Sin quórum, transcurrió el debate sobre la crisis humanitaria que vive el pueblo Awá este martes 2 de junio, porque la mayor parte de senadores se ausentaron del recinto, en una clara demostración de la poca importancia que los "padres de la patria" le dan a una discusión que trasciende las fronteras nacionales y a un tema tan trascendental como la pervivencia de estos pueblos, reconocidos por la comunidad internacional como un patrimonio de la humanidad.
Contundentes, claras y decididas fueron las declaraciones de los congresistas indígenas y del Consejero Mayor de la ONIC, quienes en este espacio denunciaron el fracaso de la política de seguridad democrática del gobierno en los territorios indígenas, asediados por la violencia, la muerte y la zozobra, sin que el Estado haya reaccionado con la eficacia que alardea en otros espacios.
Como "infame", calificaron la política de genocida de las Farc y del gobierno con los pueblos indígenas, los senadores Ramiro Estacio, Jesús Piñacué y el Consejero Mayor Luis Evelis Andrade, luego de evidenciar con juiciosos argumentos la grave crisis humanitaria que afecta a sus comunidades, hoy en el filo de la navaja entre la vida y la muerte.
Como era de esperarse, los pocos senadores gobiernistas que quedaban en el recinto justificaron el enfoque contrainsurgente que ha primado en las políticas del gobierno con los desmanes cometidos por las guerrillas en estos territorios, y desvirtuaron las tesis de genocidio como política oficial presentadas por los representantes indígenas y la oposición.
"El estado colombiano es responsable por lo que le está sucediendo a los pueblos indígenas", señaló con tono airado Luis Evelis Andrade, tras conminar a los señores del senado para que no sigan haciendo leyes "inconsultas con los pueblos indígenas, que están violando la Constitución y el derecho internacional".
Políticas y consultas engañosas
"Lo que está pasando con el pueblo Awá es el fiel reflejo de lo que está ocurriendo en los territorios indígenas de Colombia. Esto obedece a varios factores: a intereses económicos que también usufructúan, que hacen uso de la violencia en algunas regiones, para imponer sus intereses. También por la indiferencia y la falta de respuestas concretas del Estado, porque si hoy es cierto que de los 102 pueblos hay 32 en alto riesgo de extinción (...) que requieren planes de salvaguarda (...), pues está claro que quien tiene la responsabilidad por acción y por omisión es el Estado colombiano; lo cual no lleva a desconocer que en el marco del conflicto armado también hay otros actores ilegales con responsabilidades...".
Así lo señaló en consejero indígena Andrade, quien además dijo que "en este mismo Congreso, donde se han presentado leyes que el Estado colombiano presenta como avances a nivel internacional, también se han aprobado leyes a los derechos indígenas que han sido declaradas inconstitucionales...", como por ejemplo la ley que aprueba el plan de desarrollo, que en lo referido a pueblos indígenas no ha hecho la consulta, como tampoco la hizo el Estatuto de Desarrollo Rural, ni la Ley Forestal.
"No vemos voluntad política", dijo el consejero, al tiempo que señaló que "las consultas han sido reconocidas por la Corte Constitucional como engañosas y de mala fe."
Al respecto, señaló que esperan que el gobierno revise su actuación en estos casos, en lo que sea de su competencia y que todos estos elementos permiten señalar la alta responsabilidad que tiene el Estado en lo que está ocurriendo con los pueblos indígenas.
Recalcó que aquí tuvo que darse una masacre de la magnitud de la que se dio en febrero con el pueblo Awá para que la opinión pública se preocupara por este pueblo que ya había sido anunciada. "Hasta cuándo en Colombia tenemos que esperar tantas masacres, para poder medio actuar... dónde está la seguridad democrática para los pueblos indígenas y otros sectores que no tienen la oportunidad de hablar", agregó.
Señaló que aquí está ocurriendo una verdadera tragedia humanitaria con un gran número de pueblos indígenas; que los Awá siguen sufriendo un desplazamiento forzado que no está siendo bien atendido por el gobierno y están en condiciones infrahumanas, aunque las cifras digan lo contrario.
Finalmente, mostró su desacuerdo con las justificaciones que cada actor armado da a sus crímenes y dijo que las normas internacionales de protección no son para exhibirlas sino para cumplirlas. Dijo que en la minga humanitaria se encontraron evidencias de que miembros de la fuerza pública violaron el derecho internacional humanitario, lo cual hizo que la guerrilla usara esto como un pretexto para asesinar al pueblo Awá.
Denunció que, como si fuera poco, los Awá han sido fumigados en la quebrada de El Hojal donde se encontraron los cadáveres de los indígenas asesinados; que hay una guerra silenciosa peor contra los pueblos indígenas, sitiados por el hambre y la desprotección, por la desnutrición, y pidió una misión de verificación para ver si ha habido o no fumigación a los Awá. Exigió garantías para misión de verificación ONU que vendrá al país y llamó a que los indígenas no sigan siendo vistos como un obstáculo al desarrollo y la democracia, sino como una gran riqueza, como pueblos que aportan a este país.
Horrible lo que viene haciendo el Gobierno: Piñacué
El Senador indígena Jesús Piñacué criticó que los funcionarios que debían estar en el debate no estuvieran en su sitio, dando muestra de la poca importancia del tema para el gobierno. Sin embargo, el presidente del Senado interpeló que el Ministro del Interior asistía a otro debate sobre víctimas en la Cámara de Representantes, y que el Canciller estaba atendiendo la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Honduras.
Piñacué destacó la incapacidad, inoperancia e ineficiencia del gobierno para asegurar los mínimos derechos del pueblo Awá.
Dijo que fue horrible, dantesco y condenable desde todo punto de vista lo que hicieron las Farc, con una mentalidad paranoica y confundida, "pero no menos horrible, oscura, distante, displicente, la actitud de todos los gobiernos y especialmente de éste, que ha fracasado de manera estruendosa en las políticas públicas en favor de la minorías étnicas en este país, desatendiendo normas internacionales que serán cobradas y que la sociedad colombiana tendrá que pagar, porque nada será impune cuando el atentado es contar el patrimonio de la humanidad".
Tras señalar que, según Naciones Unidas, lo que se cierne sobre los pueblos indígenas más que una crisis humanitaria es una verdadera amenaza de extinción, dijo que las fuerzas armadas en connivencia con grupos paramilitares también han cometido crímenes de lesa humanidad contra los pueblos indígenas.
Luego de señalar la infinidad de informes de organismos internacionales que dan cuenta de la gran cantidad de asesinatos y violaciones a los derechos de indígenas, dijo que todas las fuerzas implicadas en el conflicto: fuerzas militares, paramilitares, guerrilleros, fueron responsables de atentados sistemáticos de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y es muy poco lo que se ha hecho para defenderlos.
Necesitamos que se respete la vida, dijo, antes de mencionar que se está confirmando que en el centro de la guerra no está destruir al adversario sino acabar con los pueblos indígenas, pero que el compromiso de sus pueblos no está ni con las armas ni con la muerte del otro como recurso para lograr lo que se quiere.
Los indígenas no deben aflojar un centímetro de tierra en su lucha por la defensa del territorio...
Aunque abandonó su tradicional ruana que lo identifica como indígena paéz, no abandonó la también tradicional contundencia de estos pueblos para desentrañar los aspectos fundamentales de sus contradicciones con la visión monocultural y anticonstitucional del gobierno, a la hora de analizar los problemas del desarrollo y la democracia, en el contexto de las nuevas realidades multiculturales.
Piñacué recogió de manera comprensiva, analítica, filosófica y política los principales aspectos que enmarcan hoy la situación de los pueblos indígenas en Colombia en los distintos lugares del país, desde el sur de Nariño, hasta Caldas, Cauca, Chocó, Antioquia y otros tantos pueblos donde la armonía y la paz desaparecieron hace muchos años como consecuencia de la acción u omisión del Estado, ya por sus erráticas políticas asimiladoras, integradoras o discriminatorias, que han permitido que los actores armados legales e ilegales generen violencias contra los pueblos indígenas y especialmente contra las mujeres.
¡Necesito al Ministro del Interior aquí, pronunciándose!, dijo Piñacué con vehemencia.
Sí hay una política, dice el gobierno
La Viceministra Viviana Manrique Zuluaga fustigó a los representantes indígenas y defendió la gestión del Ministro Valencia Cosio, de quien dijo ha "liderado" el proceso con los pueblos indígenas.
La funcionaria hizo aclaraciones sobre lo dicho por los senadores indígenas y tras calificar como "aterradora" la situación de los Awá, señaló que sí ha habido una política y que las acciones han sido contundentes, que se han hecho reuniones, compromisos y acompañamientos, "que ustedes bien conocen" porque han partido de propuestas de consultores escogidos y contratados por ustedes, y que ustedes no han permitido desarrollar."
El balance y otras opiniones
Según Parmenio Cuellar, Senador del Polo Democrático Alternativo, los senadores indígenas hicieron una radiografía descarnada de lo que está aconteciendo con los pueblos indígenas, especialmente en el departamento de Nariño. "Sorprendente que esto pase en el gobierno de la seguridad democrática".
Señaló el total abandono del gobierno nacional y dijo que si no es por la Corte constitucional, este problema seguiría invisibilizado y que el Estado colombiano ha involucrado a las comunidades indígenas en el conflicto armado, que el gobierno dice una cosa aquí y otra afuera.
Otros senadores exigieron del gobierno reconocer la gravedad de la situación de orden público en el sur del país, y en especial en los territorios indígenas afectados por las múltiples violencias que ésta origina.
Estas opiniones contrastaron con las expresadas por los defensores del gobierno. La senadora Elsa Gladys Cifuentes, quien se auto proclamó como la mayor uribista, dijo que los pueblos indígenas debieran ser los mayores aliados del gobierno y "no mandar imágenes tan negativas al país y a la comunidad internacional", al tiempo que sugirió que los principales responsables de las situaciones de pobreza y desnutrición eran las propias autoridades indígenas que presuntamente hacen un mal manejo de los recursos de transferencias de la nación.
A lo dicho, los representantes indígenas ripostaron. Ramiro Estacio señaló que mostrar la realidad no es querer mostrar a los colombianos una imagen negativa, que lo denunciado por ellos lo ratifican la corte constitucional en sus jurisprudencias y los organismo internacionales como Naciones Unidas. Dijo que "los pueblos indígenas podemos mostrar muchas cosas buenas en otros debates, pero en éste vemos muchas tareas por adelantar tanto los pueblos indígenas como el gobierno".
Estacio manifestó su inconformidad con la inasistencia de los ministros, citados con varios meses de anticipación, y exigió de la Procuraduría imponer sanciones a los funcionarios que no cumplieron sus obligaciones de informar como les fue requerido.
Por su parte, a las 12 de la noche, el también senador Jesús Piñacué planteó la necesidad de políticas públicas coherentes, de una democracia multicultural y un nuevo rol del Estado como protector y garante de los derechos de los sectores en desventaja, de una nueva relación basada en el mutuo respeto, en igualdad de condiciones y de interculturalidad.
Pidió adecuar todas las condiciones para que la diversidad del país se refleje en los aspectos prácticos y en una política de información para los pueblos indígenas, en la reorganización de las políticas del Estado y sus presupuestos en beneficio de las comunidades más pobres. Finalmente, frente a las nocivas sugerencias de la senadora Cifuentes, dijo que los recursos indígenas los administran los alcaldes no los indígenas.
Para cerrar, la Senadora Dayra Galvis Méndez propuso crear una unidad compuesta por la fiscalía y la procuraduría para que en el término de dos meses rindan un informe sobre los resultados de las investigaciones para esclarecer los delitos cometidos contra el pueblo Awá.
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