El segundo gobierno del presidente Ãlvaro Uribe Vélez implicará un nuevo nivel de la crisis nacional. Su plan estratégico, contenido en documentos como el plan 2019, apunta a aniquilar los aspectos más avanzados de la Constitución de 1991, extender la militarización de la vida nacional, y poner en práctica el Tratado de Libre Comercio, entre otros elementos de un modelo netamente autoritario en el plano polÃtico, y profundamente regresivo en el plano social.
Este contexto repercutirá, sin duda alguna, en un mayor deterioro de los derechos humanos, las libertades públicas, y los derechos sociales. La polÃtica de “seguridad democrática†incrementa las medidas represivas y arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y la brutalidad en el uso de la fuerza por parte del Ejército y la PolicÃa, la militarización del paÃs, la actuación ilegal de los agentes del Estado, y una mayor intervención militar de los Estados Unidos en el conflicto armado interno.
Los acuerdos contenidos en el Tratado de Libre Comercio constituyen la base de la extensión del empobrecimiento masivo a sectores agrarios e industriales que se verán indefectiblemente discriminados por una competencia que favorece únicamente a la economÃa de los Estados Unidos, y a los intereses de las multinacionales. A esta alianza, contraria a las fuerzas productivas del paÃs, el actual gobierno añade una propuesta de reforma tributaria que libera al gran capital de impuestos, y redistribuye la carga en las capas menos pudientes de la población, lo que significa una mayor concentración de la riqueza y una extensión social de la pobreza absoluta.
En el centro de este modelo está el tratamiento de favorabilidad otorgado al paramilitarismo que ha permitido, en los últimos cuatro años, su reingenierÃa económica, polÃtica y social. Lejos de un proceso de desactivación de las estrategias paramilitares, en muchos lugares del paÃs la consolidación del poder narcoparamilitar se ha visto favorecido por la apariencia de un proceso de desmovilización y reinserción.
En estas zonas el proceso de control social ha seguido los mismos pasos. Luego de la incursión violenta de los grupos paramilitares respaldada por las unidades del Ejército y la PolicÃa (realizada por medio de masacres, desplazamientos forzados, establecimiento de centros de exterminio en las zonas rurales y desaparición de los cuerpos en fosas comunes), se ha instalado el control social y polÃtico a través de la infiltración de las instituciones, para después instituir el lavado de activos, la contratación de obras públicas, la inversión en sectores como el de la construcción y procesos de legalización de la apropiación violenta de tierras.
La respuesta a este modelo de sociedad antidemocrático ha sido un significativo ascenso de la acción pública de los movimientos sociales, de la cual hace parte la creciente convergencia y organización de las asociaciones de vÃctimas y sobrevivientes.
Reunido en su Tercer Encuentro Nacional, el Movimiento de VÃctimas de CrÃmenes de Estado presenta a la sociedad colombina ocho propuestas encaminadas a hacer realidad los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y la no repetición de los crÃmenes contra la humanidad y los genocidios.
1. Una estrategia jurÃdica que persiga a los máximos autores de los crÃmenes y la responsabilidad de los agentes estatales
Para el Movimiento de VÃctimas de CrÃmenes de Estado, la estrategia paramilitar ha sido diseñada, operativizada e institucionalizada por el Estado colombiano mediante la creación de diferentes dispositivos, entre los cuales se cuentan normas jurÃdicas que han legitimado su accionar, y otras que buscan legalizar la impunidad de sus crÃmenes. AsÃ, los instrumentos jurÃdicos utilizados en el llamado proceso de “negociación y desmovilizaciónâ€, como la Ley 782/02 y el Decreto 128/03, han servido para el otorgamiento de indultos y amnistÃas al 93 % de los paramilitares. Otras normas complementarias han concedido beneficios económicos y subsidios a quienes se han desmovilizado, sin ni siquiera verificar su pertenencia a los grupos paramilitares, y mientras continúa el proceso de consolidación económica, polÃtica y social, y la ejecución de nuevos crÃmenes a lo largo y ancho de la geografÃa nacional. Por su parte la Ley 975/05, mal llamada de “justicia y pazâ€, y su decreto reglamentario 4760/05, pretenden cerrar este ciclo de impunidad.
En su versión original, estas normas no disponen las garantÃas necesarias para reconocer los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y a la no repetición de los crÃmenes. Tampoco reconocen la existencia de vÃctimas del Estado, y buscan encubrir la responsabilidad estatal en el surgimiento, accionar, desarrollo y consolidación de la estrategia paramilitar. A pesar de que la Corte Constitucional ha producido la sentencia C-370 –cuya redacción final aún no se conoce- en la que se introducirÃan algunas limitaciones a estos extensos beneficios, desde ya es evidente que el Gobierno Nacional y los paramilitares emplearán toda clase de estratagemas para conseguir la impunidad, y mantener a salvo los capitales obtenidos con crÃmenes atroces, y legalizados hoy en operaciones de lavado de activos.
Por ello develar estos mecanismos de impunidad es uno de los retos y desafÃos que tiene el Movimiento de VÃctimas de CrÃmenes de Estado, usando diversas instancias y procedimientos jurÃdicos, tanto nacionales como internacionales. Recurriendo al acumulado del proyecto Colombia Nunca Más, dilucidará la verdad de lo ocurrido a través de la recolección del testimonio de las vÃctimas, y documentará las nuevas formas de reingenierÃa paramilitar. Para este fin, esclarecerá los vÃnculos entre paramilitares y autoridades civiles y militares, asà como los crÃmenes que siguen cometiendo, y pondrá en claro la identidad de los beneficiarios de los mismos.
El Movimiento de VÃctimas exige que se sancione a los máximos responsables de más de 50.000 crÃmenes de lesa humanidad cuya documentación fue puesta a disposición del Fiscal General de la Nación el 29 de junio de 2006, y pide que se hagan efectivas en lo inmediato las órdenes de captura existentes. El Movimiento de VÃctimas reafirma su exigencia de que los polÃticos corruptos, los empresarios, ganaderos y terratenientes, los intermediarios de multinacionales que han sido determinadores de estos graves delitos sean sancionados ejemplarmente, con condenas penales proporcionales a sus delitos y con medidas judiciales que les impidan el ejercicio futuro de cualquier cargo público.
2. Una estrategia para la verdad y la memoria histórica
El Movimiento de VÃctimas de CrÃmenes de Estado ha expresado en diversos pronunciamientos su postura sobre la verdad y la memoria históricas. La verdad es un fundamento insoslayable para la superación de la impunidad de los crÃmenes contra la humanidad, y para la plena realización de los derechos a la justicia y la reparación integral. Para el Movimiento de VÃctimas la dilucidación de lo que ha pasado no es un procedimiento que se realice en secreto y en la intimidad con los afectados por la violencia.
La verdad y la memoria históricas son parte de un proceso de democratización de la sociedad y una oportunidad para que las fuerzas sociales que han sido excluidas, perseguidas y estigmatizadas puedan participar de la vida pública. También es un proceso que debe impugnar seriamente el pretendido carácter democrático del régimen polÃtico colombiano, y debilitar la legitimidad social de los grupos de poder que han logrado, mediante el ejercicio sistemático de la mentira y la justificación de los crÃmenes, mantener una imagen de respetabilidad social y responsabilizar a las vÃctimas de la agresión a la que han sido sometidas durante prolongados perÃodos.
La información acumulada más importante de la que dispone el Movimiento de VÃctimas para avanzar en el esclarecimiento histórico se encuentra plasmada en el proyecto Colombia Nunca Más. Este esfuerzo investigativo de más de una década sustenta sólidamente la existencia del terrorismo estatal en Colombia, no como una noción ideológica, sino como una realidad empÃricamente demostrable. Por esa razón, la difusión social y la utilización jurÃdica de esta información son tareas estratégicas para las vÃctimas del Estado.
En cuanto a las fuentes de la verdad histórica se deben fortalecer la recolección de testimonios, las pruebas forenses que sustentan los datos estadÃsticos, la búsqueda de documentos con valor probatorio, el trabajo sobre los archivos oficiales, las acciones de habeas data. Sobre este último tema se requiere conocer la ubicación de los archivos oficiales y los lapsos de desclasificación de los documentos que contienen. Asimismo se necesita entrar en contacto con organizaciones que en Estados Unidos trabajan en la desclasificación de documentos oficiales que atañen a la intervención militar y polÃtica en paÃses latinoamericanos.
Con relación a los crÃmenes que falta documentar, o cuya información debe ser sistematizada y agrupada se requiere que el Nunca Más clasifique los procesos de exterminio de grupos y colectividades, o en otras palabras que documente la existencia de los genocidios y procesos de exterminio. Igualmente que documente los crÃmenes de guerra de origen estatal, y que realice un esfuerzo de sistematización sobre el desplazamiento forzado, las detenciones arbitrarias y el exilio por razones polÃticas.
Para conservar y difundir la información acumulada se propone que el Movimiento de VÃctimas trabaje por la creación de un centro de memoria y documentación, que cumpla a la vez funciones de archivo de seguridad, y espacio de diálogo público sobre la verdad histórica. Allà pueden tener cabida los resultados de los procesos de investigación que se han desarrollado desde las vÃctimas, los bancos de datos de las organizaciones de derechos humanos, y los bancos documentales de las organizaciones sociales, polÃticas y sindicales, asà como los informes y compilaciones documentales disponibles.
3. Una estrategia para el acompañamiento solidario con las vÃctimas: la Comisión Ética
El Movimiento de VÃctimas declara su derecho a salvaguardar la memoria histórica a través de la conformación de una Comisión Ética que custodie y comparta con la sociedad colombiana y con la humanidad, la verdad histórica de las vÃctimas de crÃmenes de Estado, asà como el concepto que tiene, basado en el Derecho Internacional y en los Derechos de los Pueblos, de lo que significa la justicia y la reparación integral. La Comisión Ética nace ante la ausencia de un aparato de justicia que aborde de modo preciso el genocidio y los crÃmenes contra la humanidad; nace ante el desconocimiento de los derechos de las vÃctimas, y ante la banalización de los contenidos de la verdad, la justicia y la reparación en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 975/05.
La Comisión Ética sesionará durante 10 años con 25 miembros internacionales y 5 nacionales; personas y organizaciones de reconocidas calidades éticas de Norteamérica, Suramérica, Europa, Ãfrica y Asia. Promoverá la creación de casas de custodia de la memoria, el cuidado de los testimonios y objetos de las vÃctimas. Asà mismo, animará espacios públicos de la memoria con museos públicos, construcción de monumentos, rastreo de fosas comunes y prácticas alternas de exhumación, parte del Derecho a enterrar.
La Comisión Ética como construcción de propuestas de verdad, de justicia y de reparación con los familiares, las comunidades y las organizaciones de vÃctimas –indÃgenas, afrocolombianos, mestizos, mujeres, niños y jóvenes- recopilará insumos fundantes para la futura conformación de una auténtica Comisión de Esclarecimiento Histórico, cuando en Colombia existan garantÃas reales para la misma.
La Comisión Ética acompañará las prácticas de las vÃctimas en la afirmación de sus derechos a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral con museos populares, casas de semillas, peregrinaciones, creación de zonas de reserva y de catastro alternativo, exhumación de restos, protección de bienes y de la biodiversidad, actos públicos, ruedas de prensa, etc. Al final de su mandato, la Comisión Ética hará públicas de modo integral y sistemático tanto las propuestas en materia de verdad, justicia y reparación; asà como, el acumulado histórico de las vÃctimas -que deberá ser reconocido por el Estado- y la iniciativa de ley para la constitución de un nuevo aparato de justicia.
4. Una estrategia para la no repetición: la prohibición legal del paramilitarismo
Las estrategias paramilitares han causado un grave daño a la sociedad colombiana. Además de sembrar muerte y terror, se han constituido en la principal forma de eliminar a la oposición polÃtica y social. El origen histórico y la existencia presente del paramilitarismo es responsabilidad del Estado colombiano. Hoy quiere hacer de él un poder legitimado y un poder económico mediante la preservación de su acumulación sangrienta de capitales.
Por eso, el Movimiento de VÃctimas considera que entre las garantÃan de no repetición de los crÃmenes contra la humanidad y el genocidio en Colombia, debe figurar la proscripción de las estrategias paramilitares en el paÃs. Dicha iniciativa consiste en la redacción de un proyecto de ley, con carácter de reforma constitucional, que prohÃba cualquier disposición que intente validar al menos tres modalidades de paramilitarismo.
El proyecto de ley decretará, en primer lugar, la interdicción de cualquier polÃtica pública tendiente a armar a los civiles, o a otorgarles funciones propias de las fuerzas militares o de los cuerpos de seguridad estatales (cooperativas de tipo “Convivirâ€, redes ciudadanas de informantes y cooperantes, etc.).
El proyecto de ley precisará la tipificación del delito de alianzas entre los agentes estatales y los grupos paramilitares, y aumentará las sanciones para quienes incurran en esta práctica o fomenten la infiltración paramilitar en el Estado, y el uso de la contratación pública para el beneficio de particulares pertenecientes a organizaciones paraestatales.
El proyecto de ley prohibirá la planificación de operaciones encubiertas de tipo paramilitar por parte de miembros de la Fuerza Pública, y la conformación de escuadrones de la muerte y grupos mercenarios sobre el territorio nacional.
El Movimiento de VÃctimas es plenamente conciente de que con la actual composición del Congreso de la República una norma de estas caracterÃsticas no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada. Sin embargo, perseverará hasta que esta norma adquiera un rango constitucional y se convierta en un patrimonio de la sociedad. Igualmente, hará de esta propuesta un instrumento para abrirle paso a la controversia polÃtica sobre las garantÃas de no repetición de los métodos del terrorismo estatal y la depuración de la fuerza pública.
5. Una estrategia para la reparación: el catastro alternativo
Para el Movimiento de VÃctimas la reparación no es un acto caritativo del Estado, ni una transacción para tasar la dignidad de las vÃctimas por una suma de dinero. Tampoco es una colecta de dineros de la cooperación internacional o un deber de todos los ciudadanos a través de nuevos impuestos, como lo han sostenido el Gobierno Nacional y el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Quienes tienen que reparar son los causantes del daño y los actuales detentadores de la riqueza que ha sido usurpada a las comunidades y grupos agredidos.
Para el Movimiento de VÃctimas, la reparación es un proceso de justicia con quienes han sufrido la violencia y con la propia sociedad. Por eso, el Movimiento reitera su compromiso de impulsar el Mandato Agrario del cual hace parte la propuesta de la elaboración de un catastro alternativo como mecanismo directo de acopiar información sobre los bienes, las tierras y territorios de las victimas, que fueron usurpados por la polÃtica de terrorismo de Estado.
El catastro alternativo es la búsqueda de información sobre la magnitud del despojo, e intenta poner en evidencia que el desplazamiento forzado es una estrategia de contrareforma agraria, que establece un nuevo proceso de acumulación de tierras. Con esta herramienta las victimas podrán demandar las 5 millones de hectáreas de territorio que fueron usurpadas violentamente a campesinos, comunidades afrocolombianas, indÃgenas y colonos. También podrá reclamar la responsabilidad estatal por haber permitido o auspiciado directamente este despojo violento.
6. Una estrategia de lucha contra la desaparición forzada: la exhumación de las fosas comunes y el derecho a enterrar
Las vÃctimas de crÃmenes de Estado declaran su derecho a exhumar los restos mortales de las fosas comunes y a enterrar dignamente a las miles de personas que fueron sometidas al crimen de la desaparición forzada como parte de la estrategia paramilitar.
Muchos familiares saben dónde se ocultaron los restos mortales sus seres queridos. Muchas comunidades presenciaron la eliminación de sus lÃderes y miembros en las fincas que se convirtieron en centros de exterminio, en las que fueron sepultadas las vÃctimas. Pero hoy no pueden darles digna sepultura, pues aún persiste en las regiones el control de las mismas estructuras militares regulares e irregulares que torturaron, desaparecieron y después asesinaron.
El Movimiento de VÃctimas sostiene el legÃtimo derecho a elaborar el duelo, a saber dónde pueden los deudos visitar a sus familiares, y dónde las comunidades pueden rendir homenaje a quienes fueron inmolados. Afirma su derecho a encontrar a los desaparecidos, a saber dónde están, a recuperar los restos de humanidad, sus restos. Concibe el derecho a exhumar como la posibilidad de re-crear las vidas de quienes sufrieron los crÃmenes, de revitalizar los rÃos, las tierras, liberándolas de ser el recinto del ocultamiento, y la impunidad de los perpetradores. Ratifica el derecho a convertir el dolor en esperanza, en la posibilidad de esclarecimiento de la verdad, y de dignificación del nombre, las opciones, los ideales, y proyectos de vida de quienes fueron desaparecidos. Ese derecho es el de la resistencia y la resilencia. Es el derecho a exhumar la vida y la memoria.
7. Una estrategia de lucha contra el genocidio polÃtico: verdad, justicia y reparación para las vÃctimas y los sobrevivientes de
