. En una fecha simbólica para los indÃgenas, el pasado 12 de octubre se realizó la Audiencia Pública del pueblo barÃ, en el municipio de Tibú (Norte de Santander), departamento ubicado al nororiente de Colombia, lugar en donde tienen asentamiento estas comunidades indÃgenas. Los temas que se debatieron en la reunión fueron entre otros, la revocatoria a la licencia ambiental que se otorgó a Ecopetrol para el proyecto de exploración petrolera Ãlamo I, el irrespeto de los territorios ancestrales, la vulneración de los derechos humanos, la militarización de las comunidades y las fumigaciones en las zonas de reserva indÃgena y forestal.
El encuentro que se llevó a cabo en el instituto educativo Domingo Savio contó con la participación de las autoridades locales, sin embargo el gobierno brilló por su ausencia, asà informaron a los medios de comunicación los motilón barÃ.
La actividad se inició a las ocho de la mañana con un recorrido por las calles de Tibú -en tiempos prehispánicos corredores naturales por los cuales se desplazaban libremente los barÃ-, quienes a principios del siglo XX, cuando llegaron la Colombian Petroleum Company (COLPET) y South American Gulf Oil Company (SAGO), aún habitaban estas tierras.
En memoria de sus ancestros, alrededor de 500 bari colocaron placas en los lugares en donde estuvieron ubicados antiguos bohÃos que fueron destruidos en 1930, con las primeras incursiones petroleras.
En horas de la tarde se inició la audiencia en la que participaron autoridades locales, funcionarios de la gobernación de Norte de Santander, mandos militares del Catatumbo, más de 20 organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales y medios de comunicación. También asistieron Gabriel Muyuy, Defensor Delegado para Asuntos Étnicos de la DefensorÃa del Pueblo y delegados de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. Sin embargo, no se hicieron presentes los representantes del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia, el Grupo de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente, todo ellos invitados, incluso con dos meses de anticipación, por parte de la Asociación de Comunidades Motilón Bari de Colombia -ASOCBARI-, afirmó John Ardila, integrante del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, entidad que representa a esta comunidad. Actualidad Étnica conoció al cierre de esta edición, que el Ministerio del Interior preparaba un pronunciamiento sobre la audiencia y el proceso de exploración petrolera en territorio barÃ.
Si el gobierno no viene a las comunidades .....
Como resultado del encuentro, las autoridades indÃgenas anunciaron que continuarán con su lucha pacÃfica; sin embargo advirtieron que sà el gobierno no viene a sus comunidades, ellos irán a donde están las autoridades del estado. Del mismo modo, nueve de las ONGs que participaron en la audiencia enviarán un oficio a las autoridades, para recordarles los compromisos adquiridos este 12 de octubre con el pueblo barÃ.
Entre tanto el proceso jurÃdico del caso barà avanza. “En este momento, el fallo de tutela de segunda instancia que desconoció la protección de los derechos del pueblo barÃ, está siendo revisado por el Magistrado de la Corte Constitucional, Ãlvaro Tafur Galvisâ€, informó John Ardila.
Según Ardila, si el fallo es adverso, solicitarán la adopción de medidas cautelares a la comisión interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
