El Gobierno colombiano dijo que "ha manifestado de manera permanente y notoria su disposición al diálogo y la concertación con las organizaciones, pueblos y autoridades indígenas" y puso como ejemplo la recuperación de los espacios de interlocución que ha logrado con ellos el Ministro del Interior y de Justicia.
El Gobierno respondió así a las afirmaciones que hicieron delegados de comunidades indígenas en la reunión del Consejo Contra la Discriminación Racial de la organización de Naciones Unidas.
"En ningún momento se ha criminalizado a los pueblos indígenas por parte del Gobierno Nacional y de hecho, no cursa una sola investigación contra pueblo indígena alguno", dijo en una declaración pública el Ministro del Interior y de Justicia.
El texto de la declaración del Gobierno es el siguiente:
En relación con las declaraciones de representantes indígenas, en el marco de la sesión anual del Consejo Contra la Discriminación Racial de la organización de Naciones Unidas, el Gobierno Nacional se permite aclarar que :
La clara división de poderes en la estructura del Estado colombiano, fija responsabilidades en materia de investigación al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y a la Fiscalía General de la Nación para la apertura de procesos penales. Ambos organismos actúan con independencia y autonomía y por lo tanto le corresponde a ellos y no al Gobierno Nacional explicar la situación particular de asuntos como la investigación por los 64 asesinatos de indígenas.
En ningún momento se ha criminalizado a los pueblos indígenas por parte del Gobierno Nacional y de hecho, no cursa una sola investigación contra pueblo indígena alguno.
El Gobierno manifiesta de manera permanente y notoria su disposición al diálogo y la concertación con las organizaciones, pueblos y autoridades indígenas y lo reitera de manera pública. La prueba de ello es la recuperación de los espacios de concertación por el Ministerio del Interior y de Justicia este año, interrumpidos desde el 2007 y 2008, ha sesionado naturalmente y en reiteradas oportunidades, la Mesa Permanente de Concertación Indígena, la Mesa Nacional de Derechos Humanos para pueblos Indígenas y la Comisión temática del Auto 004.
El hecho que no se presenten masacres es una muestra clara de los logros de la política de Seguridad Democrática. No se puede desconocer que desafortunadamente hay asesinatos de colombianos, indistintamente de su condición racial, lo que es prueba irrefutable de que esta política debe continuar.
En Colombia persisten en su acción criminal grupos de terroristas, narcotraficantes y organizaciones delincuenciales que, con tenebrosos propósitos para sus ilícitos negocios, atentan contra los derechos humanos de todos los estamentos de la sociedad colombiana. Por ello hemos reprochado y condenado en reiteradas ocasiones los hechos de violencia contra nuestros pueblos indígenas a tal punto que lo hemos considerado como "la muerte de nuestra cultura ancestral".
El Gobierno seguirá adelantando la Política de Seguridad Democrática para poder combatir estos flagelos, para poder garantizar la vida, libertad, integridad y demás derechos de los ciudadanos Colombianos.
El Ministerio del Interior y de Justicia seguirá trabajando con especial interés en la implementación del Auto 004 de la Corte Constitucional del año 2009 conforme a lo acordado con las organizaciones indígenas del país, se consultará a partir del mes de septiembre el programa nacional de garantías y se diseñarán 34 planes de salvaguarda para los pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento. Ya hemos iniciado el proceso con el pueblo Totoró, Yanacona y Awa, próximamente con los Pijaos y Kofanes, por voluntad de cada uno de los pueblos.
Los pueblos están integrados por comunidades, por ende para ambos casos se entiende el respeto por la Consulta Previa. Colombia fue promotor del convenio 169 de la OIT y lo ratificó por medio de la ley 21 de 1993 y desde entonces viene aplicándola. Además el Gobierno Uribe ha buscado permanentemente la garantía de la consulta, de allí que se ha anunciado que con el acompañamiento de la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas en Colombia se llevará a cabo la consulta de un proyecto de ley que regulará la Consulta Previa desde su definición, competencia, etapas y temáticas hasta sus tipologías, con el fin de garantizar no sólo este derecho fundamental sino el desarrollo del país. Hecho que resaltó el Relator de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas James Anaya en su reciente visita.
Es importante traer para el análisis, que a pesar de la voluntad del Gobierno Nacional de realizar las consultas en algunas ocasiones las organizaciones indígenas bloquean los procesos, particularmente de las leyes, utilizando como estrategia no participar de la misma, lo cual es a todas luces contrario al espíritu y esencia de este derecho.
Colombia ha reconocido un 30% de su territorio nacional a los indígenas bajo la figura de resguardo, por lo que no es exacto decir que se les quiera arrebatar su territorio; y si bien hay explotación de los recursos naturales, dicha explotación hecha en debida forma, es apenas un supuesto lógico para la vida y desarrollo de los pueblos. Así mismo, el Gobierno Uribe ha sido el único en recuperar más de 2000 compromisos desde finales de los años 80's con los pueblos indígenas que hasta el 2009 se han evaluado y analizado, igualmente se ha cumplido con las 15.163 hectáreas que corresponden a la Masacre del Nilo en un 85%, se han realizado acuerdos con el de Aico-Guambia para garantizar territorios, lo que permite afirmar que este Gobierno si cumple con los acuerdos y compromisos en pro de garantizar la tierra para nuestros pueblos indígenas.
El Gobierno Nacional ve con extrañeza las afirmaciones de la ONIC frente al trabajo que se ha llevado a cabo con los Pueblos Indígenas del país, dado que esta Organización ha participado activamente en el proceso del Auto 004, ha estado representada en la mesa permanente de concertación indígena y la mesa nacional de derechos humanos para los pueblos indígenas y ha acordado cada uno de los elementos del Auto, no entendemos como se intentan desconocer los avances visibles en las relaciones entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas a través de una fluida interlocución.
Ministro del Interior y de Justicia
Fabio Valencia Cossio
Bogotá, 16 de agosto de 2009
