociales y no gubernamentales denunciaron las consecuencias que traería aprobar la Ley Forestal y el retroceso que en materia de legislación ambiental significaría. Todo el proceso que se ha dado en estos meses y las denuncias de a quienes les afecta de manera grave la aprobación de la ley, parece haber sido en vano, ya que el 28 de marzo, durante las plenarias de Cámara, se aprobó de manera definitiva la Ley Forestal. La sesión se desarrolló, en pocos minutos, sin dar la posibilidad de que los interesados se enteraran de lo que se estaba aprobando.

 

El proyecto de ley

 

A pesar de la fuerte oposición realizada por grupos sociales, ambientalistas y ecologistas, ex ministros del medio ambiente, el Procurador General de la Nación, el Contralor General y las comunidades campesinas, negras e indígenas, la Ley Forestal fue aprobada el 13 de diciembre de 2005 en la Cámara de Representantes, pero sin votar artículo por artículo como señala la reglamentación. Posterior a esto la Ley debía pasar a sanción presidencial, la cual fue objetada en 12 de sus artículos por parte del Presidente Álvaro Uribe y lo que se esperaba después de ello era el retorno del texto con las objeciones para su discusión en el Congreso, como lo indica el trámite formal, pero esto no sucedió.

 

En aquella época se hicieron denuncias similares en cuanto a violación de reglamento, Según el representante Pedro Arenas, “se aprobó sin dejar hablar a los congresistas, no se votó articulo por articulo, haciendo que se votaran 25 artículos relevantes en bloque”, además asistentes afirmaron que durante las votaciones no hubo quórum necesario, y que cuando esto pasa, el proyecto se hunde, sin embargo  en el caso de la Ley Forestal, se revivió cada semana aunque pasara el tiempo reglamentario que señala el artículo 5.

Aunque para el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, “el proyecto de ley busca generar empleo con el sector forestal colombiano, proteger el bosque natural, mantener la protección a las zonas de reserva forestal, mantener la protección a los nevados y a los parques naturales”, para los ecologistas es claro que la aprobación de la Ley significa poner la biodiversidad en venta al mercado internacional como recurso monetario.

Como un “desastre” calificó el senador indígena Gerardo Jumí la aprobación de la Ley Forestal en ese entonces.  “Es irresponsable que el Gobierno impulse ese proyecto y que el Congreso le dé su bendición”, afirmó Jumí. Aseguró que esa irresponsabilidad atenta contra las riquezas  naturales y con la diversidad que tenemos como patrimonio, pues la Ley “pretende explotar masivamente recursos naturales y no permitirá hacer reforma agraria, en sectores interés forestal”.

 

Las denuncias de los organismos opositores

 

Organismos ambientales solicitaron que el borrador de ley aprobado en la Comisión V de la Cámara de Representantes, el 13 de diciembre de 2005, debía ser retirado para formularse un nuevo proyecto, que plasmara una política forestal integral y que incluyera la participación de las comunidades propietarias de más de la mitad de los bosques naturales del país y de las organizaciones sociales vinculadas a su conservación y manejo sustentable de los bosques.

 

Las organizaciones ambientales y de derechos humanos colombianas e internacionales, se unieron formulando una sola denuncia expuesta en este mismo medio, declarando las falencias y consecuencias que traería aprobar este proyecto de Ley que constituye un retroceso de la legislación y la protección ambientales de uno de los más valiosos patrimonios del país y que, por ende, no consulta ni atiende los intereses nacionales:

 

1. Su contenido es ante todo para el fomento en el país de la producción de madera a través de

plantaciones, desechando la posibilidad de una ley para bosques naturales. Esta es una política que no tiene una perspectiva ambiental integral, ni contempla tampoco a los bosques como un ecosistema como lo fija la Convención de Biodiversidad puesto que se cambian los organismos que planifican y formulan las políticas del sector y se modifican radicalmente las instituciones correspondientes hasta el punto que buena parte del control queda en manos exclusivas del Ministerio de Agricultura y de agentes particulares.

 

2. En un interés desmedido por favorecer el acceso de las compañías internacionales al aprovechamiento del recurso forestal nacional se crean figuras hasta ahora inexistentes en nuestro orden jurídico como la del “vuelo forestal”, con la cual se facilitarán transacciones y el aprovechamiento con ánimo de lucro de los bosques nativos y plantados en las principales zonas del Pacífico y de la Amazonia.

 

3. Concomitante con lo anterior, dado que dichas plantaciones de bosques se encuentran en medio de los resguardos indígenas y de los territorios colectivos de Comunidades Negras, el recurso se coloca en grave riesgo de despojo al colocarse en entredicho los derechos que sobre ellos tienen las comunidades autóctonas. Iguales circunstancias correrían los asentamientos campesinos que por diversas razones queden en áreas protegidas con fines exclusivos de producción forestal.

 

4. Finalmente, el marcado afán en el proceso de discusión y la rápida aprobación de la Ley en el Congreso no se compadece con el inmenso impacto que ella tiene sobre la riqueza forestal del país y sobre los derechos de muchos colombianos. En sentido contrario, es conocida la influencia que han tenido entidades extranjeras y empresas madereras interesadas en la promoción y aprobación del proyecto.

 

5. La expedición de esta Ley, a las puertas de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el cual promueve el mercado de servicios ambientales, hace todavía más expeditos los previsibles resultados catastróficos sobre los que aquí estamos advirtiendo.

 

Las razones que se daban para no aprobarla

 

Según ecologistas y expertos en este tema afirmaron que varias eran las razones para decir no a esta ley, como el proceso de consulta previa que nunca se hizo con las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, previstas en la Ley 21 de 1991 y la Ley 70 de 1993. Desde esas primeras instancias estas comunidades expresaron enfáticamente su desacuerdo con el Proyecto, y dejaron clara su posición mediante documentos que fueron radicados, solicitando entre otros aspectos retirar y archivar el proyecto de ley.

Otra razón era que la Ley hace un énfasis hacia la extracción de uno de los componentes del bosque: la madera, lo cual es una visión utilitaria del bosque, como su explotación; además hace un cambio en la política nacional ambiental, porque transfiere al Ministerio de Agricultura gran parte de las funciones del Ministerio del Medio Ambiente, con relación  a la conservación y manejo de bosques del país; la Ley Forestal en Bolivia, similar a la nuestra, pronostica consecuencias que sufriría Colombia ya que el resultado en este país es dramático, se han hecho concesiones de más de 300 mil hectáreas; los viajes de los senadores y representantes para conocer las experiencias de leyes forestales en Chile y Bolivia, fueron financiadas por empresa norteamericana Chemonics, que administra recursos del Plan Colombia y programas forestales bolivianos; las empresas que solicitan entrar al país son las mismas que destruyeron el bosque del Sudeste Asiático.

  

¡La aprobaron y no nos enteramos!

 

El 28 de marzo, durante las plenarias de Cámara, se aprobó la Ley Forestal. La sesión se desarrolló de manera acelerada, confusa y nada entendible, y se enunciaron las objeciones presidenciales. Todas fueron aprobadas a pupitrazo en unos cuantos minutos, sin dar la posibilidad de que los interesados se enteraran de lo que se estaba aprobando.

 

Asistentes a esta sesión afirmaron: “Lo más vergonzoso es que mientras se aprobaba, los parlamentarios, en grotesco espectáculo, se encontraban departiendo animadamente en corrillos, haciendo uso del celular o riendo. Varias personas que asistimos al recinto de la Cámara en calidad de observadores y que estábamos esperando el debate, tampoco nos enteramos del momento de su aprobación”.

 

Al igual que el 13 de diciembre de 2005, hubo problemas con el quórum el cual no se verificó, solo se abordó la ley forestal en una sesión, de pocos minutos, en donde se presentó rápidamente y sin absolutamente ninguna discusión la aprobación de las objeciones del gobierno a la ley, evadiendo el debate público.

 

Finalmente lego de denuncias en cuanto a la ética y legalidad del proceso como se aprobó, sin tener en cuenta las serias y reiteradas criticas emitidas por diversos sectores de la sociedad colombiana, quienes advirtieron las consecuencias advirtieron que esta decisión fue tomada con irresponsabilidad de la mayor parte del Congreso y del gobierno nacional, “frente a un tema tan trascendental para el país, como es la preservación y manejo sostenible del patrimonio natural de la nación, uno de los ecosistemas de bosques naturales de mayor importancia para el planeta. Luego de este aberrante procedimiento en las plenarias del Congreso, sólo queda pendiente la sanción presidencial”.

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