La masacre de los concejales del Huila y las presiones a las que se han visto sometidas varias poblaciones en el marco del proceso electoral han llevado a las autoridades civiles y militares a pensar en la posibilidad de suspender las mesas de votación de las zonas rurales y concentrar los comicios electorales en los centros urbanos.
Esta propuesta generó inquietud al interior del movimiento Alianza Social IndÃgena (ASI), el cual envió una carta dirigida a la RegistradurÃa Nacional del Estado Civil en la que manifiesta que dicha decisión “podrÃa generar un alto nivel de abstencionismo en las zonas rurales, potencial electoral de nuestro movimiento y concomitantemente, vulnerar el derecho fundamental a elegir y ser elegidoâ€. Además de ello, la ASI argumenta, sin desconocer la importancia de la seguridad en el desarrollo del proceso electoral, que la misma no se puede convertir en una excusa que justifique la privación o el desconocimiento de los derechos polÃticos de la población.
Hasta el momento, los únicos casos de traslado de mesas de votación rurales, se registran en Antioquia, en los municipios de Argelia, Ituango, Peque, San Francisco y Sonsón. Esta solicitud fue hecha por el Comité Municipal Electoral con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Aun esta pendiente la reubicación de mesas de votación en Betulia, Buriticá, Nariño, San Andrés de Cuerquia, Urrao, Campamento y San Carlos.
La preocupación del movimiento polÃtico indÃgena por el traslado de las mesas de votación se explica por el hecho de que, según el Ministerio del Interior el 90% de la población indÃgena habita en las zonas rurales y una decisión de ese talante implicarÃa una restricción importante en el ejercicio de los derechos polÃticos de la población indÃgena colombiana, lo cual repercutirÃa además en el nivel de representatividad de este sector de la población en un espacio polÃtico de trascendental importancia a nivel nacional.
Otro aspecto que preocupa al movimiento indÃgena en el contexto de la participación polÃtica, son los altos niveles de vulnerabilidad de sus lideres de cara al conflicto armado interno. A lo largo de los años los indÃgenas que han ocupado cargos públicos de elección popular, asà como los candidatos indÃgenas han sido vÃctimas de amenazas, secuestros e incluso asesinatos. El presidente de la ASI, expresó a Actualidad Etnica que aunque últimamente no se han presentado casos crÃticos de violencia en contra de los representantes indÃgenas, se trata de un fenómeno que ha caracterizado los procesos de participación indÃgena y que ha sido enfrentado desde la lógica de la resistencia civil.
Aunque las preocupaciones de la ASI pueden resultar válidas y legÃtimas es importante tener en cuenta que el traslado de las mesas de votación no supone la supresión o eliminación de las mismas sino su traslado geográfico. Al respecto, los representantes de la RegistradurÃa informaron que existen muchas peticiones para el traslado de mesas de votación por motivos de seguridad, pero dichas decisiones están sujetas al consentimiento de las autoridades municipales y de los dirigentes polÃticos de la zona. Además precisaron que, en los casos de traslado de mesas el Estado garantizará el transporte de los votantes.
Ante la complicada situación de orden público que se registra en las zonas rurales, en dónde se han venido presentando combates, retenes ilegales, toma de rehenes, ataques indiscriminados, desplazamiento forzado, uso de minas antipersona, homicidios, intimidaciones y actos de terrorismo la posibilidad del traslado de las mesas de votación aparece como una alternativa más para garantizar la participación y la seguridad de los votantes.
