Bogotá, 18/08/2006. El gobierno vuelve a incumplir la cita de diálogo con las comunidades del sector de Puerto Vega – Teteye (Puerto Asís), prevista para la negociación de la primera mesa de concertación sobre el estado humanitario del bajo Putumayo. El acuerdo fue previamente firmado por ambas partes el 25 de junio de 2006 en el que se estableció una agenda de trabajo que fue ignorada en una primera oportunidad el 10 de julio; se postergó hasta este 15 agosto, fecha en la cual tampoco se efectuó. Ante esta situación las instituciones asistentes y la asamblea permanente de las comunidades campesinas e indígenas del Bajo Putumayo, exigieron se aclare esta situación y presentaron un diagnóstico de la problemática social de la región.

 

La asamblea, a través de un comunicado de prensa, presentado por ACSOMAYO (Asociaciones del Bajo Putumayo) manifestó su rechazo frente a la posición del gobierno: “Exigimos  cumplimiento y respeto a los acuerdo pactados y que se haga efectiva la presencia  de los Organismos Nacionales e Internacionales  como Observadores y Garantes  del proceso, al igual que los Órganos de Control y demás Instituciones competentes”.

 

La mesa hace parte del proceso de negociación por los derechos y las garantías de las comunidades indígenas y campesinas de la zona que adelantan las dos comisiones, a partir de la situación de DDHH. Dentro de las exigencias primordiales del grupo, está la asistencia de los Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos que deben ser observadores y garantes del proceso.

 

De igual forma, el equipo de trabajo (comunidades campesinas e indígenas y las organizaciones asistentes) denuncia públicamente la violación de los derechos humanos de los que ha sido objeto la población y plantea una serie de estrategias para crear un plan de trabajo en la mesas para beneficio inmediato y a largo plazo de estas comunidades.

 

Según el reporte, entre las denuncias más relevantes están los asesinatos selectivos y masacres; abusos cometidos por la fuerza pública; prohibición de libre circulación y movilización y de transporte de elementos básicos; restricciones al ejercicio de la autonomía y la participación; violaciones a los derechos de las mujeres; señalamiento y estigmatización de la comunidad en la cabecera municipal por algunas autoridades, sectores de la sociedad y los grupos paramilitares; fumigaciones que afectan los cultivos de pan coger y salud de los moradores; incursiones paramilitares combates en territorio de las comunidades, afectando a las personas y bienes civiles; y acciones para causar temor en la población por parte de los actores armados.

 

Así mismo, informaron que desde el año 2000 hasta el 2006, 39 personas fueron asesinadas en su mayoría por las AUC y se presentaron dos casos de violación a menores de edad efectuados por el ejército; su exigencia básica radica en la creación de una comisión de verificación, observación y seguimiento a los acuerdos pactados en las 4 mesas de acercamiento con el gobierno, integrado por los organismos humanitarios de carácter nacional e internacional, por Ong`s  invitadas por la comunidad y órganos de control del estado.

 

Entre las organizaciones que cumplieron la cita se encuentran Asociación Minga, Comisión Intereclesial de Justicia Y Paz, Comisión Colombiana de Juristas,  Procesos de Comunidades Negras, ACNUR, como también el acompañamiento Permanente de la Defensoría del Pueblo con la Presencia de la Defensoría Comunitaria y el Asesor de Fronteras de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación Departamental a través de la Secretaria de Gobierno con la Participación de las Delegadas de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Alcaldía , Secretaria de Gobierno Municipal y Promotora de Asuntos Indígenas, entre otras

 

Proceso de diálogo

 

La  Asamblea Permanente del Putumayo se sentó con el Gobierno a negociar desde el 25 de junio de 2006, en esa oportunidad la comisión estuvo integrada por el Alto Comisionado del Gobierno, delegados de la Procuraduría Nacional, autoridades departamentales, municipales y representantes  de la empresa  petrolera Consorcio Colombia Energy. Como resultado del encuentro se estableció una agenda de concertación para dar solución a la grave problemática social, económica y de violación de los derechos fundamentales que se vive en el Bajo Putumayo.

 

El programa de negociación se dividió en cuatro mesas de trabajo con el objetivo profundizar cada componente y las temáticas estuvieron divididas en derechos de los pueblos; inversión social y económica; seguimiento a los recursos de regalías; y una consulta previa teniendo en cuenta el Derecho Mayor de los indígenas y el Convenio 169 de la OIT.
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