La Asociación Comunidad Motilón Bari, ASOCBARI, interpuso en el día de ayer, la Solicitud de Insistencia para que se revise la tutela que fue fallada en su contra en noviembre del 2005. Esta comunidad indígena había interpuesto el 12 octubre del 2005, una acción de tutela contra la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL; los ministerios del Interior y Justicia; Vivienda y Desarrollo Territorial; y de Defensa, puesto que la ejecución del proyecto de explotación y exploración de petróleo Álamo I, en su territorio ancestral, atentaba contra sus derechos fundamentales y la pervivencia como pueblo. Ante el rechazo de la revisión del fallo por parte de la Corte Constitucional, los Barí presentaron una solicitud de insistencia a todos los magistrados de la Corte Constitucional, la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, quienes pueden pedir a la Corte, se revise el fallo de tutela. En caso de que la Corte acepté la solicitud, se mantiene la esperanza de que ésta corporación pueda corregir los desaciertos de los jueces en primera y segunda instancia en la protección del territorio y pueblo Barí.

 

Poco a poco se están agotando los mecanismos jurídicos que los Barí han empleado en defensa de su dignidad como pueblo indígena. Esta comunidad, ubicada en la cuenca del Río Catatumbo, en Norte de Santander, departamento al nororiente de Colombia, han apelado a todos los recursos que la ley les otorga. Pero no ha sido suficiente, sus argumentos han sido desconocidos y hoy por hoy, en el corazón de su territorio se desarrolla el proyecto de exploración y explotación de petroleo, Álamo I.

 

En Socbacayra, lugar de paso y comunicación entre los Barí, y en donde celebran sus rituales sagrados, es ahora una explanada de 2 hectáreas, con helipuerto incluido, Allí ya se levantó la plataforma para el taladro de explotación. Cabe anotar que a tan sólo tres minutos de este lugar se encuentra un cementerio Barí. El cordón de seguridad de la explanada de ECOPETROL, está compuesto por más de 200 miembros del Ejército Nacional, arzón por la cual los Barí, ya no pueden cazar, ni pescar, están confinados en su propio territorio y no hacen grandes desplazamiento por el temor de ser atacados por la fuerza pública, cuyo única misión es garantizar la seguridad de las instalaciones de ECOPETROL.

 

Ante el desconcierto del pueblo Barí y del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, quienes llevan el caso, después de que el fallo de tutela fue preseleccionado por la Corte Constitucional, la Sala de Revisión de la misma corporación decidió no revisarlo. Aunque la comunidad Barí envió a la Corte el informe de una comisión de verificación en territorio que se realizó del 17 al 21 de febrero de este año, y a pesar del respaldo de organizaciones nacionales e internacionales al pueblo Barí, los argumentos de esta comunidad fueron simplemente desestimados.

 

Frente a esta situación, el Pueblo Indígena Bari le recordó al estado colombiano, en un comunicado a la opinión pública del pasado 27 de junio, que “las denuncias sobre los múltiples impactos culturales a nuestra cosmovisión, nuestros lugares sagrados, nuestra espiritualidad, sobre el incumplimiento por parte de ECOPETROL de más del 50% de las obligaciones que se establecen en la Licencia Ambiental 0624 de 2005, sobre los más de 140 impactos al ambiente y los ecosistemas ocasionados con la ejecución del proyecto petrolero, sobre el accionar arbitrario del Ejército Nacional que esta atentando nuestra libre movilización, nuestras actividades culturales de caza y pesca, maratones y rituales, integridad física y la propia vida, sobre la omisión por parte del Ministerio de Ambiente de realizar el seguimiento ambiental al proyecto a cual esta obligado según las leyes colombianas”.

 

Igualmente solicitó a “las organizaciones sociales, de derechos humanos, ambientalistas, hermanos de los demás pueblos indígenas y a la opinión pública nacional e internacional que se pronuncien con solicitudes de insistencia ante los magistrados de la Corte Constitucional Colombiana, solicitando que se  revise el fallo de tutela de segunda instancia  del Consejo de Estado, como medida para que cesen las violaciones a nuestros derechos humanos”. Los Barí reclamaron del Estado garantice “la protección a sus derechos fundamentales, a nuestra condición de minoría étnica y nuestro derecho a la vida y la pervivencia y a la protección del ambiente que nos rodea; nuestra Ishthana”.

 

Judith Maldonado, representante legal del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, dijo a Actualidad Étnica que confía la corte revisé el fallo de tutela y se pronuncie a favor de los Barí. Según Maldonado, en caso de que se agoten los recursos en Colombia, el caso se puede llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; CIDH.

 

Ante la eventual negativa de la Sala, los Barí no se quedarán cruzados de brazos. La resistencia milenaria de este pueblo, los hará insistir las veces que sean necesarias en la defensa de sus derechos. En el comunicado de prensa, hicieron un llamado para que se solidaricen con su causa. Por eso invitaron a las organizaciones, la comunidad internacional y a todos los colombianos, envíen apoyen la solicitud de insistencia a la Corte Constitucional Colombiana. “A la presión jurídica se le debe sumar la presión política “, puntualizó Maldonado.

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