"El desencuentro con el gobierno nacional radica en su “cosmovisión como pueblos originarios, que entra en contradicción con las ambiciones de un modelo de desarrollo impuesto, que ve a la tierra solamente como un recurso para ser explotado”.
Más de quinientos líderes indígenas de Colombia, pertenecientes a las organizaciones ONIC, AICO, ATI y OPIAC, se reunieron en el Cabildo de Escobar Arriba, Departamento de Sucre -territorio ancestral indígena del pueblo Zenú-, para analizar “a profundidad la situación actual de los pueblos y organizaciones indígenas del país, las graves violaciones a nuestros derechos como pueblos, el grave riesgo de exterminio físico y cultural que sufren nuestras comunidades así como el relacionamiento y actitud de diálogo que hemos tenido con el gobierno nacional”, según se expresa en un comunicado hecho público este 13 de febrero.
En el documento, los indígenas enfatizan que el desencuentro con el gobierno nacional radica en su “cosmovisión como pueblos originarios, que entra en contradicción con las ambiciones de un modelo de desarrollo impuesto, que ve a la tierra solamente como un recurso para ser explotado”. Agregan que “para los pueblos indígenas el desarrollo es parte de la vida, del buen vivir, de la protección de nuestra madre tierra incluyendo sus recursos naturales, lo que está debajo del suelo, sobre el suelo y encima de él. Nuestra visión de desarrollo nos permite pensar en las futuras generaciones, indígenas y no indígenas, y en la protección de nuestro planeta. No se puede anteponer en abstracto el interés mayoritario que se tenga del “desarrollo” o del “progreso”, frente a visiones distintas de desarrollo, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia T – 129 de 2011”, razones por las cuales solicitarán a la Corte una audiencia para exponer sus puntos de vista, a la vez que exhortan al organismo “a no ceder ante las presiones gubernamentales y a seguir protegiendo la diversidad étnica y cultural del Estado colombiano”.
En el comunicado también se rechaza la campaña mediática realizada por el gobierno a través de diferentes medios de comunicación, que buscan generar en la opinión pública la idea de que los procesos de consulta previa que debe realizar el gobierno cada vez que se realicen proyectos que impacten a las comunidades étnicas, son los causantes del freno a las “locomotoras” de desarrollo que impulsa el gobierno del presidente Santos.
Para los indígenas, los atrasos en la agenda legislativa son responsabilidad del gobierno nacional y no de los grupos étnicos, pues es el gobierno quien desconoce el derecho fundamental a la Consulta Previa, observándolo como un simple trámite administrativo, requisito o formalismo y no como un derecho fundamental que garantiza la participación y los derechos de las étnias.
Los indígenas agregan que las recientes declaraciones de varios de los ministros del actual gobierno, solo sirven para generar reacciones de discriminación, xenofobia y hostilidad en algunos sectores de la población colombiana, por lo que responsabilizan al gobierno por las consecuencias que en materia de seguridad puedan derivarse para sus miembros.
Por último, los indígenas señalan los costos de las consultas son ínfimos si los comparamos con las ganancias económicas que se generan con los procesos de exploración y explotación de recursos naturales, que se llevan a cabo en territorios indígenas, los cuales son billonarios y benefician generalmente a las compañías multinacionales generando empobrecimiento de nuestros pueblos
indígenas, comunidades campesinas, afros y la sociedad en su conjunto.
Aclaran que no renuncian al derecho fundamental de la Consulta Previa, estando de acuerdo en que se requiere clarificar una ruta metodológica o protocolo para la realización de los procesos de consulta previa tanto a medidas legislativas como a obras, proyectos o actividades en sus territorios, sin que esto implique limitar el alcance del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
Para zanjar las diferencias, los indígenas convocan a los ministros del Interior, Ambiente, Transporte, Minas y Energía y Agricultura a la próxima Mesa Nacional de Concertación a realizarse los días 15 y 16 de febrero de 2013, para que frente a las autoridades indígenas del país y de cara al pueblo colombiano, expliquen cuáles son los chantajes y abusos a que hacen referencia y de paso expliquen del incumplimiento de los 96 acuerdos pactados con los Pueblos Indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo.
