Multitud de organizaciones sociales, indígenas y de derechos humanos protestan contra las negociaciones de Colombia, Perú y Ecuador con la Unión Europea para la firma de un Tratado de Libre Comercio. Los derechos humanos, la salud, la biodiversidad y la propiedad intelectual, principales controversias.

Santiago Pardo, jefe Negociador del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano, lo dejaba muy claro pocos días después de concluir la primera ronda de negociaciones que mantienen Colombia, Perú y Ecuador con la Unión Europea para un Tratado de Libre Comercio: "los derechos humanos no tienen nada que ver con el comercio. Ahora estamos negociando un tratado comercial, los acuerdos en materia de derechos humanos con la UE ya tienen un marco establecido en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-CAN".

Ante semejante réplica, muchas ONGs y organismos de derechos humanos se echaron las manos a la cabeza. Algunos todavía recordaban la votación del Congreso estadounidense, cuando casi 200 congresistas decidieron congelar las negociaciones de TLC con Colombia como una medida de presión para exigir una mayor protección a los derechos humanos y laborales en nuestro país. Pero la UE tiene otras prioridades.

Para empezar, en vez de continuar las negociaciones con la CAN en el marco del Acuerdo de Asociación UE-CAN del año 2000, decide ir por la vía rápida abriendo encuentros bilaterales con los diferentes países rompiendo en cierta medida aquel documento que insistía en la necesidad de integrar la CAN en materia de cooperación, diálogo político y también, claro, comercio.

La primera consecuencia de este cambio de formato fue el abandono de Bolivia, que no está dispuesta a negociar tratados por libre. Evo, consternado, escribió una carta a Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, pidiendo unas explicaciones que no encontraron respuesta.

Colombia, Perú y Ecuador comenzaron entonces a definir el acuerdo para el TLC en la ronda de Bogotá, en el mes de febrero, y en Lima en marzo sin contar con la aprobación de las organizaciones sociales y las comunidades indígenas, desplazadas de unas negociaciones que claramente les afectan.

Las primeras protestas comenzaron en Lima, durante la ronda de marzo. Reunidos en la "Jornada de los Pueblos: TLC CAN UE, lo que no se ha dicho", algunas organizaciones indígenas entre las que se encontraban la ONIC y la ACIN colombianas, denunciaron el empeño de sus gobernantes por lo que consideran "una invasión de las empresas transnacionales, un encarecimiento de las medicinas importadas de Europa y un retroceso en materia de derechos humanos".

Muchas ONGs también están preocupadas por lo que se está negociando puertas adentro. Oxfam International se quejaba hace unas semanas de la desinformación relativa a los acuerdos en medicamentos, que incrementarían los gastos en salud de los andinos en aproximadamente 390 millones de dólares anuales a partir de 2025, según un estudio elaborado por varias organizaciones sociales si realmente las patentes se extienden de 20 a 25 años y si se elevan los datos de prueba de 5 a 10 años, como estipulan los últimos acuerdos que ha hecho públicos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Según todas las informaciones, el gasto en salud aumentaría en 250 millones de dólares debido a un incremento en los precios de los medicamentos que giraría en torno al 30%. Luis Guillermo Restrepo, miembro del grupo negociador colombiano, se quejaba de las "dificultades en la negociación por las presiones de la industria farmacéutica en este tema", pero en ningún momento negaba los acuerdos en las cláusulas mencionadas.

Ante el oscurantismo reinante en buena parte de los acuerdos que se estaban negociando, el pasado 15 de abril el comité negociador colombiano encabezado por Santiago Pardo presentó un documento a los representantes de grupos étnicos en el que mostraba el nuevo formato de acercamiento a la UE (bilateral y exclusivamente comercial).

El documento insiste en "la creación de espacios exclusivos de participación para los grupos étnicos de nuestro país con el fin de contar con sus aportes en el proceso de negociación" y rechaza cualquier modificación en los derechos constitucionales y legales de los grupos étnicos en virtud del nuevo acuerdo comercial con la UE. Además, destaca que "en las negociaciones se reconocen los derechos de estos grupos a su autonomía territorial, la protección del conocimiento tradicional y la propiedad colectiva, y a la jurisdicción especial, entre otros".

El grupo negociador se compromete también a proteger asuntos como la conservación del medio ambiente, el reconocimiento de la biodiversidad y la importancia de los conocimientos tradicionales de los grupos étnicos así como el reconocimiento de los principios internacionales de consentimiento previo informado y de la distribución equitativa de los beneficios para el uso de los recursos genéticos.

Las negociaciones, que ayer comenzaron su tercera ronda en Bruselas, han encontrado otro difícil escollo en los temas relativos a la propiedad intelectual. Las organizaciones indígenas reunidas en la Jornada de los Pueblos denunciaron que el TLC "facilitaría la biopiratería de conocimientos y recursos biogenéticos de los pueblos indígenas" por la incontenible ambición de las farmacéuticas europeas.
Por otro lado, las Mujeres Indígenas del Ande y Amazonía reunidas en Lima rechazaron también la firma del TLC CAN-UE por tratarse de "otro acuerdo de política neoliberal que está llevando a la destrucción del planeta, cuyas consecuencias ya nos afectan por la escasez de agua dulce por la contaminación de actividades extractivas, los alimentos transgénicos y los monocultivos que destruyen la biodiversidad".