A propósito del Proyecto Ley sobre Desarrollo Rural que se debate hoy en el congreso, reproducimos el artÃculo “La más regresiva Ley agraria de la historia de Colombiaâ€, de Aurelio Suárez Montoya, publicado en el periódico La Tarde de Pereira. Suárez Montoya, señala que “la expedición del retrógrado Estatuto, complemento del TLC, concretará más expulsiones de otros millones de familias indÃgenas, negras, campesinas y agricultoras, ellas irán de la agonÃa a la aniquilaciónâ€.
La más regresiva ley agraria de la historia de Colombia
Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, octubre 10 de 2006
En la comisión Quinta del Senado, con cuestionados procedimientos y mÃnima mayorÃa, se aprobaron cerca de 140 artÃculos de los más de 160 que componen la Ley de Desarrollo Rural o Estatuto Rural. Este proyecto, el de trámite más avanzado en la agenda del segundo gobierno de Uribe, concreta la intervención del Estado para el ordenamiento del agro colombiano a tono con el TLC y con los arreglos acaecidos en las áreas rurales de Colombia en los últimos veinte años, en los que fueron desplazados 3.6 millones de personas, el 82% en la última década. La producción de “bienes transables de tardÃo rendimiento, bosques y servicios ambientales†y el “ajuste radical†de la economÃa campesina son las directrices de ese Estatuto.
Al desconocerse el mandato constitucional de brindar “debida protección a la producción de alimentosâ€, se recurre al manejo autócrata del territorio a fin de imponer la meta gubernamental para 2020 de siete millones de hectáreas sembradas en cultivos tropicales como palma aceitera, cacao, yuca y forestales y demás de las cadenas agro exportadoras. El instrumento para los fatales fines es el INCODER, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Las orientaciones emanadas del ministerio de Agricultura y del Consejo Directivo de ese Instituto, donde el poder se concentra en esa cartera, en la de Planeación y en la de Medio Ambiente, guiarán la gestión en Proyectos Productivos que demanden apoyo estatal, en Reforma Agraria, en Asistencia Técnica, en Adecuación de Tierras y Riego, en delimitación de Resguardos IndÃgenas y Consejos Comunitarios de Negritudes, en Extinción de Dominio de bienes rurales y clarificación de la propiedad y deslinde de tierras, en administración de baldÃos, incluyendo zonas de colonización, de reserva campesina y de Desarrollo Empresarial.
Los lineamientos del Estatuto para imponer polÃticas son los más regresivos consignados en la legislación colombiana. Se condiciona el crédito y la promoción gubernamentales a la producción vinculada a la exportación, la acción institucional en la asistencia técnica se limita a “estimular la creación†de prestadores del servicio por el que los clientes rurales pagarán, igual pasará con las obras adecuación, para las que los usuarios recibirán un subsidio que “ayude†en el pago correspondiente, y se avisa que la administración de los actuales distritos podrÃa darse a entes distintos a las asociaciones de usuarios. El Estado abandona vitales funciones, las privatiza.
Lo más perverso corresponde a lo que como burla se insiste en llamar Reforma Agraria. Se reduce a un subsidio, entregado a los supuestos beneficiarios, para completar el pago efectuado a los oferentes de la tierra en un mercado donde el Estado juega el papel de “asistir†la transacción; esto si y sólo si existe un plan productivo aceptado por INCODER. Se contempla la reestructuración de los Resguardos IndÃgenas y los Consejos Comunitarios, verificando sus lÃmites desde las cédulas coloniales y prohibiendo su ampliación, si ha lugar, con predios invadidos o que “se pretendan invadirâ€. Los planes de colonización, especiales de adjudicación y de reservas campesinas tienen como demarcación la Unidad AgrÃcola Familiar (UAF).
Mientras esta receta se brinda a quienes solicitan tierra, el Estatuto prescribe que empresas “que se dediquen a la explotación de cultivos agrÃcolas o a la ganaderÃa, podrán solicitar la adjudicación de terrenos baldÃos†sin la restricción de la UAF, justificadas en “facilitar la incorporación de sistemas modernos de producción que requieren alta inversión de capital, dentro de criterios de racionalidad y eficienciaâ€.
En igual sentido, evadiendo el contexto de desplazamiento, establece que, quien “creyendo de buena fe que se trata de tierras baldÃasâ€, hizo explotación económica y estable de un predio por cinco años, podrá exigir el dominio a su favor y, asà mismo, cambia la expropiación de los predios improductivos por su compra según avalúo, aunque la mantiene para macroproyectos de “interés y conveniencia estratégicosâ€. Mezquindad con los necesitados y regalÃas con multinacionales, consorcios y rentistas y con quienes puedan legalizar muchÃsimas hectáreas venidas del despojo.
Entregar territorios a extranjeros para el desarrollo de la agricultura fue una propuesta de Francisco de Paula Santander en los albores de la República; este gobierno, que ve caer en picada la producción y el empleo rurales, la resucita como “modernizaciónâ€. Sin duda, la expedición del retrógrado Estatuto, complemento del TLC, concretará más expulsiones de otros millones de familias indÃgenas, negras, campesinas y agricultoras, ellas irán de la agonÃa a la aniquilación.
