Organizaciones de derechos humanos como la Oficina en Washington para Asuntos de Latinoamérica (WOLA), AFRODES USA y TransAfrica Forum quienes forman parte de la Red de Defensa en Solidaridad con las Comunidades de Base Afro-Colombianas (NASGACC), entre otras, se han reunido en varias ocasiones con diferentes entidades del gobierno de los EE.UU. para resaltar sus preocupaciones sobre como el TLC impactara los derechos territoriales de las comunidades Afro-Colombianas e indígenas.
Por otro lado, el Gobierno Colombiano ha impulsado una agresiva campaña de publicidad que promueve que en Colombia la situación de derechos humanos y humanitaria en Colombia se esta superando y de esa manera lograr que el gobierno de los EEUU ratifique el TLC. Por esa razón en Junio de este año el presidente Uribe visito la capital de los EEUU para dialogar con el Presidente Obama. Durante esta reunión de mandatarios, el Presidente Obama expreso su preocupación sobre la situación de derechos humanos en Colombia y su desacuerdo con ciertas acciones del gobierno del presidente Uribe en relación con la protección de los derechos humanos. El presidente Obama declaro que Colombia tiene que demostrar más avances en el campo de derechos humanos antes que EEUU pueda ratificar el TLC. A pedido de la Administración de Obama, oficiales de la oficina del Representante de Comercio de los EEUU (USTR) solicitaron una reunión con varios grupos de la sociedad civil donde participaron varios miembros de AFRODES USA y AFRODES Colombia. Después de esa reunión el USTR pidió que los grupos presente en la reunión entreguen sus comentarios e sugerencias sobre el TLC con Colombia.
Bajo este contexto, el 15 de Septiembre WOLA y NASGACC entregaron un documento al USTR donde reiteran sus preocupaciones y recomendaciones al gobierno estadounidense sobre las preocupaciones que tienen acerca del TLC y los derechos laborales, derechos humanos y territoriales de los grupos étnicos. El documento de NASGACC incluye un resumen de la histórica discriminación, violencia y desplazamiento interno relacionado al conflicto interno armado que están sufriendo las comunidades afrocolombianas y la falta de respuesta real de las autoridades Colombianas para proteger esta población e implementar los derechos constitucionales de esta población. Segundo, el documento detalla el efecto negativo que han tenido los mega-proyectos económicos de desarrollo inclusive proyectos de monocultivos como la palma aceitera que han sido implementados en muchos casos sin aplicar el derecho de la consulta previa y/o por métodos fraudulentos o violentos y la inexistencia de provisiones o mecanismos en el TLC que garanticen que este tipo de actividad ilegal no continuara o aumentara con la aplicación del acuerdo.
El documento incluye copias de cartas que los grupos afrocolombianos de base y consejos comunitarios han enviado al Presidente Obama acerca de sus preocupaciones sobre el TLC y un listado de amenazas, violaciones, esfuerzos de limpieza social en áreas con presencia afrodescendiente e asesinatos cometidos por parte de grupos paramilitares cometidos en el año 2009. A continuación un breve resumen de estos argumentos y las recomendaciones que miembros de NASGACC enviaron al USTR.
Históricamente, proyectos económicos de desarrollo sin la aplicación de la consulta previa en tierras afro-colombianas e indígenas han significado violencia, coerción, y desplazamiento interno para miembros de estas comunidades. Desde el 1985 se ha experimentado en Colombia una situación grave y de crisis para muchas comunidades indígenas y afro-colombianas. Algunos grupos étnicos han desaparecido y las cifras de desplazamiento interno han aumentado debido a las acciones indiscriminadas de guerra y violencia perpetradas entre guerrillas, fuerzas armadas, grupos paramilitares. Hoy en día, miembros de comunidades étnicas corren un gran riesgo de vulneración de sus derechos individuales y colectivos ya que los recursos naturales en los territorios tradicionales donde ellos habitan tienen un valor alto para intereses económicos y control territorial de parte de actores armados y narco-traficantes.
Aun que la retórica del gobierno colombiano en los EEUU y de quienes han venido a los EEUU para promover la política del Estado indica que se esta atendiendo la situación grave de los afrocolombianos y consultando con ellos, en realidad en los territorios afrocolombianos no se ve una voluntad política de realmente proteger a las comunidades afro-colombianas e indígenas. Adicionalmente, uno de los factores que han limitado los procesos de consulta, tiene que ver con la baja seriedad del gobierno para asignar recursos a los procesos que precisamente buscan facilitar la participación.
Las autoridades Colombianas han impulsado varios esfuerzos legislativos como la ley forestal y estatuto rural que disminuyen los derechos territoriales de los grupos étnicos. Adicionalmente, varios casos enviados a los EEUU por activistas afrodescendientes, consejos comunitarios y sus redes como COCOCAUCA, AFRODES, PCN y otros indican que el estado no esta tomando los pasos adecuados para proteger estas comunidades de vulneración de sus derechos o atendiendo sus necesidades de forma adecuada cuando ellos se desplazan. Lo mismo ha sido el caso con documentos recibidos por ONIC, ACIN, CRIC y miembros de comunidades indígenas.
En enero 2009, la Corte Constitucional de Colombia ordeno que el gobierno colombiano adopte medidas de emergencia que protejan a 34 de los 102 grupos indígenas del país. A pesar de esto, en Agosto 2009, 12 indígenas del grupo étnico Awá fueron masacrados por miembros de un grupo armado en el departamento de Nariño. Esta situación es grave ya que el TLC drásticamente incrementaría las tensiones que ya existen entre industriales e grupos armados acerca de territorios afro-colombianos e indígenas quienes son de un gran valor económico.
Desde que se negocio el TLC en el 2006, la violencia e injusticias contra los grupos étnicos se han incrementado. La evidencia demuestra que las violaciones son más evidentes en comunidades adjuntas a proyectos económicos de gran escala, los tipos de proyectos que se beneficiaran por el TLC.
Es más, activistas étnicos que se han pronunciado en contra del TLC han sido víctimas de múltiples amenazas. En el 2008, la Organización Nacional de Indígenas en Colombia (ONIC) aseguro que treinta y dos grupos indígenas están en peligro de desaparición. Además, en lo que va del 2009 se han documentado 60 asesinatos políticos de indígenas. En el caso de afro-colombianos, WOLA ha recibido unos ocho casos de asesinatos de líderes y un aumento de casos de amenazas contra líderes de estas comunidades. En mucho de estos casos se ve un interés económico detrás de las tierras que estos líderes están defendiendo. Según CODHES, 13,500 nuevos indígenas fueron desplazados en el 2008. La preocupación de NASGACC es que estas estadísticas se incrementaran si es que se ratifica el TLC en este momento y no se toman pasos para proteger los derechos colectivos de los grupos étnicos.
NASGACC argumenta que USTR tiene que considerar las violaciones de derechos laborales que afectan los trabajadores afrocolombianos quienes forman parte de sindicatos como SINTRAMARITIMO en Buenaventura y ellos quienes son empleados por el modelo de “asociativas cooperativas.” Entre el 1994 y 2008, 31 personas han sido asesinadas quienes trabajan en el Puerto de Buenaventura y estos casos están en impunidad. Mismo que se han hecho esfuerzos de organizar trabajadores en el puerto, solamente menos de la mitad de unos 6,000 trabajadores han formado parte de un sindicato. Las razones incluyen que lideres de sindicatos y sus miembros muchas veces reciben amenazas a sus vidas, son discriminados y atacados. En el caso de corteros de caña de azúcar, el modelo de asociativas cooperativas ha sido muy problemático para muchos trabajadores y se estima que personas empleadas en la industria de caña con este modelo reciben 45% menos de renumeración que personas que estarían empleadas directamente por las compañías porque sus salarios están fijados a cuanta caña de azúcar produce. USTR también debe considerar que la sistemática discriminación racial, exclusión e marginalización de una gran parte del pueblo afrocolombiano ha llevado a que el acceso al mercado laboral no es igual a otros colombianos en el país. En muchos casos afrodescendientes son sub-empleados, trabajan independientemente o en el sector informal y reciben sueldos tres veces mas bajos que el sueldo promedio al nivel nacional. Mismo que hay afrocolombianos que tienen la educación y habilidades para trabajar en el gobierno y compañías nacionales e internacionales, se ven menos representados en esos sectores.
El gobierno Colombiano ha promovido grandes proyectos de desarrollo y algunos de estos proyectos han infringido los derechos constitucionales de los afro-colombianos e indígenas así como han incrementado la violencia y desplazamiento en esas comunidades. Por ejemplo, el gobierno colombiano le dio una concesión a la compañía
Minera, Anglo Gold Ashanti, para que mine un territorio del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA) sin seguir un proceso de previa consulta. Así mismo, el gobierno ha favorecido e promovido internacionalmente la industria de aceite de palma africana y propone que para el 2020 haya siete millones de hectáreas produciendo dicho producto. La palma africana es un monocultivo y por lo tanto tiene repercusiones negativas en el medio ambiente y la seguridad alimenticia de las comunidades rurales. Las plantaciones de palma africana ya se han esparcido a través de territorios ancestrales de afro-colombianos e indígenas y causado problemas para ellas.
Además de incrementar tensiones, el TLC no provee garantías que respeten los derechos promulgados en la Constitución Colombiana de 1991. Al contrario, los términos de inversión del TLC impedirán la protección de los derechos de consultación previa y protección ya que desproporcionadamente favorece a las grandes empresas. En términos de propiedad intelectual, tampoco hay provisiones que garanticen la protección y respeto a los conocimientos y tradiciones indígenas y afro-colombianas. En términos económicos, el TLC no incluye los planes de desarrollo elaborados por consejos comunitarios y lideres tradicionales para mejorar las condiciones de afro-colombianos o
indígenas. Es necesario tomar en consideración que productores afro-colombianos e indígenas carecen de un adecuado sistema de irrigación, una infraestructura de transportación, o acceso a crédito. Por lo tanto, dependen exclusivamente del mercado local para vender sus productos pero no podrían competir contra productos de los EEUUU, especialmente por que son altamente subsidiados por el gobierno estadounidense. Si se ratifica el TLC, entonces los pequeños productores afro-colombianos e indígenas no podrán vender sus productos.
WOLA y NASGACC recomiendan que el TLC sea revisado y renegociado. En particular se debería cambiar los capítulos del TLC que se refieren a inversiones, propiedad intelectual, y el medio ambiente para garantizar procesos de previa consulta. Además, la negociación debería incluir a las comunidades para que aporten sus ideas y para que los nuevos capítulos reflejen los deseos de desarrollo económico de las comunidades afro-colombianas e indígenas. El TLC también deberá incluir apoyo para el Plan a Largo Plazo de Desarrollo Integral de la Poblaciones Afro-Colombianas de Raizal y Palenque. Dicho proyecto deberá seguir un proceso de consulta previa así como requerirá entrenar afrocolombianos para que puedan aportar asistencia técnica a los proyectos.
Aunque se revise y renegocie un nuevo TLC, no se podrá ratificar acuerdo alguno antes de que se vean verdaderos mejoramientos en la situación de derechos humanos de las comunidades afro-colombianas e indígenas y un desmantelamiento total de redes paramilitares y sus vínculos con políticos quienes representan zonas del país donde hay erritorios afrocolombianos e indígenas. Para que EEUU considere el TLC, el gobierno colombiano deberá implementar y respetar la Constitución de 1991, la Ley 70 de 1993, y la Orden 005 de la Corte Constitucional que estipulan el derecho a la previa consulta y utonomía de las comunidades afro-colombianas e indígenas sobre sus territorios ancestrales y el desarrollo económico de las mismas.
El gobierno Colombiano tendría que primero devolver todas las tierras violentamente y ilegalmente usurpadas por grupos armados a consejos comunitarios e cabildos además de proveer reparaciones y compensación para las victimas del desplazamiento interno, violencia y el conflicto armado. Así mismo, las debería implementar medidas de protección efectivas que no son de carácter militar para prevenir nueva violencia y desplazamiento interno de afro-colombianos e indígenas. WOLA recomienda que se revoque las licencias a compañías que están operando ilegalmente en territorios indígenas e afrocolombianos. Así mismo, serecomienda que se juzgara y sentencie a todos los políticos que las Cortes encuentren que tengan vínculos con grupos paramilitares.
Si desean leer los comentarios presentados por NASGACC y WOLA al USTR favor vayan al sitio web de WOLA www.wola.org
