"Somos muy distintos, tenemos ideologías diferentes, tenemos una línea política única que no permite participación de otros actores, en la ASI, todos pensamos igual", manifestó Avirama a Actualidad Étnica.
Por su parte, el Concejo de Medellín respaldó a los partidos políticos Alianza Social Indígena (ASI) y Polo Democrático Alternativo (PDA), así como a un conjunto de organizaciones sociales que a través de informes de inteligencia del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la IV Brigada fueron relacionadas con las Farc.
Durante una sesión, promovida por los concejales Santiago Londoño y Luis Bernardo Vélez, integrantes de la ASI, donde se abordaron las denuncias hechas el por la Agencia de Prensa IPC a través de un informe que dio cuenta de diversos documentos elaborados entre mayo del 2009 y abril de 2009 por investigadores del CTI, en convenio con las Fuerzas Militares, en los que se hace referencia a los supuestos vínculos de ambos partidos políticos .
Si bien la Fiscalía General de la Nación negó a través de un comunicado de prensa que se hayan vinculado "grupos políticos y organizaciones sociales" a un proceso penal que se adelanta contra supuestos miembros del PC3, en el debate en el Concejo no se dudó de la existencia de los informes de inteligencia, información que hasta el momento no ha sido desvirtuada por la IV Brigada ni por el CTI de la Fiscalía.
"¿Qué democracia tiene Colombia?", se preguntó el Presidente del Concejo, Bernardo Alejando Guerra Serna, del Partido Liberal, al hacer un recuento de las estigmatizaciones contra aquellas fuerzas políticas y sociales adversas al lineamiento ideológico impulsado desde la Presidencia de la República y relacionarlas con las interceptaciones telefónicas realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en los últimos años.
Guerra Serna cuestionó la actitud de algunos cuerpos de seguridad que se han dedicado a hacerle "inteligencia" a los sectores de oposición y lamentó la falta de "investigaciones de inteligencia contra los verdaderos criminales".
El concejal de la ASI, Santiago Londoño, reclamó claridad de las autoridades judiciales sobre eventuales procesos judiciales que liguen a su colectividad con organizaciones guerrillas, solicitó no "investigar debajo de la mesa" y evitar las generalizaciones, "pues cuando se sindica a un partido político, a una organización no gubernamental o a un movimiento social, se incurre en una generalidad que le hace daño a las instituciones".
El también concejal de la ASI, Luis Bernardo Vélez, asoció las vinculaciones con las Farc que han hecho el CTI e inteligencia militar con la campaña presidencial que se avecina, en particular con la que adelanta el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo Valderrama, pues éste tiene el apoyo de su partido y, además, lidera las encuestas de opinión a nivel nacional en un escenario donde no haya reelección del actual Presidente de la República.
Diego Herrera, director de Estrategias del Instituto Popular de Capacitación (IPC), quien fue invitado a la sesión para que ofreciera una visión general de lo ocurrido, destacó que cada vez se amplía el espectro de fuerzas políticas que aparecen reseñadas en informes de inteligencia de los organismos de seguridad.
"Es preocupante que el enemigo sea visto en las organizaciones y movimientos sociales, líderes políticos y de opinión, y hasta en las altas cortes", dijo Herrera.
Frente los informes de inteligencia elaborados por la policía judicial en convenio con las Fuerzas Militares, el directivo del IPC sostuvo que pretenden inhibir el ejercicio de control al poder público: "además, la inteligencia militar no ve ciudadanos exigiendo sus derechos sino apoyos a la subversión, ve el enemigo interno donde no está y ese es el eje de la doctrina de seguridad nacional que recoge la seguridad democrática".
Herrera solicitó que los informes de inteligencia que involucren a las distintas organizaciones sociales, sindicales, defensoras de derechos humanos y estudiantiles sean entregados a la Procuraduría General de la Nación para el esclarecimiento de las investigaciones; también reclamó garantías procesales que permitan la legítima defensa de quienes puedan resultar involucrados en investigaciones penales.
