En la cumbre d
e la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, que se llevó a cabo en Quito, Ecuador, el pasado 10 de agosto, se reactivaron las alarmas frente al tema de la posible presencia de bases militares de Estados Unidos en América Latina. Allí se especuló sobre el acuerdo en marcha que existe entre Colombia y Estados Unidos, de permitir que tropas americanas usen bases colombianas para sus operaciones.
La situación causó revuelo entre los presidentes que conforman la Unasur. Por esta razón, se dieron cita en una cumbre extraordinaria el 28 de agosto en Bariloche, Argentina, donde se discutió de manera exclusiva el tema.
Cuando se creía diluido el convenio entre Latinoamérica y Estados Unidos, en vista de la decisión de Rafael Correa, presidente de Ecuador, de no darle larga a los diez años durante los que estuvieron las bases militares americanas en Manta, ciudad del oeste ecuatoriano; ahora parece que Colombia es el blanco de la tierra del tío Sam para seguir presente en el Comando Sur. ¿Qué implicaría esto para Colombia y demás países de Latinoamérica?
Una línea que se retoma
El Plan Colombia firmado en el año 1999 entre Estados Unidos y Colombia, bajo los gobiernos de Bill Clinton y Andrés Pastrana, ha pretendido desde entonces el apoyo del país del norte a los colombianos, con el fin de disminuir el tráfico de estupefacientes y el conflicto armado. Hoy, diez años después, Álvaro Uribe, actual presidente de Colombia, señala que las Farc están casi que aniquiladas.
Ante el señalamiento de Uribe Vélez, algunos colombianos se cuestionan para qué se hace necesario incrementar la presencia militar estadounidense. Esto, tras conocerse finalmente que el gobierno colombiano aceptó la instalación de siete bases militares estadounidenses en su territorio. La base principal sería la de Palanquero, ubicada en Puerto Salgar (Cundinamarca). A ésta se sumarían la de Malambo, en Atlántico; Apiay, en Meta; Larandia, en Caquetá y las bases navales de Cartagena y bahía Málaga, en el Pacífico.
De acuerdo con la versión gubernamental, estas bases no serían estadounidenses porque serían controladas por el Estado y el ejército Colombiano. Su fin sería servir como instalaciones para el tránsito aéreo y mantenimiento de naves. La intervención directa sólo se daría en casos extremos.
Sin embargo, los mandatarios de los demás países suramericanos temen que Estados Unidos aproveche su vínculo en Colombia para ensañarse con otros recursos como el petróleo venezolano, el gas de Bolivia, las aguas de Paraguay y los recursos naturales amazónicos de Brasil.
De acuerdo con declaraciones del ex ministro de Defensa de Colombia, Rafael Pardo, a una cadena radial, “disponer de las siete bases es un gran error, pues el propósito de una base militar de un tercer país en otro país es proyectar una fuerza militar hacia terceros países. De esta manera, si Colombia permite usar su territorio para que Estados Unidos pueda proyectar una capacidad militar, de vigilancia e inteligencia hacia América del sur, sería un error en vista de la necesidad de Colombia de tener buenas relaciones con los demás países de Suramérica”.
A esta voz se suman líderes e integrantes de comunidades indígenas, quienes no apoyan la aprobación de las siete bases, debido a que algunas de éstas están ubicadas en zonas o regiones donde se encuentran asentadas comunidades indígenas o descendientes de africanos. Así lo explicó Luis Evelis Andrade Casama, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, para quien esto sería dar un paso atrás en la historia, cuando Estados Unidos tenía el control de los territorios de Latinoamérica.
Luis Evelis Andrade considera que, aunque se dice que las bases sólo tendrían impacto dentro de Colombia, la tecnología y aeronaves que se dispondrían, sobrepasarían las fronteras, por lo que se podrían desencadenar acciones de espionaje hacia otras naciones. Por su parte, Berua Tegría, vocero de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, Asouwa, advierte que para los que viven en las fronteras es dañar las relaciones con los países vecinos, con los que existe relación económica.
Una realidad que les preocupa
El padre Antonio Bonanomi, defensor de indígenas, señala que la presencia de bases militares en Colombia implicaría dos problemas. Primero, la pérdida de autonomía para el país, y segundo, la desarmonía a nivel continental. Ya no se podría hablar de unidad suramericana.
“El país entero se afecta y como los indios son parte de este país, pues también sufren las consecuencias y, además, como ellos están más que otros en medio del conflicto armado. Para ellos las consecuencias serán más duras todavía, porque esto va a fortalecer seguramente el conflicto armado”, dice Bonanomi.
A esta voz se suma Juvenal Arrieta, indígena Embera, asesor de la Onic. Él dice que la justificación para la implementación militar extranjera es el de combatir la subversión, sin embargo, considera que detrás de esa figura existe un interés de mantener control territorial e implementar políticas económicas. Eso les preocupa como indígenas.
“Uno tiene que interpretar la seguridad democrática como las bases gringas, las cuales la mayoría estarán relacionadas con territorios indígenas. Y tienen que ver con lo que llaman La confianza inversionista para la extracción de los recursos naturales de los territorios, también de indígenas y negros”, puntualiza Juvenal Arrieta.
