SIEC. Oficina Concejala Ati Quigua. Bogotá, Colombia. A través de un Acuerdo que estableció los lineamientos de la política pública para los indígenas en Bogotá, en la que se implementarán medidas tendientes a amparar los derechos de 20.642 indígenas, en materia de identidad cultural, atención oportuna e integral en salud, educación, vivienda, y el funcionamiento de sus cabildos, el Concejo de la capital reconoce las legítimas e históricas reivindicaciones de estos pueblos y envía un mensaje al Congreso y al Gobierno Nacional para que adopten medidas sobre el tema.
Según la líder política Ati Quigua, el Estado colombiano y el Gobierno Nacional, no están protegiendo ni garantizando los derechos de los pueblos indígenas, pese a que la constitución Política del 91, definió un marco de derechos de carácter explícito para los diferentes grupos étnicos, incluidos los indígenas, por eso no es extraño ver continuamente por los diferentes medios de comunicación denuncias como el asesinato de 1.700 indígenas, la violación a sus derechos humanos y colectivos, los atropellos, abusos y excesos de los que son víctima los miembros de estas comunidades, por parte del ejercito y de grupos al margen de la ley, y qué decir de su situación en el ámbito urbano.
Con la implementación de este Acuerdo en la ciudad, el gobierno distrital dará cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar los derechos diferenciados en función de grupo, de manera que sea posible neutralizar las desventajas a las que están expuestas las minorías étnicas frente a las decisiones que hace prevalecer la sociedad mayoritaria en las instituciones político-jurídicas, por desconocimiento de las particularidades sobre estas comunidades.
En Bogotá existen 5 cabildos indígenas, de las comunidades Muisca, Inga, Kichwas y Pijaos, asentados en las localidades de Bosa, Suba, Engativá, Candelaria, Mártires y Usme, quienes entrarían a ser beneficiados con esta iniciativa, que dejará de ser una decisión de turno para convertirse en una Política Pública.
En cuanto a la identidad cultural se promoverán las actividades propias de los pueblos indígenas como el Festival del Sol y la Luna (Muisca), la celebración del Inti Raymi, (Kichwa), la realización del carnaval del trueque y el carnaval de niños y niñas para intercambiar saberes y conocimientos ancestrales, por mencionar algunas.
Se ampliará el número de indígenas afiliados al Régimen Subsidiado, que en la actualidad asciende a 6541, a quienes se les debe brindar la posibilidad de una asistencia medica acorde a sus particularidades culturales, fortalecer y dar continuidad a sus proyectos en medicina tradicional y la conformación de una institución Prestadora de Servicio de Salud por parte de las autoridades indígenas.
En el área de educación, se garantizará y priorizará el acceso y permanencia de los grupos étnicos a la instrucción formal y no formal, básica primaria, secundaria y superior, y se apoyaran los procesos de enseñanza propias de su cultura, que hoy alcanza a una población de 2.219 niños, que se capacitan en las instituciones distritales.
Con el tema de territorialidad, se respetarán las formas de concebir y vivir el territorio propias de estas comunidades, en particular de la población ancestral de Bogotá (Muiscas), así como su patrimonio cultural inmaterial; se les garantizará el acceso a sitios sagrados, como Monserrate.
Se dará apoyo a iniciativas de regulación y gestión pública ancestral del territorio que habitan, se reconocerá y promocionará la producción social del hábitat propio de las culturas indígenas, con énfasis en oferta de vivienda con criterios de dignidad adecuados a sus particularidades socioculturales, actualmente se planea desarrollar un programa de vivienda para estas comunidades en Bosa.
Otro aspecto de gran importancia que contempla el Acuerdo es la atención a la población indígena en situación de desplazamiento forzado por el conflicto armado, por catástrofes naturales, que se ha recrudecido en la última década, según Acción Social, en la ciudad hay 5.610 integrantes de todos los pueblos que existen en el país, a quienes se les garantizará atención oportuna e integral con enfoque diferencial, con responsabilidad compartida con el gobierno nacional.
Igualmente, se protegerán sus derechos humanos más vulnerados, como el derecho a la vida, a la integridad personal y cultural, a la seguridad y a las condiciones básicas para pervivir durante el tiempo que tengan que permanecer en Bogotá y así evitar la mendicidad en los semáforos y calles de mujeres y niños indígenas. Lo cual se traduce en servicios dignos y de calidad en materia de alimentación, trabajo, educación, salud y vivienda, recreación, condiciones de seguridad y de posibilidad de retorno, así como la no participación en la guerra.
